Una comisión de las Naciones Unidas (ONU) que investiga el historial de discriminación racial de Estados Unido manifestó una fuerte inquietud ante la nueva serie de leyes que penalizan a las personas sin techo en este país, informa Carey L. Biron (IPS) desde Washington.
El número de estas personas se disparó desde que estalló la crisis financiera en 2008 y afectó sobremanera a las minorías raciales. En muchos lugares las autoridades adoptaron medidas enérgicas contra actividades como el dormir o incluso comer en público, a la vez que desfinanciaban los servicios sociales.
La crítica es producto de una comisión de expertos que analizan el avance en la aplicación de Estados Unidos de las obligaciones que asumió en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, en inglés).
«El Comité está preocupado por el elevado número de personas sin hogar, que proceden de manera desproporcionada de las minorías raciales y étnicas», y por su penalización «mediante leyes que prohíben actividades como la vagancia, el camping, la mendicidad y el estar acostado en espacios públicos», señaló en uninforme difundido el 29 de agosto.
En la historia de Estados Unidos, esta es la segunda vez que los antecedentes de discriminación racial del país, y en particular las acciones del gobierno federal, se examinan formalmente frente al derecho internacional.
La comisión le pidió al gobierno que «suprima» las leyes y políticas que facilitan la penalización de las personas sin vivienda y, a la vez, que genere incentivos para que las autoridades apliquen estrategias políticas alternativas.
En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU había advertido que la penalización de las personas sin techo equivale a un tratamiento «cruel, inhumano y degradante».
«Estos son expertos en derechos humanos que vieron abusos… en todo el mundo, pero aun así cuando escuchan hablar de estos temas en Estados Unidos quedan anonadados», según dijo a IPS el abogado Eric S. Tars, del Centro Nacional de Derecho sobre la Pobreza y las Personas sin Hogar .
El comité de la CERD solicitó información adicional del gobierno de Estados Unidos antes del próximo examen del país, en 2017. Otros asuntos destacados por la delegación de la ONU son los llamados perfiles raciales, práctica por la cual la policía interroga a las personas según su origen étnico, y la violencia armada, dos temas que suelen recibir mucha más atención de los responsables políticos y los medios de comunicación.
Progreso cuestionable
El examen del progreso de Estados Unidos en la aplicación de la CERD se realizó durante dos días a mediados de agosto, con la asistencia de unos 30 funcionarios y decenas de grupos de la sociedad civil.
Para algunos observadores, el mero hecho de que el gobierno de Barack Obama comparezca ante un órgano internacional para discutir estas cuestiones ya es importante, lo cual quedó de manifiesto por el tamaño considerable de la delegación y la extensa respuesta oficial a los cuestionamientos de la ONU.
«En muchos aspectos, socava la idea de la excepcionalidad de Estados Unidos, que no tenemos violaciones de los derechos humanos aquí», afirmó a IPS directora ejecutiva de la Red de Derechos Humanos de Estados Unidos, Ejim Dike.
«De hecho, tenemos muchas violaciones de derechos humanos, y nuestro pasado racial y lamentable presente racial son indicios de estas preocupaciones. A veces los titulares recuerdan tanto a lo que sucedió en los años 50 y 60 que se plantea la pregunta de cuánto hemos progresado», destacó.
Según algunos indicadores, la discriminación racial es peor ahora que décadas atrás.
El resumen oficial de la discusión entre los expertos de la ONU y los representantes de la sociedad civil registró el asombro de un miembro del comité «al darse cuenta de que, a pesar de varias décadas de acción afirmativa en Estados Unidos para mejorar» la diversidad «de colores y razas en las escuelas… la segregación es hoy en día mucho peor de lo que era en los años 70».
Del mismo modo, en los últimos años la disparidad étnica siguió caracterizando a las personas sin hogar en este país, algo que se reforzó a raíz de la crisis financiera de 2007 y 2008.
En 2010, por ejemplo, los afroestadounidenses tenían siete veces más probabilidades que la población blanca de necesitar una vivienda de emergencia, según estadísticas del Instituto de la Infancia, la Pobreza y la Falta de Vivienda, una organización de investigación. Discrepancias similares se pueden ver en el caso de los hispanos y otros grupos minoritarios.
Esto es importante porque, a diferencia de la legislación interna, la CERD prohíbe las políticas discriminatorias, independientemente de si su intención era discriminar o no.
Prohibido dormir y comer
También es importante la forma en que las autoridades responden a la falta de vivienda. Aunque la crisis financiera en los últimos años redujo los presupuestos estatales y provocó pérdida de empleos y hogares, la respuesta oficial fue la de fortalecer la represión para que esa situación sea más difícil aún.
En los últimos tres años, por ejemplo, el número de ciudades que prohibieron dormir en vehículos creció 119 por ciento, según datos publicados en julio. La prohibición de dormir o acampar en público también creció 60 por ciento en ese lapso.
«Estos números, en general, están subiendo y, en algunos casos, de manera importante», sostuvo el abogado Tars.
«Los únicos casos en los que esos números bajan es en algunas ciudades que eliminaron las ordenanzas que prohíben la mendicidad y el dormir en ciertas áreas, y en su lugar las reemplazaron con prohibiciones que abarcan a toda la ciudad», añadió.
Mientras tanto, la recesión económica agravó la pobreza en lugares donde antes no se veían estos problemas, en las comunidades suburbanas y rurales. Los servicios sociales ya eran limitados en esas zonas, y los problemas de la economía nacional hicieron que las autoridades redujeran aun más los presupuestos públicos.
«Primero las comunidades y los gobiernos recortan los recursos para los refugios y las organizaciones afines y dicen que eso no es responsabilidad del Estado. Y algunos hasta dificultan la labor de las organizaciones benéficas que se ocupan de la cuestión, por ejemplo, al castigar a aquellos que comen alimentos donados en público «, explicó Tars.
«De hecho, hay evidencia significativa de que la penalización es más cara y menos eficaz que el proporcionar viviendas de bajo costo», añadió.
- Editado por Stephanie Wildes / Traducido por Álvaro Queiruga
