Por Nadia Kayyali y Katitza Rodriguez
Riseup, un colectivo tecnológico que proporciona comunicación segura a activistas de todo el mundo, dio la voz de alarma en diciembre de 2014 cuando un juez en España declaró que el uso de su servicio de correo electrónico era una práctica, según él, asociada con el terrorismo.
Javier Gómez Bermúdez es un juez de la Audiencia Nacional; un tribunal superior en España especiliazado en delitos graves, como el terrorismo y el genocidio. Según informes de prensa, el 16 de diciembre, el juez ordenó la detención de presuntos miembros de un grupo anarquista. El arresto encaja dentro de la Operación Pandora, una campaña coordinada contra la «actividad anarquista» que ha sido definida como un intento de «criminalizar a los movimientos sociales anarquistas.» La policía incautó libros, teléfonos celulares, computadoras, y arrestó a 11 activistas. Se conocen pocos detalles sobre la situación, ya que el juez ha declarado el caso secreto.
Al menos un legislador catalán, David Companyon, ha especulado que los allanamientos son un «truco para recibir apoyo para la recién aprobada ‘ley mordaza’ de España». La nueva ley restringe severamente las manifestaciones, establece multas para actividades como insultos a la policía (€600), la quema de una bandera nacional (hasta 30.000 €), o la demostración en las afueras de los edificios del parlamento o instalaciones claves (hasta €600.000). A la luz de las disposiciones de esta ley, no es de extrañar que muchos la hayan vinculado con el ataque contra un grupo con ideas políticas que el gobierno parece encontrar amenazante.
En un comunicado, Riseup señaló:
“Cuatro de los detenidos han sido liberados, pero los siete restantes han sido encarcelados en espera de juicio. Las razones dadas por el juez para ordenar su continua detención incluyen la posesión de ciertos libros, «la producción de publicaciones y formas de comunicación», y el hecho de que los acusados «usen correos electrónicos con extremas medidas de seguridad, tales como el servidor RISE UP.” No queda claro a que se refería – precisamente – el juez cuando menciona «medidas de seguridad extremas.» Como Riseup señala, «muchas de las «medidas extremas de seguridad», utilizadas por Riseup son prácticas comunes para la seguridad en línea». Parece que la asunción inherente detrás de la decisión del juez es que usar servicios que se adhieren a las mejores prácticas para la seguridad en línea debe considerarse sospechoso. Esto, claramente, atenta contra el principio de presunción de inocencia, un requisito fundamental del derecho internacional de los derechos humanos. Pero lo además, el uso de servicios con seguridad fuerte es la manera cómo los individuos pueden ejercer su derecho a la privacidad y de expresión en la era digital mientras se mantienen seguros. Cada nueva violación de bases de datos y desastres de seguridad informática nos recuerda esto.
Es increíblemente perturbador llamar «extremo» al deseo de estar seguro en Internet. Pero no es de extrañar. Durante la «guerra contra la criptografía» de los años noventa, el gobierno de Estados Unidos propagó la idea que el cifrado fuerte debería ser tratado como un arma. Eso puede deberse a que la seguridad fuerte hace que sea más difícil para las agencias como la NSA vigilar descaradamente a todo el mundo y dificulta el reprimir a grupos con ideas políticas que amenazan el status quo. No hay duda que los anarquistas caen en esa categoría, y tal vez esa cuestión es la que tiene al gobierno español preocupado.
En su declaración, Riseup explica que «tiene la obligación de proteger la privacidad de sus usuarios», y «no está dispuesto a permitir puertas traseras ilegales o vender los datos de nuestros usuarios a terceros.»
Hay una fuerte evidencia que la NSA se ha asegurado que puertas traseras estén integradas en muchos productos y servicios. Empresas y grupos como Riseup quieren proporcionar a sus usuarios servicios de red confiables y seguros, sobre todo cuando la policía y abogados solicitan la entrega de información privada del usuario y sus registros. Riseup ha desarrollado políticas de privacidad sólidas para protegerse de la responsabilidad legal, pero sobre todo para proteger la seguridad y la privacidad de sus usuarios.
La necesidad de privacidad y seguridad no puede ser sobreestimada. En su histórico informe de la 23ª reunión del Consejo de Derechos Humanos, el exrelator de la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue dejó claro que la comunicación segura es fundamentales para una sociedad abierta. La Rue señaló:
«Las personas deben tener la libertad de usar cualquier tecnología que elijan para asegurar sus comunicaciones, y los Estados no deben interferir con el uso de tecnologías de cifrado». (…) Nadie puede estar seguro de que sus comunicaciones privadas no estén bajo el escrutinio de los estados si no cuenta con una protección adecuada a la privacidad, la seguridad y el anonimato de las comunicaciones».
La privacidad es una característica esencial de toda sociedad libre. El gobierno español envía una señal preocupante sobre sus intenciones al aprobar la «ley mordaza» y reprimir a los usuarios de comunicaciones privadas y seguras. Pero todavía hay tiempo para que el tribunal corrija esta decisión. Si la razón por la cual estos activistas están detenidos fue en verdad su decisión de asegurar sus propias comunicaciones, lo cual es perfectamente razonable y común, ellos deben ser puestos en libertad inmediatamente.
