Todavía queda mucho por hacer para que víctimas de ETA (Euskadi Ta Askatasuna), y de otros grupos armados, como los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), puedan acceder a verdad, justicia y reparación, ha señalado Amnistía Internacional en el inicio de la campaña para las elecciones vascas del próximo 25 de septiembre.
La organización denuncia además que, a pesar de algunas iniciativas del gobierno vasco, los casos de tortura y otros malos tratos que se han dado en el contexto de la lucha antiterrorista siguen prácticamente impunes.
“Los grupos políticos que se presentan a las elecciones deben asumir el compromiso firme de situar los derechos humanos en el eje central de su política”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Se debe hacer una revisión de los abusos graves cometidos por ETA y que han sufrido amplios sectores de la población entre los años 1960 y 2011, con el fin de que todas las víctimas tengan acceso a la verdad, justicia y reparación que merecen”, añade Esteban Beltrán.
La organización denuncia que falta información detallada y desglosada por parte del Gobierno central acerca del número de personas fallecidas, heridas, las que sufrieron extorsión o vieron otros derechos vulnerados por parte de ETA. “Eso solo puede suponer más dolor para las víctimas: los Estados tienen la obligación de proporcionarles esa información para que accedan a una adecuada reparación, así como para luchar contra la impunidad «, asegura Beltrán, quien recuerda que, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, todavía hay doce casos por atentados de ETA en los que los familiares y afectados desconocen el estado procesal en el que se encuentran los expedientes. Tampoco se conoce, por parte del Estado, una cifra oficial sobre el número total de casos que están sin esclarecer.
Lo mismo sucede con las víctimas de otros grupos armados, como los GAL, que cometieron, en conexión con funcionarios del Estado, atentados en la década de los ochenta. Un ejemplo de ello son los datos de un informe del gobierno vasco que señala que el 37 % de estos casos de los GAL habría quedado sin esclarecer.
Por otra parte, Amnistía Internacional denuncia una vez más cómo en el caso de las víctimas de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el marco de la lucha anti-terrorista, los derechos de verdad, justicia y reparación no se reconocen: “Por parte del gobierno central queda todo por hacer a este respecto: el Estado ni siquiera ha reconocido públicamente la práctica de la tortura”, asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España.
La organización señala que solo se han impulsado iniciativas para recoger datos sobre las violaciones de derechos humanos que se han cometido en el marco de la lucha antiterrorista por parte del gobierno del País Vasco, como el estudio del Instituto Vasco de Criminología (IVC), que ha recopilado miles de denuncias de tortura y otros malos tratos.
En ese sentido, y a pesar de que no existe información sistematizada y disponible sobre el número de procesos judiciales contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por este tipo de delitos, algunas instituciones sí han dado pasos para recoger datos que muestran que falta una verdadera rendición de cuentas y una adecuada reparación a las víctimas de la tortura. El propio IVC, por ejemplo, ha recogido un total de 21 sentencias que condenan a 50 personas por hechos ocurridos entre 1979 y 2003, frente a las 4009 personas identificadas que denuncian haber sufrido torturas o malos tratos hasta 2014.
“Amnistía Internacional lleva décadas manifestando su preocupación por la falta de investigaciones prontas y exhaustivas y por la impunidad que rodea a la tortura en España. La tortura es un crimen de derecho internacional y no está justificada en ningún caso, ni siquiera en situaciones excepcionales que pongan en peligro la seguridad pública”, recuerda Virginia Álvarez.
Así lo ha señalado también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que desde 2010 ha condenado a España hasta en siete ocasiones por no haber emprendido investigaciones efectivas y en profundidad sobre las denuncias de tortura a manos de las fuerzas de seguridad durante el régimen de incomunicación, una medida que, para AI, facilita la tortura.
Amnistía Internacional ha elaborado una agenda con siete medidas para que los grupos políticos que se presentan a las elecciones vascas impulsen en el Parlamento Vasco y ante el Gobierno central:
- Garantizar por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA, y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL.
- Asegurar el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de tortura, y otros malos tratos y pedir a las autoridades vascas y centrales un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha anti-terrorista.
- Que las autoridades, tanto a nivel central como autonómico, incluyendo las judiciales, realicen y colaboren en las investigaciones sobre casos pendientes de graves abusos y violaciones a derechos humanos durante las últimas décadas y se haga lo posible para procesar a quienes han eludido la acción de la justicia.
- Continuar avanzando en las iniciativas que ya han dado comienzo en el País Vasco en la sistematización de toda la información disponible sobre las violaciones y abusos de derechos humanos cometidas durante los años 1960 y 2011. Y pedir al Gobierno central que también recoja y publique datos oficiales detallados y desglosados de las violaciones y abusos cometidos.
- Instar al Gobierno central a revisar la legislación anti-terrorista española (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos; y poner fin al régimen de incomunicación para las personas detenidas.
- Revisar la Ley de Partidos para eliminar las ambigüedades que pudieran dar lugar a emprender procesos de ilegalización de partidos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica.
- Garantizar, a través de una revisión de la actual política penitenciaria por parte del Gobierno central, que los presos y presas puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible e individualmente lo soliciten, según marcan los principios de Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.
