Las autoridades paquistaníes deben dejar en libertad de inmediato a un cristiano que ha sido condenado a muerte en aplicación de la draconiana legislación del país sobre la blasfemia y anular su sentencia condenatoria, ha manifestado Amnistía Internacional.
Savan Masih, barrendero cristiano de Lahore, ha sido condenado a morir en la horca por blasfemia, y tiene también que pagar 200.000 rupias de multa. Fue detenido el 6 de marzo de 2013 tras ser acusado por un amigo de hacer observaciones blasfemas durante una discusión.
“Ha sido una parodia de justicia –ha señalado David Griffiths, director adjunto de Amnistía Internacional para Asia y el Pacífico–. Hay graves motivos de preocupación con respecto al juicio de Savan Masih con las debidas garantías; además, una discusión entre dos amigos no es razón para enviar a nadie a la horca. Savan Masih debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.”
La imprecisa formulación de las leyes sobre la blasfemia, junto con la investigación insuficiente por parte de las autoridades y las intimidaciones de la gente y de algunos grupos religiosos, ha fomentado entre la población de todo Pakistán la práctica de tomarse la justicia por su mano, especialmente en el estado nororiental de Punyab.
La detención de Savan Masih provocó dos días de disturbios en el barrio de Lahore donde vivía, la denominada Colonia de José, donde una muchedumbre de 3.000 personas quemó alrededor de 200 viviendas cristianas.
La policía había sido alertada de la inminencia del ataque, pero no tomó medidas adecuadas para proteger a la comunidad. Aunque se han presentado cargos contra decenas de los presuntos responsables, aún no se dictado sentencia condenatoria contra nadie.
“Jamás debería haberse permitido que en unos disturbios quedara prácticamente destruido uno de los barrios cristianos más antiguos de Lahore. El duro trato dispensado a Savan Masih en aplicación de la ley contrasta acusadamente con la ausencia aún de juicios contra los presuntos responsables de incendiar deliberadamente las viviendas. Pone de manifiesto la discriminación que se ejerce contra los cristianos y otras minorías religiosas por medio de la legislación sobre la blasfemia y el sistema de justicia de Pakistán en general”, ha explicado David Griffiths.
Todas las personas responsables de los ataques contra viviendas cristianas deben ser llevadas ante la justicia para que sean sometidas a un juicio justo y en el que no se recurra a la pena de muerte.
“No hacerlo supondrá, en la práctica, dar a entender que cualquiera puede cometer terribles abusos con la excusa de proteger los sentimientos religiosos”, ha añadido David Griffiths.
La blasfemia es punible con la muerte según la legislación paquistaní, aunque no cumpla el criterio de los “más graves delitos”, que son los únicos por los que cabe imponer la pena capital según el derecho internacional.
