El Consejo de Estado de Colombia – máximo tribunal que define los procesos que involucran al Estado – condenó a la Nación por el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón Forero ocurrido el 13 de agosto de 1999, según una sentencia del 14 de septiembre, informa Silvia Higuera[1].
En la sentencia, el alto tribunal condena a la Nación representada por el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional, y señala la responsabilidad de agentes del ahora extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia del país.
También ordena pagar una indemnización a los familiares del periodista y celebrar una ceremonia pública en la que el comandante del Ejército y el Director de la Policía Nacional pidan excusas y acepten la responsabilidad por el crimen.
Según el Consejo de Estado, para cometer este homicidio se produjo una alianza entre agentes del Estado con grupos al margen de la ley, en este caso, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Asimismo, considera que el homicidio de Garzón se trató de un crimen de lesa humanidad.
En la sentencia, el tribunal también afirma que el homicidio fue una “ejecución extrajudicial” ocurrida “en medio de un ataque generalizado y sistemático propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal, en contra de un grupo determinado de individuos con características políticas comunes, es decir, personas que pudieran tener algún tipo de vínculo con grupos subversivos (ONG, defensores de derechos humanos, periodistas, etc.)”.
Para el Consejo de Estado “está probado” que el exsubdirector de Inteligencia del DAS, José Miguel Narváez, y el exjefe de Inteligencia de la Brigada 13 del Ejército, coronel [r] Jorge Eliécer Plazas Acevedo, “no solo adelantaron seguimientos contra el humorista, sino que compartieron la información recolectada con el excomandante de las Autodefensas Carlos Castaño, a quien sugirieron ordenar el homicidio”.
Las actividades de Garzón como mediador en algunos secuestros cometidos por la guerrilla de las FARC provocó que los agentes estatales lo vincularan con la guerrilla y de allí que instaran a Castaño a que terminara con su vida, dice el Consejo de Estado.
Por el asesinato de Garzón solo se produjo la condena de Carlos Castaño, hallado culpable y sentenciado a 38 años de prisión en 2004, cuando el exjefe paramilitar ya estaba muerto, según el diario El Espectador.
Sin embargo, tanto Narváez como Plazas Acevedo están siendo procesados por el crimen. Narváez por el delito de homicidio agravado en calidad de coautor y Plazas Acevedo por el delito de homicidio agravado en calidad de determinador, agrega El Espectador.
El pasado marzo, un fiscal de Colombia catalogó el asesinato de Garzón como un “crimen de Estado”. Así como lo señaló el Consejo de Estado, para la Fiscalía, agentes del Estado hicieron seguimientos al periodista y dieron la información a sicarios de la banda criminal ‘La Terraza’ de Medellín que llegaron a Bogotá para cometer el homicidio contratados por Castaño.
La Fiscalía incluso sostiene que los sicarios contratados se hospedaron en la casa del coronel Plazas Acevedo. También maneja una hipótesis según la cual un general de la Policía Nacional ayudó a desviar la investigación de su asesinato.
No obstante, la Fiscalía ha rechazado catalogar el asesinato como un crimen de lesa humanidad. Familiares, abogados y organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa han pedido durante años que el crimen sea catalogado así con el propósito de evitar que este prescriba, es decir, que se acabe el tiempo para investigarlo.
- Información publicada inicialmente en el Blog de Silvia Higuera.
