La política económica de Cuba resultan insuficientes para dinamizar sectores productivos y resolver la escasez de alimentos y otros bienes y servicios a precios asequibles para la ciudadanía, así como otros problemas sociales acumulados, informa Dariel Pradas (IPS) desde La Habana.
«La situación económica ha ido de mal en peor. Los precios siguen subiendo, y los salarios de los trabajadores se han quedado iguales. Cuesta el doble de trabajo conseguir los alimentos, acceder al transporte, a productos de primera necesidad», dijo a IPS la gestora de patrimonios de treinta años Chulayne Valdés.
El salario medio mensual en Cuba equivale a unos 35 dólares, el salario mínimo a 17,5 dólares y las pensiones mínimas a 12,7 dólares, teniendo como referencia la tasa oficial de 120 pesos por cada dólar.
Sin embargo, la realidad de un mercado informal de divisas, que dicta la formación de precios de muchos alimentos, bienes y servicios para satisfacer necesidades de consumo, reduce el salario medio a 14 dólares (un dólar está cotizado ahora a unos 300 pesos), el salario mínimo a 7 dólares y las pensiones más bajas, a 5,10.
Danay Vargas, de 34 años, residente en las afueras de la ciudad de Pinar del Río, en la provincia homónima ubicada en el extremo occidental de la isla, comentó a IPS que los cortes del fluido eléctrico ocurren diariamente, durante cuatro, seis y hasta ocho horas, «pero el transporte es el más complicado de los problemas» en su localidad.
La economía cubana se contrajo en 1,9 por ciento al cierre de 2023, informó Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, al presentar un informe a los diputados, reunidos en comisiones de trabajo antes de la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el unicameral parlamento, entre el 17 y el 19 de julio.
El primer semestre de 2024 se ha mantenido con un alto déficit fiscal, emisiones monetarias por encima de lo recomendable y una inflación que, si bien mantiene una tendencia a la desaceleración desde 2023, no baja de 30 por ciento interanual.
«Tenemos insuficientes ingresos en divisas, créditos externos y baja recuperación de la producción nacional. A la vez, hay limitaciones con el combustible y la energía, elevada y persistente inflación y alto endeudamiento externo», reconoció el titular de la cartera de economía.
Deterioro de la calidad de vida
Casi todos los indicadores productivos en Cuba se mantienen por debajo de lo requerido. La falta de fluido eléctrico ha sido un agobio desde hace meses para la mayoría de la población. Los productos racionados y subsidiados, esenciales para las personas en situación de vulnerabilidad, incumplen sus fechas de entrega y son cada vez menos.
La construcción de viviendas, un problema de marcada incidencia social por su déficit de 900.000 inmuebles, sigue sin concretar sus metas anuales, mientras un tercio del fondo habitacional del país se encuentra en regular o mal estado técnico constructivo.
El Estado, sin capacidad financiera para revertir tales dificultades, ha optado por recaudar mayores ingresos al eliminar varios subsidios y beneficios fiscales, así como implementar nuevos impuestos, lo que también ha provocado una mayor precarización de la calidad de vida de la población.
Entre los más vulnerables, se encuentran pensionados, familias numerosas, monoparentales y con mujeres jefas de hogar y sin trabajo estable; personas adultas mayores que viven solas y sin apoyo de otros parientes, personas que no trabajan por discapacidad o ausencia de condiciones diversas para hacerlo.
Según los informes oficiales, resultan insuficientes los más de 5900 millones de pesos (49,2 millones de dólares) que destina el presupuesto del Estado a respaldar la asistencia social en la protección a 186.707 familias, integradas por 324.140 personas.
«La situación más crítica la vemos en los niños de ocho años en adelante. No tienen las calorías que necesitan para desarrollarse con salud y felicidad», afirmó a IPS el ingeniero jubilado Eugenio Martínez, de 82 años y residente en La Habana, cuya pensión de 1622 pesos (13,5 dólares) le alcanza solo para algunos productos del agromercado y medicinas subsidiadas.
En este contexto de dificultades, sigue aumentando la emigración.
La población efectiva – la que reside permanentemente y vive dentro del país más de la mitad del año-, se había reducido al cierre de 2023 a unos diez millones de personas, por la baja natalidad y los flujos emigratorios, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).
Nuevas políticas del gobierno se avecinan en el segundo semestre de 2024 para redimensionar la economía e intentar mejorar la calidad de vida de los cubanos, como la actualización del sistema tributario y la propuesta de una ley de empresas.
«Los métodos que tratan de implementarse para tener un segundo semestre menos tenso, están cargados de utopías. No se ha presentado un plan concreto para reanimar la agricultura, sin embargo, se intenta frenar el auge de las empresas privadas que hacen un gran esfuerzo para obtener las divisas necesarias para su importación y que el Estado no las garantiza», comentó a IPS el economista Omar Everleny Pérez Villanueva.
Las reacciones en las redes muestran un similar escepticismo. El usuario Luis escribió en el portal del estatal Cubadebate, el mayor medio digital del país: «Cada día la situación de los trabajadores, jubilados, jóvenes y niños es más dura. ¿Cuándo será que nuestro gobierno haga valer todos esos comentarios que se hacen años tras años en la Asamblea Nacional? Comienzo a sentir cierta desesperación, ya no sé si lograremos salir adelante».
Las distorsiones
La Covid-19, la crisis económica internacional, las sanciones de Estados Unidos hacia esta nación insular caribeña y un infructuoso reordenamiento monetario vaciaron las arcas del Estado y los bolsillos de las personas.
Iniciada en enero de 2021, la llamada Tarea Ordenamiento incluyó la eliminación del peso convertible (CUC) equivalente al dólar, la devaluación del peso cubano, el incremento de precios mayoristas y minoristas, supresión de un conjunto de subsidios, elevación de las tarifas de los servicios, así como el aumento de salarios y pensiones.
«La unificación monetaria no fue la solución, o no fue la medida más beneficiosa para ese momento», dijo Valdés, la gestora del patrimonio.
En ese mismo año, las autoridades permitieron una apertura del sector privado que llegó a expandirse hasta las cifras actuales de 11.046 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y 596.167 trabajadores por cuenta propia.
Si bien estos actores no estatales paliaron la escasez de productos, sus precios, muchas veces especulativos, han sido inaccesibles para la mayoría de los habitantes.
Durante las sesiones parlamentarias de julio, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció nuevamente los errores cometidos en la implementación del ordenamiento y exhortó a corregir las llamadas «distorsiones» del proceso.
«Hay déficit presupuestario, evasión fiscal alta y una distorsión en los precios», afirmó.
También mencionó que la resistencia del sector privado a bancarizarse ha propiciado un exceso de efectivo circulante «en manos de muy pocos» y muchas subdeclaraciones de impuestos. «Hasta hace unos días, el 70 por ciento de las cuentas fiscales de las formas no estatales no tenía depósitos», dijo.
Por otra parte, apenas 48 por ciento de los mercados estatales se encuentran bancarizados.
El mandatario se propuso enfrentar fuertemente estas y otras tendencias: «No se trata de una cacería de brujas, se trata de ordenar», señaló.
Empresas estatales deficitarias
Otra causa que merma los fondos del Estado es la ineficiencia de las empresas estatales, consideradas las principales contribuyentes a la economía y que suman 2674 en número.
Para mantener sus cuentas en positivo, muchas optan por subir los precios de sus bienes y servicios, pero no logran aumentar en productividad o calidad. Aun así, en el primer trimestre existían 319 empresas estatales con pérdidas, 51 más que el mismo periodo de 2023. Del total, 74 pertenecen al sector agroindustrial.
«Si tienen pérdidas no están haciendo su aporte. Las empresas estatales tienen que elaborar un programa para salir de esa situación deficitaria», acotó Díaz-Canel.
El economista Pérez Villanueva opinó que el Estado debe concentrarse en cómo reducir sus gastos para disminuir el abultado déficit fiscal, entre los que se encuentra el subsidio a tales empresas.
«Si las empresas en pérdidas llevan un número de años con esa situación, se deben aceptar sus quiebras, y podrían entregarlas a los trabajadores (en una forma de organización cooperativa) u ofrecerla a cualquier mipyme, pero una empresa no es una unidad presupuestada», afirmó.
