Medidas para salir de la crisis con dignidad y derechos

Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón han presentado hoy al Gobierno de España un paquete de medidas para salir de la crisis con dignidad y derechos, en una reunión con Jorge Moragas, jefe del Gabinete del Presidente del Gobierno de Mariano Rajoy, en la que han obtenido un compromiso verbal de estudiar algunas medidas.

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Las ONG han mostrado en la reunión sus preocupaciones por las consecuencias que están teniendo las medidas de austeridad adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis, porque impactan negativamente en los derechos humanos, el medio ambiente y la justicia social.

Las tres organizaciones han presentado al Ejecutivo un Decálogo de Medidas frente a la Crisis y piden un cambio de rumbo con respecto a las políticas emprendidas hasta el momento. Estas políticas están provocando algunos de los siguientes efectos:

  • Un incremento en los niveles de desigualdad, que supera ampliamente al de la UE y que nos sitúa como uno de los países más desiguales de Europa, por detrás de Bulgaria, Letonia y Portugal.
  • Casi dos millones de familias españolas no tienen ningún ingreso y que una de cada cuatro vive en la en la pobreza o en condiciones de exclusión social.
  • 873.000 personas migrantes en situación irregular se quedaron sin tarjeta sanitaria, entre el 1 de septiembre de 2012, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 (RDL).
  • Aumenta el número de sanciones en manifestaciones, lo que podrían limitar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión. Sólo en Madrid, en 2012 se celebraron 3419 manifestaciones y 2155 hasta el 31 de mayo de 2013. A lo largo de 2012 se abrieron 1117 expedientes sancionadores y hasta el 31 de abril de 2013, 230.
  • Más de 400.000 ejecuciones hipotecarias se han llevado a cabo desde 2008, sin que existan datos de cuántas de ellas se han llevado a cabo sobre primeras viviendas y cuántas personas han sido expuestas al sinhogarismo como consecuencia de estas medidas.
  • El 85% de las empresas del Ibex 35 tienen presencia en paraísos fiscales y que la evasión fiscal alcanza los 90.000 millones de euros.
  • El presupuesto para luchar contra la pobreza en el ámbito internacional se ha reducido en los dos últimos años en un 70% y en un 90% en la ayuda humanitaria.
  • Las trabas del Gobierno al desarrollo de las energías renovables está provocando que se dejen de crear miles de empleos cada año. Se estima que hasta 2020 se podrían crear 120.000 nuevos con las políticas correctas.
  • El sector forestal, la agricultura ecológica o la pesca artesanal, todos ellos gran potencial de generación de empleo sostenible y de calidad ven en peligro su viabilidad por la poca visión estratégica del Gobierno.

“La aplicación de políticas de austeridad están provocando la erosión de los derechos humanos. Pedimos que se adopten las políticas necesarias para priorizar los derechos de las personas, especialmente de aquellas que se encuentren en posiciones más vulnerables”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

“Además, es necesario reorientar el modelo energético a favor del empleo y la sostenibilidad y apostar por una política fiscal y económica equitativa y justa”, ha añadido Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

“De continuar las medidas de austeridad, corremos el riesgo de iniciar un camino sin retorno donde se dilapiden las conquistas sociales de las últimas décadas. España puede acabar siendo un país más pobre y más desigual”, ha asegurado José María Vera, director de Oxfam Intermón.

El Decálogo de Medidas frente a la Crisis que han presentado hoy las organizaciones en Presidencia de Gobierno, aborda entre otros temas, la desigualdad, el derecho a la salud, vivienda, libertad de expresión y manifestación pacífica, así como sobre la lucha contra la evasión fiscal, o la consecución de un modelo energético y una gestión de los recursos sostenible. Asimismo, se recuerda la necesidad de la creación de un empleo verde, de la recuperación de la cooperación para el desarrollo, y del refuerzo en el control del comercio de armas responsable.

Recomendaciones de las organizaciones

En esta reunión, los directores de las tres organizaciones, cada una en su ámbito, recomiendan al Gobierno entre otros aspectos que:

  • Se frene la desigualdad social impulsando un cambio de rumbo en las políticas de austeridad, de forma que se priorice la inversión en derechos humanos y el blindaje legal de los derechos sociales consagrados en la Constitución para todas las personas sin discriminación.
  • Se modifique el Real Decreto Ley 16/2012 y se garantice el acceso al derecho a la salud para todas las personas, sin discriminación e independientemente de su situación administrativa.
  • Se asegure que ni la reforma del Código Penal, ni la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, limitan el derecho a manifestación pacífica de manera injustificada y contraria al derecho internacional.
  • Se establezca una legislación que prohíba expresamente los desalojos forzosos, tal y como reconocen las normas internacionales ratificadas por España. Las medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos no han sido suficientes para solucionar el problema de la vivienda en España.
  • Se implante de manera inmediata una tasa a las transacciones financieras, y que los ingresos esperados por esta tasa se destinen al desarrollo social y a proteger a las víctimas de la crisis en España.
  • Se recupere de manera progresiva la cooperación para el desarrollo en 2014, con el objetivo de volver a situar a España en los niveles correspondientes al tamaño de su economía.
  • Se reforman los mercados eléctricos para garantizar el acceso prioritario a la red a los productores de renovables con un marco legal que incentive la inversión en el sector. A la par se pone fin a todas las subvenciones a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, y se apoya el ahorro y la eficiencia energética.
  • Se fomenta la gestión racional y sostenible de los montes; se garantiza el futuro de la pesca y de la biodiversidad marina mediante la defensa de la pesca artesanal y sostenible; se apoya la agricultura ecológica y se prohiben los cultivos transgénicos.

Por último, las tres organización recuerdan que la época de crisis no puede ser una excusa para relajar los controles sobre el comercio de armas, ya que consideran que existe una tensión entre las restricciones que establecen la Ley sobre comercio de armas y la voluntad del Gobierno de incrementar su venta en el exterior.

Compromiso parcial

Tras la reunión, las tres organizaciones han valorado que el Gobierno haya abierto una puerta al diálogo con la sociedad civil, algo que esperan sea productivo. Por parte del Gobierno, ha habido un compromiso en estudiar y avanzar en aspectos como:

  • Revisar la legislación sobre desalojos, de acuerdo a la legislación internacional, como las salvaguardas del Comité DESC de Naciones Unidas, o la ley francesa sobre desalojos.
  • Fomentar un diálogo con la sociedad civil antes de hacer cambios legislativos que afecten al derecho de reunión pacífica o de libertad de expresión, derechos angulares en sociedades democráticas, en proyectos legislativos como la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal.
  • Estudiar la manera de impulsar la economía verde y eliminar trabas a las energías renovables, para impulsar la protección y aprovechamiento sostenible de nuestros recursos, a la vez que se convierte en una fuente de generación de empleo.
  • Avanzar en el apoyo de la Tasa a las Transacciones Financieras por parte del Gobierno español.

Sin embargo, las tres organizaciones lamentan especialmente dos aspectos.

El primero, la falta de enfoque de derechos humanos en temas como la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 sobre sanidad. Un decreto con el que se han retirado al menos 873.000 tarjetas sanitarias a personas migrantes en situación irregular. Aunque se ha comprometido, a evaluar el impacto de esta medida.

Y el segundo, la supeditación de la Ayuda Oficial al Desarrollo a la recuperación económica del país, limitando los proyectos de cooperación con terceros países a operaciones en las que participa el ejército.

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