Las vacunas contra la COVID-19 se han convertido en la mejor herramienta en la lucha contra la pandemia, y también en la gran esperanza para la recuperación de la normalidad. Por ello, cada vez son más los países que reivindican la aplicación de una exención temporal sobre los derechos de propiedad industrial de las vacunas y la liberalización de las patentes, con el fin de que lleguen a todos.
Ya hace un tiempo que se está comprobando que la capacidad de producción de las compañías que han desarrollado las diferentes vacunas a escala mundial no es suficiente para abastecer una demanda global. Además, la complicada situación de la pandemia en países como la India está empujando a que sigan aumentando las solicitudes para que cualquier empresa pueda producirlas temporalmente.
Tanto es así, que hasta el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inicialmente reticente a dicha liberación, ha cambiado de criterio en las últimas semanas, respaldando de este modo a otros países a favor de esta medida, consciente de la necesidad de agilizar el ritmo de producción de vacunas. Este nuevo escenario ha abierto un arduo debate entre los países que respaldan esta medida y los que defienden que las patentes son un instrumento clave para monetizar el conocimiento, así como el riesgo y la incertidumbre que asume la industria farmacéutica al investigar y desarrollar estos productos.
«Nos encontramos ante un debate muy complejo porque se trata de conciliar intereses inicialmente contrapuestos como son la salud pública global para terminar con la pandemia y los intereses comerciales que tienen las farmacéuticas», detalla Fabiola Leyton, profesora colaboradora de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experta en bioética, quien incide en que sea cual sea la decisión que se adopte «generará un escenario incierto».
Las empresas no cumplen lo pactado
Las patentes otorgan un derecho exclusivo, durante veinte años, a su titular, lo que impide que otros fabriquen o comercialicen el objeto de dicha patente sin su consentimiento. Por lo tanto, la patente sirve de reconocimiento a la labor y esfuerzo de I+D por parte de una empresa para generar nuevas soluciones innovadoras que permitan solventar problemas técnicos, como sucede en el caso de las vacunas contra la COVID-19.
«El problema actual es que las empresas que han patentado las vacunas no están cumpliendo con los acuerdos de entrega de las dosis acordadas y no están cumpliendo con la producción prometida, lo que provoca retrasos en la posibilidad de vacunar y en la lucha contra la pandemia», recalca el médico Oriol Yuguero, profesor colaborador de Estudios de Ciencias de la Salud, también de la UOC, y experto en bioética.
Del mismo modo, hay variantes actuales que se pueden atajar con las vacunas disponibles, pero si no se pone freno a la pandemia, el futuro será incierto, porque «pueden aparecer nuevas mutaciones, lo que pone en riesgo nuestra capacidad de poder controlar la infección, por lo que debemos tener una visión global», añade Yuguero.
De este modo, a priori, todo indica que la licencia obligatoria o la liberación de las patentes podría ser la solución con la que aumentar el nivel de producción de vacunas, garantizando así su acceso a la población. No obstante, no hay certezas de que con la licencia obligatoria se resuelva el problema de producción a corto plazo.
«La puesta en marcha de la fabricación de las vacunas requiere, por parte de quienes asuman este reto, conocimiento sobre tecnologías novedosas, como el ARN mensajero, así como de infraestructuras habilitadas para que dicha producción tenga lugar con todas sus garantías», según explica Mercedes Avilés, profesora colaboradora de Estudios de Economía y Empresa de la UOC y agente de la propiedad industrial, además de experta en patentes. Esta experta añade que la exención temporal de derechos sobre la vacuna «podría llevar al titular de la patente a no recuperar la inversión hecha en su desarrollo y a la obligación de compartir know-how con terceros, lo que podría traducirse en una pérdida de competitividad para el primero».
Por otra parte, no hay que olvidar que algunas empresas farmacéuticas ya han alcanzado acuerdos de colaboración con otras compañías y Estados, pero no se fabrican vacunas al ritmo que se demandan. «Para llegar a unos niveles óptimos de seguridad contra el coronavirus, al menos un setenta por ciento de la población mundial debería estar vacunada, por lo que, mientras haya países que no tengan acceso a vacunar a su población, no vamos a abordar el problema, y las desigualdades se acentuarán», explica Leyton.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es que una parte importante de los fondos destinados a la investigación y desarrollo de estas vacunas contra la COVID-19 se han financiado con recursos públicos. «Hay que tener esta cuestión muy en cuenta, porque debería haber un retorno y una participación finalmente en los derechos de propiedad intelectual, o al menos en los beneficios que surgen de esta financiación pública», asevera la experta en bioética.
El temor de las empresas farmacéuticas
Por otro lado, la industria farmacéutica es uno de los sectores que más invierte en el desarrollo y destina una parte importante de sus recursos a la investigación. La liberación de estas patentes podría sentar un precedente con relación al desarrollo de nuevas vacunas o fármacos no solo contra la COVID-19, sino también contra enfermedades que originaran nuevos problemas de salud pública. Este nuevo escenario podría mermar la motivación de la industria farmacéutica para lanzar nuevas líneas de investigación con las que dar solución a dichos problemas.
De este modo, renunciar a proteger la propiedad industrial durante esta emergencia pública global puede suponer un desincentivo de las empresas, así como en el desarrollo de otros medicamentos. «Sin embargo, la liberación de las patentes de las vacunas anti-COVID-19 actualmente debe ser un imperativo de justicia distributiva», esgrime Leyton.
En este aspecto, las instituciones reguladoras y los Estados deben trabajar para lograr un acuerdo para diseñar otros escenarios en los que la liberación de las patentes no suponga un freno al desarrollo e investigación de nuevos fármacos. Y, de este modo, poner en marcha mecanismos de compensación para estimular la innovación y el desarrollo de nuevos fármacos cuando pase esta pandemia o para futuras situaciones.
«Debemos empezar a tener esa visión de intentar poner soluciones que sean globales. No podemos pretender controlar esta pandemia mientras tengamos países en vías de desarrollo que no puedan vacunar a su población, una situación que pondrá en riesgo el control de la infección. Debemos al servicio público este conocimiento para que se pueda hacer la producción de la vacuna y aumentarla», concluye Yuguero.
Argumentos a favor de la liberación de las patentes
- La pandemia supone un problema de salud pública mundial.
- Falta de capacidad de producción de vacunas ante la demanda, por los titulares de las patentes.
- Financiación pública para el desarrollo de algunas vacunas contra la COVID-19.
Argumentos en contra de la liberación de las patentes
- Una merma en los titulares de las patentes para monetizar su inversión en I+D con relación a la vacuna.
- Fuerte inversión en equipos altamente cualificados e infraestructuras, así como en tecnologías emergentes, por quienes decidan asumir la fabricación de las vacunas.
- Un posible precedente con respecto a posibles nuevas soluciones que pudieran surgir para combatir la COVID-19.
