Diversas organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, entre ellas Reporteros sin Fronteras (RSF), publicaron el lunes 27 de abril de 2015 un informe sobre la libertad de información en el estado de Guerrero, México. Los hechos constatados son abrumadores.
En marzo pasado RSF, Freedom House, Propuesta Cívica, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Periodistas de a Pie y la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) llevaron a cabo una misión en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, para documentar las agresiones a periodistas, sus condiciones de trabajo y los obstáculos que enfrentan en el ejercicio de su profesión. Estos representantes de la sociedad civil, entre ellos la corresponsal de RSF en México, Balbina Flores, se pusieron en contacto con profesionales de los medios de comunicación, así como con las autoridades del estado.
Esta misión se desarrolló en medio de una situación muy tensa y polarizada, marcada por la profunda crisis que atraviesa el Estado tras la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas en septiembre pasado. Esta crisis social, a la que se suma la inseguridad generalizada, ha provocado constantes movilizaciones. En la región concurren grupos criminales organizados y numerosas milicias de autodefensa. En junio próximo Guerrero vivirá una de las elecciones más difíciles de su historia. Un estado cada vez más violento
Guerrero es uno de los estados que firmó en 2013 un acuerdo de cooperación con el Mecanismo para la Protección de Periodistas y de defensores de los derechos humanos, con lo que las autoridades regionales se comprometieron a “velar por la protección y la asistencia de periodistas y defensores de los derechos humanos”.
No obstante, doce periodistas fueron asesinados entre 2002 y 2014, entre ellos Jorge Torres Palacios y Miguel Ángel Guzmán, columnista del diario Vértice, quienes perdieron la vida el año pasado. Marco Antonio López, quien era jefe de información del diario Novedades Acapulco, se encuentra desaparecido desde 2011. Freedom House registró la cifra récord de 46 agresiones físicas en 2014, une situación confirmada por los periodistas contactados durante la misión. Estos refieren a amenazas, robos, acoso, agresiones físicas, secuestros, extorsiones y el asesinato de dos periodistas.
“Frente a la violencia que padecen los periodistas en el estado de Guerrero, Reporteros sin Fronteras hace un llamado a las autoridades del estado para que establezcan una política integral basada en las necesidades reales de los periodistas, en la que se ponga especial énfasis en la prevención, la protección, el acceso a la justicia y la indemnización por los daños ocasionados”, señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de RSF. “Dado que en junio próximo se realizarán las elecciones, es más urgente que nunca tomar medidas eficaces para evitar que se cometan nuevos ataques”, agregó.
Según los testimonios recabados en Chilpancingo, la mayoría de estos ataques son cometidos por funcionarios públicos, en particular por algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la policía y el ejército. Los reporteros también trabajan bajo la amenaza del crimen organizado. Asimismo, algunos movimientos sociales y políticos son cada vez más hostiles con la prensa, a la que acusan de ser una “vendida” y de manipular la información. Según información de RSF, desde octubre de 2014 cerca de treinta periodistas han sido agredidos durante las manifestaciones para reclamar justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Robo de equipo, imágenes borradas, agresiones: la cobertura periodística es cada vez más un trabajo arduo.
Condiciones de trabajo precarias
La mayoría de los periodistas trabajan en condiciones de vulnerabilidad: contratos precarios, a menudo no cuentan con la cobertura de la seguridad social, jornadas de trabajo demasiado largas a cambio de una remuneración reducida. A esto se suma la falta de apoyo de los editores y de sus medios de comunicación.
Actualmente, aunque Guerrero cuenta con fondos para apoyar a los periodistas, la falta de una política pública integral constituye un problema. En los hechos, las políticas y los programas gubernamentales supuestamente destinados a apoyar el periodismo, como las subvenciones, terminan convirtiéndose en mecanismos “legítimos” para restringir la libertad de información y para favorecer la cooptación.
México ocupa el lugar 148, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras publicada en febrero de 2015.
