La CGT denuncia que la mayoría de siniestros laborales en España los sufren trabajadores en precario (inmigrantes, eventuales, de subcontratas…) cuando la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras es un deber de los empresarios y de la Administración.
La quiebra de este deber de protección se produjo desde el momento en que las administraciones públicas «hicieron saltar por los aires las legislaciones laborales que protegían los derechos de las personas trabajadoras, y nos entregaron a los empresarios como carne de cañón” para la batalla de su competitividad y mejora de resultados, sostiene el sindicato.
La Fiscalía General del Estado, en su último informe correspondiente al año 2014, recuerda que en ese año se produjeron más accidentes de trabajo que el año precedente; en concreto, aumentaron en términos globales un 5,11 % respecto a 2013. La mayor parte de la siniestralidad laboral se produce entre los trabajadores migrantes, como también en las personas trabajadoras con menor nivel cultural.
En el primer semestre de 2015, los accidentes de trabajo están descontrolados, según el estudio de la propia Fiscalía. Asistimos a un aumento generalizado de la inseguridad y los accidentes laborales en España. La siniestralidad en el puesto de trabajo y en las horas anterior y posterior, una vez desmontada la red protectora de los derechos laborales, aumenta en ritmos muy superiores a lo que lo hace el empleo. Empleo que, en sus condiciones actuales de prestación, se encuentra vacío de derechos para la persona que trabaja por cuenta ajena, agrega la CGT.
Según estos estudios analizados por el Gabinete de Salud Laboral de CGT, los datos más dramáticos los arroja la siniestralidad mortal: 285 trabajadores han perdido la vida en este primer semestre de 2015 (un aumento del 3,3 %), y además, la mayor parte de ellos se han producido durante la jornada de trabajo, cambiando la tendencia de los últimos años, donde subían más los accidentes “in itinere”.
Destruida esta red protectora, los trabajadores que entran activamente en el mundo laboral, al igual que quienes mantienen sus empleos desde hace tiempo, han visto precarizadas las condiciones de trabajo hasta extremos inhumanos. El empleo es volátil, vulnerable y causante de muertes y enfermedades perfectamente previsibles y evitables, por lo tanto, es la acción humana de los empresarios quien es responsable de las muertes, de las enfermedades y de la siniestralidad laboral.
En cuanto a las distintas administraciones, su papel debe ser el de legislar mejoras para la protección laboral, vigilar su implantación y sancionar a las empresas que incumplan la legislación y pongan en riesgo la salud y la vida de sus plantillas.
Para la CGT se trata de una guerra donde cada día dos trabajadores mueren “legalmente”, bien por accidente, bien por enfermedad laboral. En esta guerra ni siquiera se apela a los Derechos Humanos; las víctimas son escondidas, olvidadas, silenciadas.
La CGT concluye que “La ley del mercado funciona como una máquina trituradora de derechos y de vidas. Los accidentes, las muertes y enfermedades que causa esa ley del máximo beneficio, tienen responsables con nombre y apellidos: los empresarios, sus gerentes, sus directivos y los políticos y legisladores».
