El Estado ecuatoriano tiene la obligación de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, recordó hoy la Oficina de ONU Derechos Humanos en América del Sur, a raíz de una amenaza de desalojar a la comunidad kichwa Tzawata Ila Chukapi de la tierra que habitan, en la provincia de Napo, informa este 24 de marzo de 2023 la Oficina Regional de ONU Derechos Humanos.
Según información recibida por ONU Derechos Humanos, existe una disputa por el reconocimiento del dominio de las tierras tradicionalmente habitadas por esta comunidad indígena, compuesta por unas cuatrocientas personas, tras ser adjudicadas a una empresa privada por decisión administrativa del Estado.
La cuestión de fondo sobre la propiedad de las tierras se encuentra pendiente de definición por parte de un tribunal del cantón Tena, proceso judicial en que la Oficina Regional participa como entidad observadora.
«Desalojar a esta comunidad indígena de la tierra en que están asentados puede causar un daño irreparable a sus derechos individuales y colectivos», alertó al respecto el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.
De acuerdo con la normativa internacional, los derechos humanos de los pueblos indígenas gozan de particular protección, tal como se reconoce en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de Pueblos Indígenas y Tribales, enfatizó Jarab.
«De ejecutarse, este desalojo forzoso afectaría a 150 familias indígenas con mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes también son sujetos de especial protección según el derecho internacional de los derechos humanos y cuyo interés superior debe ser observado en todo momento», añadió el Representante.
Recordó, además, que los pueblos indígenas tienen una fuerte conexión con el territorio que habitan, lo que está profundamente arraigado en su identidad cultural, su espiritualidad, sus modos de vida y de subsistencia.
«Llamamos al gobierno ecuatoriano a abstenerse de ejecutar cualquier acción de desalojo contra esta comunidad indígena, a fin de evitar consecuencias irreversibles sobre su bienestar y derechos, y en cumplimiento con sus obligaciones internacionales de derechos humanos», subrayó Jan Jarab.
