Isabel Celáa, ministra de Educación ha remitido una carta desde el ministerio a la organización Plena Inclusión y a la plataforma, «Educación Inclusiva, sí, Especial también» en respuesta a la consulta que le fue formulada en la que se afirmaba que los centros de educación especial iban a ser cerrados por el Gobierno.
Tras las manifestaciones de corazones verdes que propusieron familiares y amigos de los afectados, así como las citadas plataformas, el Consejo Escolar del Estado ha recordado que no se llevará a cabo esta medida y que, por ello, se mantendrán los colegios de Educación Especial del país.
Cerca de 37 000 alumnos con discapacidad estudian en los 477 centros repartidos por todas las Comunidades Autónomas y sus familiares, hasta la fecha, temían que no les fuera garantizada la educación especial con la llamada Ley Celáa. El debate se abrió cuando se justificaron que estas personas podrían recibir educación llamada inclusiva, cuando lo verdaderamente necesario para los padres y educadores es que debe ser especial, porque no tienen las mismas patologías, no debutan igual y sus trastornos no se pueden catalogar de la misma manera.
Los niños con discapacidad intelectual no están bien en centros ordinarios porque su ritmo de aprendizaje es diferente, necesitan espacios reducidos y sobre todo, atención especializada; esa que se brinda con maestros preparados para ello.
