El presidente de Uruguay, José Mujica, ha enviado al Parlamento el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que pretende regular el sector, por considerarlo de interés público, mediante nuevas reglas que permitan un sistema con competencia equilibrada, pluralista y de acceso universal.
Mujica resaltó que el proyecto «tiene mucha importancia para el país», al presentar este martes durante una reunión con sus ministros en la residencia presidencial de Suárez los detalles de la iniciativa de 13 capítulos y 183 artículos, informa Andes.
Con este proyecto, el Ejecutivo busca «regular los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual» con «reglas claras que permitan generar un sistema de medios audiovisuales armónico, con una competencia equilibrada y justa entre los operadores», según el texto enviado al Parlamento y que deberá debatir primero la Cámara de Diputados.
El Gobierno define en este texto a los Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) como «servicios culturales, de índole tanto económica como cultural y de carácter estratégico para el desarrollo nacional» y, por lo tanto, de «interés público».
Por ello, sostiene que «es deber del Estado asegurar el acceso universal» a los SCA para contribuir «a la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento».
Uno de los pilares de la ley es la definición sobre monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los servicios de comunicación audiovisual que «conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas».
Por ello, «es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control», señala el texto.
Otro importante cambio propuesto es «la plena transparencia en el proceso de concesión de autorizaciones y licencias para ejercer la titularidad de los SCA» que propone el proyecto, por el que también se busca limitar la concentración de estos medios.
Al respecto, se busca pasar de la «situación precaria y revocable» de la actualidad a un sistema de concesiones de uso y autorizaciones «con plazos determinados y renovables».
Para la aplicación de las medidas regulatorias, el proyecto prevé la creación de una autoridad de aplicación, el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), que tendrá como tarea «proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas» del sistema y contempla la figura del ombudsman específico para este sector.
La iniciativa propone el establecimiento de cuotas mínimas de producción nacional, disposiciones para regular los contenidos en horarios de protección al menor y garantizar la libertad editorial, de expresión e información y la independencia de los medios, además de postular la prohibición de la censura previa.
También pretende la regulación de los mensajes publicitarios, la obligatoriedad de que los canales cedan espacios gratuitos en épocas electorales para propaganda proselitista, el uso compartido de canales radioeléctricos y la prohibición a las empresas telefónicas de explotar ondas de radio y televisión.
El proyecto incluye un capítulo sobre «autorregulación ética» para los titulares de SCA a partir de un código «determinado libremente por cada prestador, teniendo como base los principios y derechos que reconoce y promueve» la eventual futura ley.
También contempla los derechos de los periodistas, quienes podrán «negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento», según el texto girado al Parlamento.
La propuesta incluye la obligatoriedad de emitir a través del servicio de radiodifusión de televisión abierta, en directo y simultáneo, los partidos en instancias definitorias de torneos internacionales de las selecciones nacionales de fútbol y básquet.
