La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al gobierno de los Estados Unidos a hacer una investigación seria e imparcial sobre las condiciones de detención de personas migrantes bajo custodia, en una nota en la que expresa «profunda preocupación» por la muerte de diez personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) ocurridas en los últimos doce meses.
La más reciente de estas muertes fue la de Rolando Meza Espinoza, de Honduras, quien, de acuerdo con fuentes de conocimiento público, fue detenido por el ICE en abril de 2017 y falleció bajo su custodia el pasado 10 de junio como consecuencia de una serie de problemas de salud que no habrían sido tratados de manera adecuada por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.
De acuerdo con información oficial, de las diez personas que han fallecido en detención migratoria durante lo que va de 2017, dos eran de Honduras, una de Brasil, una de Guatemala, una de Jamaica, una de México, una de Nicaragua, una de Panamá, una de India y una del Reino Unido.
Estas muertes igualan a las ya ocurridas en 2016 en los centros del ICE, y las más altas en los últimos cinco años.
La mayoría de las acontecidas este año se han debido a problemas médicos, si bien ha habido un caso de suicidio después de haber estado en confinamiento solitario. La Comisión observa con preocupación que este último suicidio se suma a otros seis casos ocurridos durante los últimos cinco años.
La Comisión también expresa su profunda preocupación por información recibida respecto a huelgas de hambre que han venido ocurriendo durante los últimos meses en centros de detención migratoria de Adelanto Correctional Facility en el estado de California, y Northwest Detention Center en el de Washington, ambas operadas por la corporación privada GEO Group.
En las huelgas de hambre las personas migrantes y solicitantes de asilo han reclamado condiciones detención dignas, garantías de debido proceso, posibilidad de solicitar asilo y fianzas accesibles para poder llevar sus procedimientos en libertad. De acuerdo con información recibida, la Comisión expresa su preocupación por el uso del confinamiento solitario, así como agresiones y uso de gas pimienta.
La Comisión reitera que Estados Unidos tiene la obligación absoluta de prevenir y sancionar la tortura, así como la obligación de tratar digna y humanamente a las personas migrantes detenidas, con estricto apego a las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales y regionales sobre derechos humanos.
La Comisión reitera que cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un posible acto de tortura, el Estado debe garantizar que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal, y a reparar integralmente a las víctimas cuando proceda.
Asimismo, el Estado debe asegurar que a las personas migrantes que se encuentran detenidas en centros de detención migratoria se les garantice su derecho a presentar quejas o denuncias, sin represalias, por actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como por las condiciones de detención, ante las autoridades competentes, la Comisión Interamericana y demás instancias internacionales competentes.
De conformidad con normas y estándares internacionales, la Comisión reitera a Estados Unidos que la detención migratoria debe ser una medida excepcional y que debe hacerse después de una evaluación individualizada del caso y por el menor tiempo posible. Asimismo, el Estado no puede recurrir a la detención migratoria de niñas o niños y sus padres a fin de disuadir la migración irregular.
En casos excepcionales en los que se recurra a la detención migratoria, el Estado debe garantizar condiciones dignas de detención, incluyendo garantizar el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y asegurar que la utilización de medidas de aislamiento se hagan únicamente como medida de último recurso, limitadas en el tiempo y únicamente para salvaguardar intereses legítimos, de conformidad con los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, y recordando que su prolongación y aplicación inadecuada e innecesaria constituye actos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Negocio para empresas privadas
El comisionado Luis Ernesto Vargas, relator de Personas Migrantes de la CIDH, señala que “estas muertes se suman a la exigencia de mejores condiciones que han hecho las personas detenidas y la sociedad civil respecto a los centros de detención en Estados Unidos. Nos preocupa que a pesar de las huelgas de hambre y de los distintos informes y exigencias que hemos realizado desde la CIDH y desde organizaciones de la sociedad civil, las autoridades sigan sin tomar medidas efectivas para evitar las muertes y los abusos contra personas migrantes en detención”.
La comisionada Margarette May Macaulay, relatora de país para Estados Unidos de la CIDH, añade que: “es sumamente preocupante ver cómo la detención de migrantes continúa convirtiéndose en un negocio para empresas privadas y gobiernos locales sin que haya una mayor rendición de cuentas o transparencia respecto a lo que sucede dentro de los centros de detención migratoria. Lamentablemente, hemos visto que se ha buscado maximizar las ganancias a través de recortes en gastos en servicios, lo cual tiene un impacto negativo en las condiciones de detención, en particular en la salud física y psicológica de las personas migrantes detenidas.”
La CIDH recuerda que estas personas, independientemente de si los centros de detención son operados por empresas privadas o no, se encuentran bajo la custodia del Estado, y que éste es responsable de prevenir violaciones a derechos humanos, entre las que destaca la obligación de prevenir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. Para tal efecto, resulta fundamental asegurar mecanismos autónomos e independientes de monitoreo, permitiendo que las organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a los centros de detención para comprobar las condiciones de detención, lo que incluye garantizar el acceso a todas las instalaciones de los lugares de privación de libertad; el acceso a la información y documentación relacionada con el establecimiento y las personas privadas de libertad; y la posibilidad de entrevistar en privado y de manera confidencial a las personas internadas allí y al personal, tal como lo establece el Principio XXIV de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
La CIDH, conocidos estos datos, insta a las autoridades norteamericanas para que supervisen de manera adecuada sus contratos con empresas privadas, de forma tal que se cuente con mecanismos eficaces para asegurar el cumplimiento de condiciones de detención de conformidad con las normas y estándares de derechos humanos, a través de rendición de cuentas y transparencia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
