El relator especial de la ONU sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes[1], ha constatado que, pese a los avances desde 1977 cuando se recuperó la democracia en España, el nivel de discriminación contra la población gitana sigue siendo motivo de preocupación, sobre todo la segregación en las escuelas.
El relator también señala que la Ley de Seguridad Ciudadana ha tenido el efecto perverso de que las minorías presenten menos denuncias.
“el Grupo observó que las disposiciones de la Ley de Seguridad de los Ciudadanos que imponen multas elevadas por filmar a los agentes del orden público y revertir la carga de la prueba han tenido el efecto perverso de que las minorías no denuncien todos los actos discriminatorios cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, o que no se investigue ni se juzgue a los autores de delitos contra las minorías, en particular contra los afrodescendientes”.
Además, señala que España no recopila sistemáticamente datos desagregados sobre las lenguas, las culturas o la religión de su población que serían necesarios para diseñar políticas y programas mejor orientados y más efectivos.
“Minorías como la formada por la comunidad gitana, las personas de ascendencia africana, los migrantes y las minorías religiosas, como los musulmanes, suelen ser los principales objetivos y las víctimas de la intolerancia”, destaca el relator, que también menciona “un número cada vez mayor de incidentes relacionados con miembros de la minoría catalana” en un apartado dedicado al racismo, la xenofobia y el discurso del odio.
Por ejemplo, recuerda que “aunque esté prohibido el uso de perfiles raciales y, a pesar de que se han tomado medidas dignas de elogio para eliminar el perfil étnico, particularmente en la capacitación de la Policía Nacional, es necesario abordar de manera más efectiva y específica este fenómeno, cualificado como endémico en el reciente informe de 2018 del Grupo de Trabajo de expertos en personas afrodescendientes sobre su misión a España”.
El relator considera que ”se necesitan más esfuerzos para combatir todas las formas de racismo, xenofobia e intolerancia”, y “debería ser una prioridad que los presuntos casos de discurso de odio cometidos en internet y en los medios sean investigados, procesados y sancionados con mayor eficacia”.
Minoría gitana
De la minoría romaní señala en concreto que “todavía hay demasiados gitanos que sufren agravios socioeconómicos significativos e incluso exclusión, así como discriminación y prejuicios en áreas como la educación, la vivienda y el empleo”.
“Fue, por ejemplo, desconcertante escuchar que, en el área más importante de actividad económica de los gitanos, el comercio ambulante, la regulación varía de una localidad a otra, y puede estar sujeta a actuaciones caprichosas, a menudo arbitrarias y desdeñosas, e incluso discriminatorias”, resalta la declaración.
Por todo ello, el relator insta “a que los programas para promover la igualdad plena y efectiva de los gitanos se diseñen y monitoreen de manera efectiva, en consulta con los representantes de las comunidades gitanas, en lugar de ser diseñados y monitoreados en su lugar por otros”.
Con respecto a la educación, Varennes indica que, a pesar de los encomiables e incuestionables esfuerzos y avances en el campo de la educación, y el mayor índice de alfabetización en los últimos años, alrededor del 64 % de los niños gitanos aún no completan la educación secundaria obligatoria, mientras que para la población general esta cifra está entorno al 13 %.
Las tasas de abandono escolar, en particular de las niñas gitanas, son extremadamente preocupantes, al igual que el problema de la segregación de facto en las aulas y las escuelas.
“La segregación en la educación debe ser objeto de un tratamiento específico por parte de los diferentes niveles de gobierno y se debe proporcionar una educación de calidad a los niños y niñas gitanos para garantizar que realmente se les dé igualdad de oportunidades,” comentó el experto al presentar su declaración.
Minorías lingüísticas
Varennes también expresa preocupación por una supuesta brecha entre el reconocimiento de los idiomas cooficiales y el alcance de su uso real, así como la implementación de la legislación al respecto.
Señala, por ejemplo, que los jueces y los agentes de las fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional, en general no están sujetos a ningún requisito de conocimiento de los idiomas cooficiales, incluso cuando ejercen en una comunidad autónoma.
“Las minorías lingüísticas tienen derecho usar su idioma en sus interacciones con las autoridades e instituciones estatales, siempre y cuando sea razonable y justificado, según la proporción de la población que lo hable localmente, pero esto sigue sin cumplirse en algunas regiones,” explica el relator especial.
El reconocimiento oficial de la lengua de signos en 2007 refleja el progreso considerable que se ha logrado en la protección de los derechos de la comunidad de personas sordas, pero es fundamental reconocer que la lengua de signos no es meramente una herramienta, sino una lengua de pleno derecho.
Varennes también expresa su preocupación por la falta de datos desglosados sobre el origen étnico, la religión o el idioma de las personas que, enfatizó, podrían recopilarse de manera respetuosa con el derecho a la privacidad.
También recomienda que, en el campo de la educación, el Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación “reanude la recopilación de datos sobre los niveles de competencia en la adquisición de fluidez en castellano y en los idiomas cooficiales en todo el país”.
Durante su misión, que ha durado doce días, el experto se reunió con funcionarios de alto rango, tanto a nivel nacional como regional, así como con representantes de instituciones que trabajan en diversos aspectos que afectan a las minorías y la sociedad civil en la capital, Madrid, y en Andalucía, Cataluña, Euskadi y Galicia.
El relator especial presentará un informe detallado sobre su visita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en marzo de 2020.
- Fernand de Varennes fue nombrado relator especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2017. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU le encomendó la tarea de promover la aplicación de la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas, entre otras cosas.
