La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) celebra que los partidos políticos hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para acordar que la presidencia de la radio y televisión pública de España deba ser una persona elegida por el Parlamento tras un concurso público, por una mayoría cualificada de 2/3 (233 votos) y con transparencia, lo que les obliga a recuperar para ese nombramiento el consenso que eliminó el PP en 2012 con su mayoría absoluta.
La modificación de la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal, que han aprobado todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados este 22 de junio de 2017, es el primer paso para que RTVE sea de verdad un servicio público independiente, profesional y no controlado por el gobierno de turno, señala la FeSP.
La proposición de ley que presentó el PSOE -consensuada con Unidos Podemos y Ciudadanos mediante enmiendas, y apoyada finalmente por el PP y los demás grupos- no responde a todos los cambios que la FeSP ha defendido para la radio y televisión pública estatal, pero sienta las bases «para que termine la etapa más negra de RTVE, bajo el mandato de un presidente que la ha puesto servilmente a defender los intereses del Gobierno del PP, y para que el Consejo de Administración lo integren personas elegidas por sus méritos profesionales y no por sus afinidades políticas».
La FeSP valora que la futura ley impedirá que un partido político pueda bloquear el nombramiento, como ya ha ocurrido porque, en el caso de que no se alcancen los 2/3 de los votos, el presidente o presidenta podrá ser elegido por mayoría simple pero siempre que sea propuesto al menos por la mitad de los grupos parlametarios del Congreso (cuatro grupos de los siete que hay en esta legislatura).
La FeSP insta ahora a los grupos parlamentarios para que mejoren otros aspectos de la radio televisión pública estatal en el mandato marco pendiente de negociación, con el objetivo de que RTVE cumpla sus objetivos de ser un servicio público para la ciudadanía y no un instrumento utilizado por el poder político de turno en su propio beneficio.
