Varias organizaciones de migrantes, refugiados y sus aliadas han denunciado el papel del Estado canadiense en los recientes éxodos de miles de personas que migran desde América central, principalmente de Honduras y Salvador, que hoy se encuentran en México tratando de llegar a la frontera con Estados Unidos.
Por medio de una declaración enviada a las autoridades canadienses, las organizaciones firmantes recuerdan por ejemplo que Canadá fue el primer país en reconocer la legitimidad del gobierno golpista hondureño en 2009, a cambio de que se reformaran las leyes para favorecer las inversiones extranjeras y la explotación minera en Honduras.
Esta nueva legislación se inspira de las leyes mineras canadienses, unas de las más permisivas del mundo. Por ello, entre 50 % y 70 % de las inversiones mineras en América latina provienen de empresas registradas en Canadá.
Las organizaciones firmantes afirman que los megaproyectos de extracción de recursos naturales causan desplazamientos forzados, inseguridad y violencia en los pueblos afectados, robandoles de sus medios de vida, sus culturas y tradiciones.
La carencia de medios obliga a los pueblos a huir de sus territorios, arriesgándose en el tránsito de ser víctimas de secuestros, detenciones, desapariciones, violaciones y asesinatos, las mujeres siendo especialmente vulnerables a la violencia de género.
Las organizaciones firmantes exigen el fin de la impunidad por parte de las empresas canadienses.
También, frente a las amenazas por parte de Donald Trump de violencia hacia las personas migrantes que llegarán a la frontera con Estados Unidos, y exigen del gobierno federal de Justin Trudeau que se pronuncie y que ofrezca refugio seguro a las personas integrantes de las caravanas.
