El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) alerta sobre la obstrucción a la cooperación internacional en Nicaragua al optar el Gobierno por una nueva línea en relación a la cooperación internacional que, con argumentos de proteger la soberanía, revisa proyectos y desarticula agencias de cooperación que actúan como intermediarios y garantes de la transparencia en el manejo de fondos.
Como resultado, la oficina nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), deberá cerrar 7 de sus programas y esperar la revisión del resto de ellos. El gobierno central está buscando la forma de que el remanente de fondos le sea adjudicado para ser ejecutado bajo su control. Así mismo, han llamado uno a uno los donantes bilaterales para la reorientación directa de sus aportaciones.
REDLAD argumenta que:
- En el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se declara el derecho a la “libertad de solicitar y recibir contribuciones voluntarias financieras y de otro tipo de particulares e instituciones”.
- En múltiples reportes el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación ha indicado que la capacidad de la sociedad civil para acceder a recursos financieros hacen parte fundamental del derecho a la libertad de asociación, ya que “la capacidad de buscar, obtener y utilizar recursos en fundamental para la existencia y el funcionamiento efectivo de toda asociación, por pequeña que sea”. Además, “las restricciones indebidas a los recursos de que disponen las asociaciones también socavan los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales en su conjunto”
- El Relator ha observado que una de “las razones para restringir los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación es la restricción del acceso a recursos, especialmente a la financiación de fuentes extranjeras”, rechazando dichas acciones.
Con estas consideraciones el Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de más de 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, miembro oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD), insta a la protección del espacio cívico en Nicaragua.
Además, señala que esta medida pone en riesgo el funcionamiento de las organizaciones en Nicaragua, el manejo transparente de los fondos, y la libertad de reunión pacífica y de asociación, así como los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales en su conjunto.
Y exige que se garantice el derecho a la libertad de expresión de una sociedad civil crítica así como sus medios de financiamiento.
