El relator de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, señala que la capacidad de los Estados de aprovechar los avances tecnológicos para monitorear de manera invasiva y arbitraria a sus ciudadanos, contravienen el derecho a la privacidad, y crítica la noción no especificada que tienen los gobiernos de “seguridad nacional”.
Según una información de Cerigua, el funcionario internacional presentó recientemente un informe en el que se reveló que las intervenciones de las comunicaciones practicadas por los Estados, se llevan a cabo sin que los ciudadanos estén al tanto, puedan cuestionarlas o impugnarlas.
El experto recordó que los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión están reconocidos en las leyes internacionales y que los Estados están obligados a respetarlas y a garantizar su vigencia.
La Rue hizo énfasis en el control que tienen los Estados sobre las telecomunicaciones y sobre el Internet, así como los recursos tecnológicos con los que cuentan y al uso que le dan para vigilar a sus ciudadanos.
El Relator de la ONU cuestionó la regulación de ese tipo de prácticas en algunos países y como las autoridades locales que implementan la vigilancia sobre la ciudadanía, son las que deciden el destino de la información monitoreada.
Esos son algunos de los puntos que precisan estudiarse con urgencia en el mundo para garantizar la protección del derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, dijo La Rue durante la presentación del documento.
Al igual que otras garantías fundamentales, esos derechos solo pueden limitarse en circunstancias excepcionales; las leyes nacionales relacionadas con esa práctica en el contexto de sociedades democráticas, son inadecuadas, agregó el funcionario de la ONU.
La Rue hizo una fuerte crítica a la noción no especificada que tienen los gobiernos de “seguridad nacional”, que se ha convertido en una justificación aceptable para la intercepción de las comunicaciones en muchos países.
Es urgente que los Estados revisen su legislación para estipular claramente cuáles son las circunstancias excepcionales para vigilar a los individuos, aseguró el Relator e hizo un llamado a la ciudadanía para que tome conciencia sobre las crecientes amenazas que las nuevas tecnologías suponen para su privacidad.
