La última edición del curso en español en línea “Marco Jurídico Internacional de la libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de periodistas”, que comenzó este 8 de mayo de 2017, ha alcanzado un récord de participación con 2200 jueces y operadores de justicia iberoamericanos matriculados.
Según el Knight Center, el número de participantes, que incluye cientos de jueces, es un récord comparado con las cuatros ediciones anteriores del curso[1].
En los últimos tres años, este entrenamiento innovador de la Unesco y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en colaboración con el Centro Knight de la Universidad de Texas ha llegado a más de 3000 jueces y otros operadores de justicia, como fiscales, procuradores y abogados de todos los países latinoamericanos. Con el curso más reciente, ese número se elevará a más de 5000.
Los participantes en esta ocasión vienen de 19 países latinoamericanos, más Estados Unidos y España. Los países con más representantes son Perú, México, Paraguay, Argentina, Brasil, Ecuador y Guatemala.
“Es una construcción conjunta con los operadores de justicia de Iberoamérica, queremos incentivar un amplio debate regional sobre la protección y promoción de la libertad de expresión en el contexto de los Poderes Judiciales y todo eso en un momento que las cortes de toda la región reciben más y más casos relacionados a las temáticas que serán abordadas en el curso”, dijo Lidia Brito, directora de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de la Unesco, según un comunicado de la organización.
De acuerdo con el comunicado, el aumento en los casos relacionados con la libertad de expresión y los temas específicos el curso, ha significado para los operadores de justicia “nuevos paradigmas de decisiones”.
“Si bien los principios de la libertad de expresión tienen más de 70 años en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, son cuestiones con nuevos elementos, en un contexto que ha cambiado. Como la relación entre la libertad de expresión en internet o el acceso a la información pública. Hace veinte años, solo un país de América Latina presentaba ley de acceso a la información pública; hoy en día hay más de veinte países que tienen leyes de esta naturaleza”, explicó Guilherme Canela, consejero de Comunicación e Información de la Oficina Unesco Montevideo, agrega el comunicado.
El curso se compone de seis módulos que constan de video clases, materiales de lectura, cuestionarios, foros de discusión y otras actividades asignadas. En esta ocasión habrá contenido adicional que corresponde a jurisprudencia.
El curso se imparte por Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH; Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes (Colombia) y ex relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH; y Frank La Rue, subdirector general de la Unesco para la Comunicación e Información y ex relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU.
Los estudiantes que culminen con éxito las asignaciones del curso, incluyendo las pruebas, pueden descargar un certificado de finalización, que no tiene ningún crédito académico, pero que documenta la participación exitosa en este programa en línea.
“Quienes ejercemos jurisdicción debemos ser los principales garantes en defender las libertades, especialmente la libertad de expresión y de acceso a la información, para que la justicia constituya uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas. Aunque ello signifique un enfrentamiento ante la práctica política del momento en determinado país”, dijo a la Unesco Alba Alvizuris, jueza de Guatemala, quien participó en la segunda edición del curso en 2016 y sostiene que «el curso Marco Jurídico Internacional representa esa herramienta valiosa que se necesita para conocer los estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos que garantizan a los jueces defender esas libertades”.
El curso cuenta con el apoyo de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, la Fundación para la Libertad de la Prensa, la Asociación Latinoamericana de Internet, la Escuela de Gobierno de la OEA, la Universidad de Los Andes, la Cumbre Judicial Iberoamericana y del Gobierno de Suecia.
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