Llevan veinte años luchando y otra vez están en calles y carreteras de Paraguay para exigir la demorada restitución de su territorio. Son unos 500 miembros de la comunidad indígena sawhoyamaxa, que comenzaron 2014 recogiendo firmas para que el parlamento expropie de una vez las tierras usurpadas, informa Natalia Ruiz Diaz (IPS) desde Asunción.
«Che rohenói, eju orendive, aldeia unida, mostra a cara» (Yo te llamo, ven con nosotros, aldea unida, muestra la cara) corearon a mediados de diciembre miles de personas, al comenzar su nueva cruzada para que se cumpla la sentencia de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Durante un festival intercultural en el centro de Asunción se escuchó una y otra vez ese estribillo, en una mezcla de guaraní y portugués, de grupo de hip hop Brô MC’S, de la comunidad indígena brasileña Jaguapirú Bororó, dentro del apoyo internacional a la campaña Todos con Sawhoyamaxa.
Fue el arranque para conseguir las 20.000 firmas de apoyo, que los líderes indígenas se han puesto como meta para presionar al bicameral Congreso legislativo paraguayo a que apruebe el pedido de expropiación de sus tierras, un paso indispensable para que se las restituyan.
«Tras más de 20 años de haber sido expulsados de nuestras tierras ancestrales y vivir al costado de la ruta, viendo cómo las vacas ocupan el lugar donde antes vivíamos nosotros, decidimos volver porque esas tierras son nuestras», es el mensaje de los sawhomaxa.
Son dos décadas de resistencia que tiene como epicentro el asentamiento comunitario Santa Elisa, al lado de la carretera y a 370 kilómetros al norte de Asunción, en el semiárido Chaco paraguayo, donde viven en condiciones penosas y en supervivencia riesgosa, según la Corte Interamericana.
Los sawhomaxa forman parte de la familia lingüística Exet, una de las cinco en que se agrupan los 19 pueblos originarios que perviven en Paraguay, repartidos en 762 comunidades que se diseminan fundamentalmente por la zona oriental y el Chaco.
Según el censo de 2012 la población originaria suma 116.000 de los 6,4 millones de habitantes del país, más de la mitad de ellos del pueblo guaraní.
Con el argumento de que carecían de títulos del territorio donde vivieron siempre, los sawhomaxa fueron expulsados y su tierra ocupada paulatinamente por asentamientos ganaderos.
«Ellos no quieren que progresemos a nuestro modo, queremos las tierras para dedicarnos a nuestras actividades ancestrales como la cacería y la selvicultura», dijo a IPS el líder de la comunidad, Carlos Cantero.
Se refería al poderoso sector ganadero, que apoyado por sus lobbies han bloqueado hasta ahora que se cumpla la sentencia, teóricamente inapelable, de la Corte Interamericana, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos.
Para el líder sawhoyamaxa la situación debe resolverse de inmediato porque «aún queda un poco de bosque en nuestras tierras, algunos esterales, riachos; pero si el Estado no se pronuncia pronto, esas reservas van a desaparecer».
El avance de la frontera ganadera es acelerado y sostenido en el Chaco paraguayo, donde solo en noviembre se registró una tasa de deforestación de 549 hectáreas por día, según el informe de la oenegé Guyra Paraguay.
En el Chaco paraguayo acoge 60 por ciento del territorio, solo ocho por ciento de su población y es muy apto para la ganadería.
Fue allí donde mayor fue el despojo de las tierras indígenas desde el siglo XIX y en especial tras la Guerra del Chaco con Bolivia (1933-1936), cuando el gobierno vendió masivamente tierras públicas a privados. Ahora, menos de tres por ciento de la población acapara 85 por ciento de las tierras cultivables en Paraguay.
En este panorama latifundista, la comunidad sawhoyamaxa reclama 14.404 hectáreas.
En un proceso mayormente simbólico, en marzo pasado, cuando se vencieron todos los plazos para cumplirse el fallo de la Corte, comenzó su «reocupación», instalando pequeños asentamientos dentro de las tierras por las esperan la titularidad colectiva.
Su lucha por la devolución de sus tierras ancestrales data de principios de los 90. Tras agotar las instancias locales, en 2001 llevaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo pasó a la Corte.
El caso Sawhoyamaxa es uno de los tres sobre los que sentenció la Corte Interamericana contra el Estado, en defensa de indígenas paraguayos. Ningún dictamen fue plenamente cumplido hasta ahora.
Tras el fallo de 2006, el gobierno intentó adquirir las tierras a quien ostenta su titularidad, para cumplir con la restitución ordenada, pero esa fórmula fracasó, por la negativa del ganadero Heribert Roedel, un latifundista con una hacienda de 60.000 hectáreas, parte de los sawhoyamaxa.
«La otra vía para la expropiación es la legislativa, por ello se planteó este proyecto que se está estudiando en la Cámara del Senado», explicó a IPS el abogado Oscar Ayala, de la organización Tierraviva.
Esta ong y Amnistía Internacional Paraguay son las promotoras dentro de la sociedad civil de la causa de los sawhoyamaxa.
El parlamento debate una solicitud que el gobierno remitió en agosto para que se aborde la expropiación, en atención a las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana.
Según Ayala, hay un ambiente más positivo que en el pasado para que, finalmente, la justicia llegue. «La impresión que tenemos es de una mayor apertura» a favor de una solución, dijo.
El 18 de diciembre la senatorial comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, se pronunció a favor de la expropiación.
«Este primer dictamen favorable es un buen indicador; estos temas siempre son difíciles al estar por medio toda esa idea anclada de la visión economicista sobre la tierra, pero en este caso esos temas ya no están en debate», indicó Ayala.
Ahora resta que las comisiones de Reforma Agraria y de Hacienda se pronuncien antes de que el asunto sea debatido por el plenario del Senado, para después pase a consideración de los diputados.
Actualmente en Santa Elisa viven unas 120 familias, con alrededor de 600 personas, la mitad niños, niñas y adolescentes.
La Corte también ordenó al Estado que provea asistencia en materia de alimentación y salud, situación que fue mejorada en los nuevos asentamientos pero no suficientemente.
«Tenemos un promotor de salud pero no un puesto sanitario; los más afectados son los niños que presentan cuadros de deshidratación debido a la mala calidad del agua», comentó Cantero.
Les entregan agua potable cada mes, pero en cantidad insuficiente, y dependen de agua de lluvia, muy escasa en la zona.
Para acabar con estas penurias, mujeres y hombres sawhoyamaxa van de un lado para otro con planillas donde describen la historia de su comunidad, su lucha, la sentencia de la Corte y piden la adhesión ciudadana. «No pararemos hasta vivir en nuestra tierra, nuestra sobrevivencia depende de ello», dijo su líder Cantero.
