En el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre, Reporteros sin Fronteras (RSF) recuerda el papel fundamental de los periodistas que denuncian escándalos de corrupción –que en ocasiones ocurren en las más altas esferas del Estado– y que se exponen por ello a graves peligros.
En muchos países donde la corrupción es endémica, ésta constituye uno de los principales tabús a los que tienen que enfrentarse los periodistas y, a menudo, uno de los temas más peligrosos a abordar. No obstante, tanto en los países ricos como en los pobres, los periodistas suelen estar en primera línea en la lucha contra la corrupción y pagan caro realizar sus investigaciones, para impedir que la corrupción socave la democracia y traiga consigo más violaciones a los derechos humanos.
“Las guerras, las crisis políticas y económicas, así como los excesos autoritarios, son los principales factores que favorecen la corrupción”, afirma Virginie Dangles, jefa de redacción de Reporteros sin Fronteras (RSF). “De Turquía a Eritrea, pasando por Somalia, México, Rusia e Irán, constatamos que comúnmente los periodistas y los periodistas-ciudadanos son víctimas de esta plaga. Nuestra organización hace un llamado para que se refuerce la protección de los medios de comunicación y de los periodistas que, luchando contra la corrupción, defienden los fundamentos de las instituciones democráticas y el Estado de derecho”.
Informar sobre la corrupción, una actividad peligrosa
El 21 de enero de 2016 Marcos Hernández Bautista, periodista mexicano de 38 años de edad que trabajaba para el diario Noticias Voz e Imagen, fue asesinado de un disparo en la cabeza en el municipio de San Andrés Huaxpaltepec, en el estado de Oaxaca, poco después de que se difundieran publicaciones que “había tocado intereses políticos y de cacicazgos en la región”.
Si bien no todos los periodistas de investigación arriesgan su vida, muchos de ellos deben enfrentarse a la justicia. En 2016 cerca de 70 representantes de medios de comunicación turcos continúan enfrentando procesos judiciales por haber mencionado o difundido a finales de 2014 las denuncias de corrupción de allegados del entonces Primer Ministro, ahora presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.
En Rusia, el periodista de investigación Alexandre Sokolov, especializado en casos de corrupción a gran escala, es una de las figuras emblemáticas de la represión que padecen aquellos que se atreven a mostrar los abusos del poder. El 9 de noviembre pasado este periodista de la agencia de prensa RBC compareció ante un tribunal de Moscú tras más de 15 meses de instrucción. Sokolov está acusado de «organización de grupo terrorista», un delito por el que puede ser condenado a ocho años de prisión. Esto, después de que el periodista hizo una investigación, muy bien documentada, sobre la malversación de cerca de 93 mil millones de rublos (alrededor de 1,27 mil millones de euros) en la construcción del cosmódromo Vostochny (Siberia oriental). Estos periodistas demasiado curiosos, como Sergueï Reznik, quien no dejó de denunciar la corrupción de las élites locales de Rostov del Don (oeste) hasta que fue detenido, en 2013, se han convertido en un blanco para las autoridades rusas.
Las condenas por “difamación” o “atentar contra el honor” llueven sobre los periodistas que muestran los conflictos de interés o la colusión de los órganos gubernamentales con los actores privados. El 11 de marzo de 2016 David Natera Febres, director del diario venezolano Correo del Caroni, fue declarado culpable de “difamación e injuria” por el tribunal penal del Estado de Bolívar, que lo condenó a cuatro años de prisión. ¿Cuál fue su falta? Haber cubierto un escándalo de corrupción y extorsión de fondos que implicaba a oficiales del ejército y a la empresa pública Ferrominera Orinoco en 2013.
En Angola, el periodista Rafael Marques de Morais fue condenado el 28 de mayo de 2015 a seis meses de prisión condicional por “denuncia calumniosa”, por haber señalado las graves violaciones a los derechos humanos y los casos de corrupción relacionados con la explotación de diamantes en la región de Lundas (noreste del país).
En Panamá, días antes de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC por sus siglas en inglés), que se realizó del 1 al 4 de diciembre de 2016, el periodista holandés Okke Ornstein fue detenido en la aduana del aeropuerto internacional de Tocumen, de la ciudad de Panamá, y fue encarcelado enseguida. Ornstein está en el punto de mira de la justicia por haber denunciado graves casos de corrupción en el país en sus publicaciones. Desde 2012 el periodista enfrenta una sentencia a 20 meses de prisión (ocho meses por injuria y doce por calumnia) debido a una demanda presentada por el empresario canadiense Monte Morris Friesner, por una serie de artículos que el periodista publicó en el sitio web Bananama Republic (uno de sus blogs personales). Ornstein denunciaba en ellos las actividades ilícitas (fraude y blanqueo de dinero) de la empresa Pronto Cash.
El caricaturista Zunar, perseguido por el gobierno de Malasia, enfrenta nueve cargos, todos basados en la Sedition Act, por los que podría ser condenado hasta a 43 años de prisión por haber publicado en Twitter nueve caricaturas en las que denunciaba la corrupción del gobierno de Najib Abdul Razak y el proceso –que tuvo mucho eco en los medios de comunicación– del opositor político Anwar Ibrahim. Al igual que Zunar, el bloguero singapurense Roy Ngerng provocó la furia del Primer Ministro de su país, Lee Hsien Loong, cuando publicó en mayo de 2014 un artículo en el que cuestionaba la gestión del gobierno de los fondos de jubilación de Singapur (Central Provident Fund, CPF).
En numerosos países ubicados en el último tercio de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF, la falta de independencia de la justicia y la colusión del gobierno y los magistrados con los hombres de negocios, son un obstáculo más para el periodismo de investigación. Tal como lo expresa el periodista kazajo Lukpan Akhmediarov, ganador del premio Peter Mackler: “la justicia se ha convertido en un medio de presión contra la prensa” (octubre de 2012).
Los informantes que revelan prácticas oscuras e ilegales de las grandes empresas privadas corren el mismo riesgo –a veces incluso más– de sufrir represalias judiciales. Una muestra de ello es la condena de los exempleados de la compañía PricewaterhouseCoopers (PwC), Antoine Deltour y Raphaël Halet, dictada por la justicia de Luxemburgo el 29 de junio pasado; fueron sentenciados a doce y nueve meses de prisión condicional, respectivamente, por haber contribuido a esclarecer las prácticas fiscales de grandes multinacionales establecidas en Luxemburgo. Esto, a pesar de que el periodista Edouard Perrin, quien también estaba acusado en este caso, fue absuelto. Los tres apelaron la sentencia en primera instancia
“La Clasificación más reciente de la ONG Transparency International sobre el grado de corrupción de los países en el mundo y la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de RSF muestran que existe una correlación entre la libertad de información y la corrupción: los países en los que la libertad de información no existe o está muy restringida son aquellos en los que hay mayor corrupción”, explica Virginie Dangles. «No es azar que países como Dinamarca, Finlandia o Suecia se encuentren a la cabeza en las dos clasificaciones, mientras que naciones como Eritrea, Corea del Norte o Sudán sean los peor clasificados por las dos organizaciones. Es urgente que estos países hagan de la lucha contra la corrupción y de la protección de los periodistas una prioridad”, agregó.
En Irán, la represión del régimen busca esconder la impotencia y la ambigüedad de las autoridades en la lucha contra la corrupción. Desde el inicio del año, al menos cuatro periodistas han sido encarcelados y cuatro medios de comunicación suspendidos; enfrentan procesos judiciales por haber mostrado que altos responsables del régimen estaban implicados en diversos casos de soborno y de salarios estratosféricos. En septiembre de 2016 Sadra Mohaqeq, editor de la sección de sociedad del diario Shargh, y Yashar Soltani, director del sitio web memarinews.com, fueron detenidos; más tarde los pusieron en libertad en espera de un juicio. Asimismo, algunos sitios web informativos han sido censurados temporalmente tras haber cubierto casos de corrupción o haber criticado la ambigüedad del sistema judicial en su lucha contra la corrupción, es el caso de puyesh y 9sobh, así como de las agencias de prensa Mojnews y Bornanews. Cada año, cerca de mil millones de dólares se pagan como soborno. La ONU* considera que la corrupción es el principal obstáculo para el desarrollo político, económico y social del mundo. Ésta afecta a todos los países del planeta
Nota
- El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 58/4, y declaró el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción, para sensibilizar al mundo sobre este problema y dar a conocer el papel de la Convención en materia de lucha y prevención
