El nuevo gobierno progresista de México revisará más de cinco mil concesiones mineras, de los 25 221 títulos vigentes, que tienen pendientes trámites de cancelación solicitados por activistas y ambientalistas, informa Ricardo García en Revolución TresPuntoCero[1].
Durante el México Mining Forum 2019, el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga, dijo que todas las concesiones con solicitud de cancelación y liberación de terrenos serán revisadas en busca de posibles anomalías, con el propósito de que no se vean afectados los derechos de ninguna de las partes involucradas.
De acuerdo con las declaraciones de Quiroga, existe un retraso grande y creciente en este tema, que también corresponde a supervisión y revisión de obligaciones. Por lo que el nuevo gobierno tendrá un enfoque más colaborativo y de transparencia entre las autoridades, las empresas, las comunidades, los políticos, los gremios y los sindicatos.
Cabe señalar que, para operar una unidad minera se requiere el respaldo de las comunidades establecidas en la zona, por lo que es primordial llevar a cabo una consulta.
En ese sentido, en noviembre, el grupo parlamentario de Morena, en la Cámara de Senadores, propuso un paquete de reformas a la Ley Minera que incluye, entre otros aspectos, la cancelación de concesiones.
De aprobarse la iniciativa correspondiente, el Servicio Geológico Mexicano podrá hacer estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y asignación mineras, y la Secretaría de Economía declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, en cuyo caso procedería la cancelación de concesiones y asignaciones.
Estos cambios buscan garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.
Adicionalmente, obligaría a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación.
Sobre el tema, distintos legisladores de la bancada, han señalado que impulsaran una regulación más estricta para las nuevas concesiones en la industria, así como menos restricciones para cancelar permisos de exploración y explotación.
La industria minera de México es un importante generador de ingresos, que aporta 8.3 % al Producto Interno Bruto (PIB) industrial y 2.5 % al PIB nacional. Hasta ahora las concesiones amparan 20 970 000 mil hectáreas de territorio nacional.
La lista de grandes empresas mineras de propiedad mexicana incluye a Peñoles, Minera Frisco, Grupo México, Peña Colorada y Mexicana de Cobre. Otras importantes empresas contratistas y proveedores de servicios de propiedad mexicana incluyen a Signum, Cominvi, Alfil y GDI.
De acuerdo con la Cámara Minera de México, 70 % del territorio de México tiene un potencial geológico sobresaliente para la minería, y este potencial hace de México el cuarto destino de Inversión Extranjera Directa (IED) más grande del mundo en el sector y el primer destino en América Latina.
La mayor parte de la IED corresponde a empresas de España, Alemania, Israel, Estados Unidos y Canadá, este último con el mayor stock general de inversiones mineras en el país.
Si bien la industria minera de México está dominada por compañías canadienses, hay un importante capital mexicano involucrado en algunas de las minas más importantes que producen plata, oro y otros metales importantes, además de minerales no metálicos.
