Tras la decisión adoptada por el Senado el pasado día 18 del presente mes de septiembre, México se convertirá en el primer país latinoamericano y el quinto país en el mundo que ratifica el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA).
“Esta ratificación demuestra una voluntad del gobierno mexicano de poner la vida de las personas por encima de los intereses de las compañías armamentistas, que esperamos que se refleje también en un más amplio compromiso por el respeto de los derechos humanos en otros temas como la tortura o las desapariciones forzosas”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora del programa para las Américas de Amnistía Internacional. “El resto de los países de América Latina debería seguir este ejemplo y ratificar el TCA inmediatamente”, afirmó.
El objetivo del TCA es regular el comercio internacional de armas y municiones convencionales para evitar su exportación a países donde exista un importante riesgo de que se utilicen para cometer violaciones a los derechos humanos, así como evitar su desvío al comercio ilícito.
La ratificación del tratado por México se hará plenamente efectiva una vez que el Gobierno deposite el instrumento en Naciones Unidas. El tratado entrará en vigor al acumular 50 ratificaciones.
“Cuando entre en vigor, el tratado contribuirá a evitar graves violaciones de derechos humanos. Es un objetivo por el que Amnistía Internacional ha trabajado sin descanso durante más de 20 años”, dijo Guevara-Rosas.
Amnistía Internacional ha constatado que en al menos el 60% de las violaciones de derechos humanos documentadas por la organización se utilizaron armas de fuego.
La histórica decisión de esta semana, así como la firma del tratado en Naciones Unidas el pasado 3 de junio, ha tenido lugar después de que más de 20,000 personas en México firmaran una petición llamando a las autoridades mexicanas a firmar y ratificar el tratado y de una intensa campaña de cabildeo de Amnistía Internacional México.
Historia del tratado
El Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) es el fruto de más de 20 años de trabajo, que comenzaron con el esfuerzo de diferentes organizaciones de la sociedad civil, y lograron el apoyo de Premios Nobel de la Paz y gobiernos de diferentes países.
Una vez que el tratado entre en vigencia, al acumular 50 ratificaciones, prohibiría que las armas fuesen a países en los que se sabe que se utilizarían para cometer crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Se calcula que cada año mueren en el mundo en torno a 500,000 personas a consecuencia de la violencia armada. El elevado sufrimiento y el impacto en los derechos humanos del descontrol en el comercio de armas llevaron a Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos y Premios Nobel de la Paz a trabajar en favor de una regulación del comercio internacional de armas.
El comercio de armas supone unos 52.000 millones de euros anuales, pero la cifra podría ser mayor, debido a que algunos de los principales exportadores no informan adecuadamente de sus exportaciones.
