La Federación Colombiana de Periodistas ha presentado un informe sobre afectaciones a la libertad de prensa del año 2017, “Las fórmulas del silencio”, en el que describe vulneraciones sistemáticas que tienen como propósito amordazar la verdad y son el resultado de las deficientes garantías con las que se ejerce el periodismo en Colombia, informa Adriana Hurtado, presidenta de la Fecolper.
Según este informe, en 2017 se registraron 276 vulneraciones, con un total de 326 víctimas. Las amenazas (30,4 %), seguidas por las agresiones físicas (10,7 %) y las obstrucciones al trabajo periodístico (9 %), son las formas de violencia más recurrentes.
Para Adriana Hurtado, sorprende que el Estado, con la sumatoria de los casos atribuibles a funcionarios públicos y la fuerza pública, con 83 casos en conjunto (25 % del total de casos), encabece la tabla de agresores contra la libertad de prensa. Los particulares son responsables de igual porcentaje de los casos totales.
Las zonas de mayor dificultad para ejercer el periodismo, seguida de la capital del país (25,7 %), son los departamentos de Antioquia (10,5 %), Cauca (9,42 %), Santander (5,43 %) y Valle del Cauca (5,07 %).
Las cifras reflejan que se mantiene como forma de violencia más recurrente la amenaza individual y colectiva, con 99 casos que corresponden a casi un tercio (30,4 %) del total de agresiones contra el ejercicio periodístico. En segundo lugar, se ubican las agresiones físicas con un total de 35 casos (10,7 %) y la obstrucción al trabajo periodístico con un total 29 casos (8,9 %).
La sumatoria de casos correspondientes a estos tres tipos de agresiones (163 casos) representa casi el 50 % de las formas de violencia registradas durante 2017. Es importante tener en cuenta que desde 2014, la Fecolper ha registrado una permanencia de estas tres formas de violencia en los primeros lugares del ranking de agresiones.
En el informe se hace referencia además al uso de la estigmatización y el señalamiento como formas de desprestigio de la actividad periodística y quienes la ejercen, por parte de funcionarios públicos, especialmente aquellos que ocupan cargos de elección popular. Del total de 24 casos, correspondientes al 7,4 % del total de agresiones, 19 son atribuibles a funcionarios públicos lo que representa el 76 % del total de este tipo de agresiones ocurridas en 2017.
Adicionalmente, se advierte sobre el aumento de acciones legales que se interponen contra periodistas y medios de comunicación como forma de acoso judicial, a través de denuncias por injuria, calumnia e incluso pánico económico, y se hace énfasis en un desmedido uso del derecho a la rectificación sin que esta procediera.
La mayor concentración de agresiones contra periodistas se sigue registrando en Bogotá, con 71 casos reportados (25,72 %), seguido de Antioquia (10,5 %), Cauca (9,42 %), Santander (5,43 %) y Valle del Cauca (5,07 %). La sumatoria de casos registrados en estos cinco lugares es de 155 casos, que lograron afectar a un total de 179 periodistas víctimas. En otras palabras, Bogotá junto a los cuatro departamentos que encabezan el ranking concentran más del 50 % del total de agresiones a la libertad de prensa en todo el país y se resalta el aumento significativo de agresiones a la libertad de prensa en departamentos como Cauca y Santander, que tuvieron un ascenso significativo en el ranking, llegando a posicionarse entre los primeros cinco lugares.
Sobre los presuntos responsables de las afectaciones, la primera posición es ocupada por particulares (83 casos), seguida por autores desconocidos (81 casos), funcionarios / servidores públicos (49 casos), la Fuerza Pública (34 casos) –en su mayoría integrantes de la Policía Nacional, particularmente el ESMAD– y paradójicamente se registra un aumento significativo de agresiones provenientes de las guerrillas (15 casos), que se ubican en quinto lugar.
Funcionarios públicos principales agresores
Preocupa fundamentalmente que se mantenga la tendencia, alertada por la Fecolper en 2016, que ubica a los funcionarios públicos como principales agresores contra la libertad de prensa. En los casos de campañas de desprestigio o estigmatización y obstrucciones al trabajo periodístico son los funcionarios públicos los principales agresores como lo evidencian las cifras. Los funcionarios públicos fueron los principales responsables en el impulso de campañas de desprestigio o estigmatización contra periodistas con el fin de minar su credibilidad frente a investigaciones o publicaciones que afectan sus intereses.
El informe también señala las decisiones de la justicia que afectan la libertad de prensa, menciona el estancamiento de iniciativas estatales y plantea cinco desafíos para el 2018: garantías para el cubrimiento de elecciones, la necesidad de avanzar en los procesos de política pública para la libertad de expresión y la reparación colectiva a periodistas; los retos frente a la implementación Acuerdo de Paz en clave de libertad de expresión, el fortalecimiento del gremio y las garantías para el ejercicio periodístico
Finalmente, la Fecolper, en conmemoración del día clásico del periodista, resalta la labor periodística en el país, y socializa el libro “Sociedad, guerra y periodismo: La información en tiempos de fusiles”, un amplio diagnóstico de los daños que ha dejado la larga duración del conflicto armado en Colombia, como consecuencia de las distintas formas de violencia que restringieron la labor de las personas que ejercen la actividad periodística y los medios de comunicación, al tiempo que limitaron el derecho a la información de la población.
