Finalmente el pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley de modificacion de la Ley de Jurisdicción Voluntaria para que las personas con discapacidad, puedan contraer matrimonio sin presentar un dictamen médico.
Ignacio Tremiño, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión para las políticas integrales de la Discapacidad del Congreso de los diputados fue el encargado de defender esta proposición motivada por la reforma del Código Civil que implicó que la ley 15/2015 de 2 de julio, estableciera que «si alguno de los contrayentes estuviera afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el secretario judicial, notario o encargado del Registro Civil, que tramite el acta, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento».
Dicho portavoz tuvo que defender la iniciativa desde el centro del hemiciclo haciendo visible la falta de accesibilidad de la tribuna ya que él se desplaza en silla de ruedas. En esta explicación aseguró que existieron determinados aspectos que no fueron correctamente interpretados ya que solamente el dictamen podría exigirse cuando la discapacidad afectara sustancialmente a la prestación del consentimiento por parte del contrayente.
Asimismo señaló que sigue siendo necesario modificar la ley con el fin de suprimir las posibles restricciones legales y de esta manera reforzar la protección de las personas con discapacidad.
«La iniciativa persigue que la presentación del dictamen médico sea solamente necesaria en casos excepcionales de que alguno de los contrayentes prestare alguna condición de salud que de modo evidente, categórico y sustancial pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial»
Tremiño manifestó que «atendemos la demanda de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad y conseguimos acabar con la discriminación histórica que han padecido las personas con discapacidad intelectual».
El resto de los diputados exigieron determinadas medidas: Juan Ruiz i Carbonell (PSOE), celebró que el PP haya decidido «dar marcha atrás», pero echó en falta una explicación sobre «por qué había que introducir la exigencia de un certificado médico». Jaume Moya, diputado del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea afirmó que la modificación del Código Civil «es contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU» y criticó su «carácter paternalista e intervencionista». Marcial Gómez de Ciudadanos indicó que la situación que generó aquella reforma legislativa está en trámite de ser solucionada gracias también a la intervención del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y las negociaciones que ha mantenido con el Gobierno.
Por último, la diputada del PDECat Lourdes Ciuró i Buldó denunció que las personas ciegas necesiten testigos a la hora de formalizar un acto de voluntad, algo de carácter privado y existen herramientas para que no sea necesario y adelantó su intención de presentar una enmienda para solucionarlo.
