Marruecos aprobó un proyecto de ley contra las noticias calificadas por el gobierno como falsas. Sin embargo, la nueva medida fue aplazada tras la grave polémica surgida, ya que políticos de la oposición, varias ONG, activistas y grupos de derechos humanos temen que se convierta en una herramienta para abusos de poder o que restrinja todavía más la libertad de expresión.
El proyecto de ley número 22.20, se aprobó hace cinco semanas, el 19 de marzo de 2020, pero el gobierno no lo hizo público hasta el 28 de abril y ahora señala que debe pasar por el Parlamento. De los veinticinco artículos que lo componen, veintidós se refieren a sanciones tanto administrativas como de prisión y multas.
El texto del proyecto permite al gobierno poder exigir correcciones en un texto, ordenar la eliminación de contenidos vistos por las autoridades como falsos o bloquear páginas web que se consideren que propagan falsedades que van en contra del interés del gobierno. Para los que no cumplan con la ley, se prevén duras penas de hasta tres años de prisión o multas de 50 000 dirhams (4634 euros).
El propósito del proyecto de ley es, por ejemplo, prohibir cualquier llamada a boicotear marcas, como sucedió en 2018, durante un boicot que se dirigió a varios productos de consumo. El artículo catorce de este proyecto de ley impone una «pena de seis meses a tres años de prisión» y una multa de 5000 a 50 000 dirhams (463 a 4634 euros) contra cualquiera que «llame al boicot o incite públicamente a boicotear ciertos productos, bienes o servicios» a través de redes sociales.
La presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Amina Bouayach, señaló que su organismo no fue consultado sobre el texto, al igual que el Consejo Nacional de Prensa que preside Younes Mujahid. También expresó su oposición el Foro Marroquí de Jóvenes Periodistas (FMJJ, siglas en francés).
La expresidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) reconocida con el premio de Derechos Humanos de la ONU, Khadija Riadi, indicó que se trata de un «intento de legalizar las violaciones de los derechos humanos y darles cobertura legal. Estamos experimentando un gran ataque a la libertad de expresión en el ámbito digital».
Precisamente, la policía marroquí detuvo el lunes 27 de abril 2020 al vicepresidente de la AMDH en Nador, Omar Naji. La organización de derechos humanos informó de que fue puesto bajo custodia policial y posteriormente puesto en libertad el martes 28 bajo una fianza de 10 000 dirhams (926 euros) por publicar mensajes en Facebook criticando las prácticas de ciertos agentes de poder en Nador.
En concreto lo acusan de «difusión de información falsa e insultar a organismos, además de la publicación de falsos información que podría causar pánico, la difusión de fotos de personas sin su consentimiento y la incitación a desobedecer las instrucciones emitidas por las autoridades públicas durante el estado de emergencia de salud». La audiencia está prevista el 2 de junio.
Por otro lado, Marruecos tiene implantado el toque de queda nocturno, ahora que está celebrando el Ramadán, y también han existido protestas periodísticas ya que no se autorizaba a periodistas en ejercicio de su trabajo estar en las calles. El Gobierno tuvo que rectificar y anunció el martes 28 que permitiría a los informadores, con carné profesional, circular por las noches.
Ataques marroquíes a la ONU y Noruega
Para completar el panorama, Marruecos ha rechazado las informaciones de la ONU, que expresó preocupación por las medidas y leyes introducidas en algunos países con motivo de la crisis mundial por la pandemia del coronavirus.
A la ONU le preocupa que tales medidas puedan usarse «para silenciar a los medios y detener a críticos y opositores. Los gobiernos no deberían usar los poderes de emergencia como un arma para silenciar a la oposición, controlar a la población o incluso permanecer en el poder», advirtió la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La ONU denunció la situación en quince países, además de Marruecos, se incluía a Sudáfrica, Nigeria, Kenia, Filipinas, Sri Lanka, El Salvador, República Dominicana, Perú, Honduras, Jordania, Camboya, Uzbekistán, Irán y Hungría.
Bachelet hizo hincapié en que las medidas excepcionales deberían ser «proporcionadas, no discriminatorias y limitadas en el tiempo» y «estar sujetas a una supervisión parlamentaria y judicial adecuada».
Esta polémica con la ONU se une a los ataques a Noruega tras manifestar en el Parlamento la ministra de Asuntos Exteriores, Ine Eriksen Soreide, que su Gobierno estaba muy preocupado por la situación en las cárceles marroquíes y la situación de los defensores de los derechos humanos saharauis. La agencia oficial marroquí MAP atacó a la ministra por estas declaraciones.
Hay que recordar que en la reciente clasificación de Reporteros sin Fronteras de 2020 sobre la libertad de prensa en el mundo, Noruega lidera esta lista al igual que el año pasado. Sin embargo, Marruecos ocupa el puesto número 133 de los 180 países analizados con una situación difícil donde se señala que hay procesos judiciales sin fin contra periodistas.
Hace un par de meses Mohamed VI prohibió que le besaran la mano para evitar contagiarse del coronavirus. El, de momento, lo ha evitado, pero su pueblo supera con creces los infectados por falta de medios, centros sanitarios y hospitales. Desde hace meses el Rey ha desaparecido. Nadie sabe dónde está ni le esperan, pero, el Gobierno continúa aplicando la LEY MORDAZA a medios y periodistas que tratan de informar, con la verdad, los conflictos que se viven en varias zonas del país: el Rif y el Sahara. Nada mejor para amordazar y tener desinformada a la sociedad que cerrar o encarcelar. Y en esa línea va por ahora la política marroquí. Mala cosa, mala cosa,