Este 18 de agosto, al cumplirse veinte años de creación del Programa de Protección a Periodistas por parte del Estado colombiano, el balance sigue siendo mediocre, pues funciona como «un escudo de plumas», el cual no alcanza a salvaguardar la vida e integridad de los informadores, traspasando heridas a la democracia, sostiene la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).
La Fecolper recoge en un informe varias recomendaciones, como organización de la sociedad civil que ha participado y representado a los periodistas y comunicadores sociales en este Programa, sin desconocer aquellas dificultades que existen en la ruta de protección del Estado.
Éstas se dirigen a la Unidad Nacional de Protección en términos de evaluación del riesgo, operación logística y presupuestal; control interno y veeduría y respuesta territorial inmediata; a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo para hacer efectiva la protección, en razón de la necesidad de articulación interinstitucional y a la responsabilidad de colaboración armónica de las entidades del Estado, así como a la responsabilidad de vigilancia disciplinaria en el caso de la Procuraduría General de la Nación.
La reingeniería que practica la Unidad Nacional de Protección, UNP, se ve como una oportunidad para incluir varias sugerencias que vuelven a plantearse para hacer efectiva y eficiente la protección de protección a periodistas y comunicadores sociales.
La Federación señala que se han hecho reiteradas solicitudes, exigencias y acuerdos previos que no han sido cumplidos, adoptados o implementados por la Unidad Nacional de Protección ni el Ministerio del Interior, y que, en todo caso, dan cuenta de la necesidad de garantizar la participación efectiva de la sociedad civil y por consiguiente del cumplimiento de los principios constitucionales de colaboración armónica y corresponsabilidad entre diferentes entidades.
Es necesario que se tenga en cuenta la dinámica diferencial del ejercicio periodístico que implica riesgos disímiles, condiciones logísticas y cotidianas particulares.
«La protección por parte del Estado, debe incluir su vida, su integridad, la de su familia y ante todo, la de una sociedad con derecho a estar informada, lo cual es requisito sin ecuánime para una democracia», señala Adriana Hurtado, presidenta de la Fecolper.
Preocupa, desde el punto de vista de derechos humanos, la mirada gubernamental reflejada en los lineamientos del Plan de Acción de Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, en el que, entre otras cosas, se explica que la situación de desprotección será atendida a partir de los planes militares Victoria Plus y Horus.
En estas dos décadas del sistema de protección de periodistas en Colombia se hacen más evidentes las necesidades de la participación ciudadana en la resolución de los vacíos constantes, la atención del actual gobierno a estos llamados y la receptividad de las instituciones participantes en salvaguardar los principios fundamentales para una sociedad democrática en medida que se salvaguarda a los informadores, porque son ellos parte sustancial de ésta, concluye la Fecolper.
