El Congreso de los Diputados de España ha aprobado el trámite parlamentario de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno que, para Jueces para la Democracia (JpD), se trata de una ley que no responde a ninguna necesidad social, en un país en el que la ciudadanía no expresa que la seguridad sea un problema importante, en contraste con la preocupación por la situación económica o la corrupción.
JpD recuerda que la inmensa mayoría de las manifestaciones y actos de protesta en España se desarrollan de forma pacífica, y añade que, además, la ley no va dirigida a mejorar la seguridad, sino más bien a intentar disuadir a los ciudadanos del ejercicio de sus derechos fundamentales ante el riesgo de que puedan ser sancionados con multas desproporcionadas por órganos administrativos vinculados al poder político.
La ley se apoya especialmente en conceptos jurídicos indeterminados, lo cual facilitará un elevado y peligroso margen de actuación policial sobre el ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía: «Desde Jueces para la Democracia valoramos con preocupación que en materia de derechos cada vez tenemos menos estado social y más estado policial».
La organización sostiene que «resulta inquietante constatar que buena parte del origen de la ley se encuentra en la desconfianza del Gobierno hacia la actuación de los tribunales independientes. Resulta evidente que al poder político no le han gustado toda una serie de resoluciones judiciales, como las que han considerado que no existieron infracciones penales en la manifestación del 25-S ante el Congreso, en los escraches pacíficos o en las actuaciones de protesta contra los desahucios. Al pretender regular conductas relacionadas con los derechos fundamentales, el Gobierno pretende convertirse en juez y parte para así poder sancionar protestas contra su propia gestión».
Agrega que, asimismo, la despenalización de las faltas para convertirlas en infracciones administrativas va a implicar una pérdida de garantías y, además, para interponerse recursos contra las sanciones en el ámbito judicial se tendrán que pagar tasas, lo cual no ocurre en el ámbito penal.
Remarca también el «carácter desorbitado de las multas». Por ejemplo, una desobediencia leve a un policía ahora se castiga habitualmente en los tribunales con una multa de entre 100 y 200 euros, en función de la capacidad económica. La nueva ley ha previsto un castigo de hasta 30.000 euros, que será impuesto por la autoridad gubernativa en un procedimiento que no tiene las mismas garantías que ante los tribunales y con menor capacidad de defensa.
(C) José Palazón / Pro.De.InPara JdP resulta especialmente criticable la legalización de las devoluciones en caliente. Y, en este ámbito, las palabras del ministro del interior invitando a acoger a inmigrantes en sus casas a quienes se oponen a esta regulación, «representan una manifiesta falta de respeto a los derechos humanos y una frivolidad impropia de quien ocupa un cargo en el Gobierno».
Los poderes públicos deben respetar los derechos de cualquier ser humano que se encuentra en nuestro territorio y garantizar su derecho de defensa y sus posibilidades de pedir refugio, asilo o cualquier otra circunstancia. Y ello se debe practicar a través del procedimiento correspondiente, sin que pueda ser sustituido por una expulsión por la vía de hecho, sin ninguna garantía, que vulnera nuestro ordenamiento jurídico y los tratados internacionales suscritos por nuestro país, considera JpD.
La asociación concluye que «en conjunto, con la nueva ley el Gobierno se muestra incapaz de gestionar la pluralidad democrática. En lugar de intentar convencer de su gestión con argumentos, desde el poder político se intentan silenciar las muestras de disconformidad. Y se pretende convertir el conflicto social inherente a una sociedad democrática en un conflicto de orden público propio de países autoritarios. La calidad de nuestra democracia constitucional será muy inferior tras este recorte de derechos y libertades».
