Una nueva entrega del Observatorio Trump en Aquí Madrid analiza la decisión de una jueza federal de California de declarar en desacato al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por retrasar deliberadamente la entrega de comunicaciones de más de 800 agentes de inmigración que participaron en las redadas de Los Ángeles del año pasado.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong impuso una multa de 500 dólares diarios al DHS hasta que cumpla la orden que le exige copiar digitalmente los teléfonos personales de los agentes, pruebas que la ACLU del Sur de California quiere usar para demostrar perfilado racial durante la llamada Operación At-Large.
El departamento ya ha pagado una primera sanción de 3500 dólares por el retraso acumulado.
La crónica de Aquí Madrid subraya que este caso, a diferencia de otros analizados en entregas anteriores, no enfrenta al Gobierno con el Partido Demócrata sino con una organización de derechos civiles, en un ejemplo depurado de cómo el Poder Judicial puede actuar como contrapeso técnico e independiente frente al Ejecutivo, al margen de la disputa partidista.
El desacato llega además mientras el propio DHS atraviesa un cambio en su cúpula: la Secretaría, que ejercía Kristi Noem cuando se abrió el litigio, está hoy en manos de Markwayne Mullin.
Puede leerse completa en Aquí Madrid: Una jueza declara en desacato al Departamento de Seguridad Nacional por ocultar pruebas en Los Ángeles
