Amnistía Internacional ha identificado ocho tipos de violaciones de derechos humanos en Ceuta y Melilla, entre ellos la falta de condiciones adecuadas en los CETIS, especialmente para personas vulnerables como víctimas de violencia de género y personas LGBTI, y presenta un plan de acción con 15 medidas para poner fin a estos abusos, como la discriminación por nacionalidades y las expulsiones sumarias y sin garantías.
Las expulsiones sumarias y los abusos policiales, así como la dificultad en el caso de Melilla y la imposibilidad en el de Ceuta, de acceso por puesto fronterizo, hacen prácticamente infranqueable la entrada para personas refugiadas. Además, quienes lo logran deben afrontar la falta de condiciones adecuadas en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), la discriminación por razón de nacionalidad y la falta de atención a grupos vulnerables, como personas con discapacidad, víctimas de trata o colectivos LGBTI, entre otros.
Entrada al CETI de MelillaAsí lo ha documentado Amnistía Internacional en una nueva investigación, en la que ha detectado hasta ocho tipos de vulneraciones, que incluyen también el cierre de fronteras para personas refugiadas de nacionalidad distinta a la siria, las restricciones a la libertad de circulación para los solicitantes de asilo y lafalta adecuada de información para quienes buscan protección internacional, además de un sistema arbitrario de sanciones en los centros que puede llevar a su expulsión de los mismos.
“La mayoría de las personas que solicitan asilo, excepto aquellas de nacionalidad siria, se quedan estancadas en el limbo que supone Ceuta y Melilla, donde tienen miedo de pedir asilo, por si se prolonga su estancia en los CETI. No se garantiza la aplicación de la Ley de Asilo de la misma manera que en la Península”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Algunas nacionalidades, como la marroquí o la argelina, sufren discriminación a la hora de ser trasladadas a la Península y los colectivos vulnerables no están recibiendo la atención que necesitan”, denuncia el director de AI.
Fronteras de España cerradas
«Sobre la una de la tarde llegó la Cruz Roja, pero yo había perdido muchísima sangre», explica Muhamed, de 20 años y procedente de Guinea Conakri, quien permaneció encaramado en la segunda valla de Ceuta durante siete horas, con una herida en la muñeca derecha provocada por la concertina: «Veía mi propio nervio, gritaba a la Guardia Civil que estaba herido y les enseñaba mi brazo envuelto en un torniquete con mi camiseta, pero nadie me hacía caso», relata este joven que más tarde tuvo que ser operado y ha perdido movilidad en la mano y el dedo pulgar.
Muhamed fue una de las cuatro únicas personas que consiguieron entrar en Ceuta tras el salto del pasado 9 de septiembre, en el que al menos 240 personas lo intentaron y cerca de 67 fueron devueltas sin ningún tipo de procedimiento. Una vez más, estas “expulsiones en caliente” se hicieron sin garantías jurídicas y con uso excesivo de la fuerza, amparándose en la figura de “rechazo en frontera”, introducida en la Ley de Extranjería en abril de 2015, y a pesar de estar prohibidas por el derecho internacional. Aunque el Ministerio de Interior no proporciona datos acerca de cuántas personas han sido devueltas a Marruecos, en lo que va de año se han producido al menos nueve intentos de salto a través de las vallas, en los que cientos de personas fueron expulsadas de manera colectiva.
Muchas de las personas subsaharianas con las que se ha entrevistado Amnistía Internacional y que han intentado en alguna ocasión cruzar la frontera relatan violaciones de derechos humanos a ambos lados. Es el caso de Kris, de 29 años y procedente de Nigeria, que en dos ocasiones fue objeto de expulsiones en caliente por parte de la Guardia Civil en Melilla, y que relata cómo expulsaron junto a él a un chico gravemente herido: “Estaba semiinconsciente, tenía los ojos en blanco. Tuve que ayudarle, porque era un niño… Tenía 18 años como máximo”, recuerda. Después de esos intentos consiguió entrar en Ceuta a nado y lleva desde abril de 2016 en el CETI, esperando a ser trasladado a la Península para pedir asilo.
La valla no es la única manera de llegar a estos enclaves españoles. En ocasiones, las personas migrantes y refugiadas también se juegan la vida a nado o en pequeñas embarcaciones. Las que intentan acceder por puesto fronterizo también lo tienen complicado. En el caso de Ceuta esta posibilidad no es real puesto que a pesar de que en marzo de 2015 se crearon las oficinas de asilo a día de hoy permanecen cerradas y no han registrado ninguna solicitud de protección internacional.
“Solo aquellas personas procedentes del conflicto sirio tienen posibilidad real de solicitar asilo en puesto habilitado, aunque también encuentran dificultades para hacerlo: muchas han manifestado que son interceptadas por las fuerzas marroquíes”, declara Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional España. “Según los testimonios que hemos recogido, tienen que acudir a pasadores a cambio de grandes sumas de dinero para conseguir documentación para pasar. Además, los controles marroquíes obligan a las familias a pasar separadas para no levantar sospechas, con la consiguiente intranquilidad que provoca para ellas”, añade.
Los CETI no son lugar de acogida
Sobreocupación que puede llevar en ocasiones al hacinamiento, falta de módulos familiares, falta de acceso a información y un sistema arbitrario de sanciones que no les permite adecuar su comportamiento a reglas claras para no ser expulsados de los centros, son algunas de las preocupaciones que Amnistía Internacional ha denunciado en varias ocasiones. Aunque sí se han establecido algunas mejoras en Melilla, como trabajos de rehabilitación en algunas habitaciones o la atención a la población infantil, que ahora se encuentra prácticamente escolarizada y cuenta con actividades lúdicas y educativas dentro del centro, todavía existen motivos de preocupación.
“Los CETI de Ceuta y Melilla no reúnen las condiciones adecuadas de acogida para personas migrantes y refugiadas, especialmente para aquellas que se encuentran en una situación más vulnerable, que se encuentran desprotegidas y desatendidas y por lo tanto deben ser trasladadas de manera inmediata a la Península”, explica Virginia Álvarez.
Entre los colectivos vulnerables se encuentran las personas LGBTI. AI se entrevistó en el CETI de Melilla, donde hay al menos 60 personas que han solicitado asilo por razones de persecución por orientación sexual, con un grupo de hombres de nacionalidad marroquí que llevaban entre seis meses y un año esperando ser trasladados. A la discriminación por parte de otros residentes, amenazas e incluso agresiones por su condición sexual se añade la discriminación por motivos de nacionalidad, ya que la organización considera que se trata de un ejemplo de cómo no se está garantizando un examen individualizado de sus solicitudes de asilo. “Todos los problemas que hemos vivido aquí nos han hecho olvidar lo que hemos pasado en Marruecos”, relatan a la organización.
La violencia de género no cesa en el CETI
Marian, argelina de 27 años, lleva un año en el CETI de Melilla junto a su hija de 3. Ha sufrido agresiones continuas por parte de su marido, que incluso la obligó a prostituirse. En diciembre de 2015 su marido le agredió en plena calle en Melilla y algunos testigos avisaron a la policía. Sin embargo, finalmente Marian retiró la denuncia y la causa fue archivada. Su marido fue readmitido en el CETI, y le pegó solo dos días después: “Volvió peor que antes. Me amenazó diciendo que iba a pagar caro por haberle denunciado y llegó a decirme que, aunque él volviera a Argelia, antes me mataría”, asegura.
Aunque finalmente fue expulsado y se encuentra en paradero desconocido, Marian sigue teniendo miedo. Amnistía Internacional expresa su preocupación por la falta de medidas adecuadas para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de Marian y de su hija que, incluso en una ocasión han tenido que compartir habitación con su agresor durante un mes, en el que las agresiones y abusos no pararon. Tras sufrir una de las peores palizas, en la que le golpeó contra la pared y ella volvió a interponer una denuncia, su marido fue absuelto por falta de pruebas. Amnistía Internacional ha puesto en marcha una ciberacción para pedir su inmediato traslado a la Península y su protección.
A la organización le preocupa también que, ante los casos de violencia de género se imponga como medida sancionadora la expulsión del agresor, algo que no protege verdaderamente a la víctima. “Muchas no quieren denunciar porque temen las represalias de sus agresores que, en ocasiones, se encuentran durmiendo en la calle enfrente del CETI cuando son expulsados”, asegura Virginia Álvarez.
Otro ejemplo de personas especialmente vulnerables para las que los CETI no son adecuados son las personas con discapacidad, como Redonan Ghazi, argelino de 35 años. Redonan lleva en el CETI de Ceuta desde agosto y sufre una triplejia que le obliga a estar postrado en una silla de ruedas, puesto que no tiene apenas movilidad en las piernas ni en el brazo derecho. El propio personal del centro reconoce que el CETI, situado en un monte a las afueras de la ciudad, no ofrece las condiciones adecuadas para Redonan, que duerme en la zona destinada a enfermería, donde tiene también que comer al no poder hacerlo en la cantina debido a las barreras arquitectónicas.
Toufik, de 18 años y saharaui, todavía lleva vendas en las muñecas por haber intentado cortarse las venas cuando se entrevista con AI. “No quiero vivir ya, he intentado varias veces suicidarme”, asegura, después de relatar todos los abusos que ha sufrido durante el trayecto y desde que salió de los campamentos de Tindouf con tan solo 7 años y se convirtió en un niño de la calle. Palizas por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y malos tratos por la Guardia Civil española, que le ha devuelto a Marruecos en varias ocasiones, son algunas de las dificultades que narra este joven a Amnistía Internacional. “He sufrido mucho, prefiero morirme ya y descansar antes de volverme loco”, asegura. Toufik relata además que le molesta cualquier ruido, está nervioso y desorientado, y probablemente sumido en una depresión. Pero a pesar de haberse intentado autolesionar en varias ocasiones en el momento de la entrevista con AI no recibía atención médica o de otro tipo por personal del centro.
Víctimas de trata
Amnistía Internacional teme que sean muy pocas las víctimas de trata que llegan a Ceuta y Melilla quefinalmente son identificadas como tal por la policía y adecuadamente protegidas. A pesar de que existen protocolos de identificación y de que ambos CETI colaboran con organizaciones especializadas, los centros no reúnen las características necesarias para que las víctimas se sientan seguras para colaborar y por lo tanto la salida del CETI de estas posibles víctimas de redes de trata debería ser inmediata.
“La falta de seguridad en la que viven y la posibilidad de que los tratantes estén vigilándolas en el mismo CETI, provoca que estas mujeres sean muy reacias a hablar o a pedir asilo. Cuando sí lo hacen, las autoridades rechazan sus peticiones si no aportan información relevante. Es un círculo vicioso y debería atajarse porque estas mujeres corren verdadero peligro”, explica Virginia Álvarez. “La gran mayoría pasa a la Península como migrantes en situación irregular con expediente de expulsión, expuestas a continuar bajo las redes de trata de personas”, añade.
Amnistía Internacional teme que exista un número considerable de mujeres víctimas de trata en los CETI, especialmente en el de Ceuta, y considera que la situación se agrava ante la sospecha de que algunas de ellas manifiestan ser mayores de edad cuando todavía son menores.
Cuando la nacionalidad determina la salida
Amnistía Internacional ha documentado el trato desigual y discriminatorio que las autoridades españolas están otorgando a personas solicitantes de asilo de otras nacionalidades distintas a la siria. Así, denuncia que en Ceuta, donde no hay ninguna persona siria, no se producen traslados a la Península de aquellas personas que solicitan asilo, para quienes la estancia en el CETI se prolonga más allá de los cinco meses, la media de estancia de quienes no lo solicitan.
La organización habló con Inés, de 25 años y de nacionalidad argelina que huyó de su país porque fue obligada a casarse contra su voluntad cuando tenía 15 y fue víctima de violencia de género. Aunque finalmente Inés ha obtenido protección internacional, y ha sido autorizada a salir del CETI de Ceuta, llevaba más de un año en el centro con su hija de 5 años, compartiendo habitación con otras siete mujeres y un bebé. Ha dejado en su país a otro hijo de 8 años, de quien perdió la custodia cuando pidió el divorcio de su marido.
Bourama, procedente de Malí, es otro ejemplo de cómo el temor a que pedir asilo pueda retrasar el traslado a la Península está colocando a personas que huyen de violaciones de derechos humanos en situación de vulnerabilidad. «Dejé Malí porque hay una guerra allí. Han masacrado a la gente”, explica Bourama, que no quiso solicitar asilo durante los tres meses que permaneció en el CETI de Melilla en 2014. Lo hizo en el CIE de Barcelona, donde fue trasladado, pero no pudo parar su expulsión. “He intentado pedirlo por segunda vez ahora en Melilla, pero me dicen que no puedo porque ya he sido denegado”, lamenta este joven que intentó hasta cinco veces saltar la valla pero fue devuelto por la Guardia Civil y entregado a Marruecos.
A pesar de que la tarjeta roja de solicitantes de asilo debería permitirles la libertad de movimiento en todo el territorio español, este derecho no se cumple en Ceuta y Melilla. “Más bien al contrario: la nacionalidad es un factor que retrasa su salida a la Península y por lo tanto también su protección”, lamenta Esteban Beltrán.
Plan de Acción de Amnistía Internacional sobre Ceuta y Melilla
Amnistía Internacional ha presentado a las nuevas autoridades españolas un Plan de Acción con 15 puntos, entre los que destaca:
- Suspender la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio y dejar de devolver a este país a personas migrantes y refugiadas, hasta que Marruecos se comprometa a respetar sus derechos humanos, así como derogar o modificar la ley para regular con precisión los “rechazos” en frontera de Ceuta y Melilla.
- Garantizar que todas las personas necesitadas de protección internacional tengan acceso al territorio español, sin discriminación por motivos de nacionalidad y garantizando procedimientos individualizados de asilo.
- Garantizar unas condiciones adecuadas de vida en los CETI.
- Garantizar el traslado inmediato a la Península de personas en situación de especial vulnerabilidad, especialmente cuando en el CETI no se les puede proporcionar la atención adecuada: personas con algún tipo de discapacidad, familias con menores en edad de escolarización, embarazadas, personas con problemas psicológicos, víctimas de trata, violencia de género, víctimas de violencia sexual o tortura, y personas LGBTI.
- Identificar correctamente a las personas víctimas de trata y de violencia de género para garantizar que reciben información, protección y acceso a justicia.
- Garantizar en los CETI de Ceuta y Melilla todos los derechos previstos en las Directivas europeas de asilo y en la normativa española sobre asilo, incluyendo la posibilidad de la libre circulación por todo el territorio español, una vez que la solicitud de asilo ha sido admitida a trámite.
