La jueza argentina María Servini de Cubría llegó el 18 de mayo a Madrid para investigar los crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo, iniciativa que Amnistía Internacional califica de «hecho histórico en la lucha contra impunidad en España».
Se trata de la única investigación abierta en todo el mundo por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante este período y Amnistía Internacional espera que España no obstaculice esta vez la visita de la jueza y, en caso de que se requiera, colabore adecuadamente con la investigación llevada a cabo en Argentina, en virtud del principio de jurisdicción universal.
“Esta investigación de la justicia argentina además pone en evidencia la actuación de los sucesivos gobiernos españoles de la democracia. Después de 40 años, las víctimas de la guerra civil y el franquismo no han conseguido verdad, justicia ni reparación en España”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
“La reforma de la jurisdicción universal impulsada por el Grupo Parlamentario Popular es un freno a iniciativas como esta”, concluye Beltrán.
Para Amnistía Internacional, las autoridades españolas han demostrado falta de voluntad política para que estos crímenes de derecho internacional se investiguen. El Poder Judicial deniega investigar y archiva sistemáticamente las denuncias de las víctimas; la Fiscalía no colabora con las peticiones de auxilio judicial internacional de Argentina al no transmitir la información solicitada afirmando, sin ser cierto, que España está investigando, y asegurando que tiene jurisdicción preferente para hacerlo.
El Poder Legislativo no sólo es reacio a ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, sino que además ha confirmado la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977. Y recientemente la Audiencia nacional deniega la extradición de dos presuntos torturadores en incumplimiento del derecho internacional.
El gobierno ya ha obstaculizado las declaraciones de víctimas. En mayo de 2013 la jueza argentina quiso tomar declaraciones testimoniales a través de videoconferencia a víctimas de tortura, pero las suspendió después de que el embajador argentino en Madrid le informara de la recepción de una nota verbal del ministerio de Asuntos Exteriores español «manifestando el descontento y malestar que causaba a las autoridades de ese país» la forma de recabar esos testimonios.
Amnistía Internacional expresó entonces y reitera ahora que España está obligada a investigar estos crímenes, a colaborar y, en su caso, a no obstaculizar el trabajo de investigación de la justicia argentina de dichos crímenes, con el objetivo de garantizar los derechos de las víctimas.
La jueza argentina Servini de Cubría investiga la querella interpuesta por familiares de víctimas del franquismo en 2010 por crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977.
El pasado 18 de septiembre de 2013 la justicia argentina ordenó, a fines de su extradición, la detención de Jesús Muñecas Aguilar y José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, exagentes de las fuerzas de seguridad franquistas, sospechosos de haber cometido tortura.
Hace un mes la Audiencia Nacional rechazó la extradición a Argentina de estos presuntos torturadores por considerar, entre otros argumentos, que el delito había prescrito. Según Amnistía Internacional, esta interpretación es contraria al derecho internacional. España, al igual que todos los Estados, tiene la obligación de enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes de derecho internacional y de cooperar, en su caso, con la justicia de otros países en su identificación, detención, extradición y castigo.
Según información recibida por la organización, la jueza Servini de Cubría tiene previsto viajar a Bilbao, Málaga y Madrid para entrevistarse con víctimas de graves crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo, así como visitar fosas donde están enterrrados cadáveres de víctimas de desaparición forzada y acceder a los archivos que documentan este período de la historia de España.
Amnistía Internacional ha documentado extensamente y expresado de manera reiterada su preocupación por la ausencia de investigación de la justicia española de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
La organización tiene en marcha una ciberacción desde septiembre de 2013 a través de su centro de activismo en Internet, www.actuaconamnistia.org, en la que pide al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que extradite a los acusados de cometer torturas durante el franquismo. Más de 100.000 personas apoyan esta petición.
