En estos días, la prensa ha informado sobre gestiones de las autoridades de Corea del Sur para lograr que Japón reconozca públicamente su responsabilidad y proceda a indemnizar a las denominadas «mujeres de confort», reclutadas por el ejército nipón durante la II Guerra Mundial para servir de esclavas sexuales (ver nota del Japan Times).
Por parte del jefe de la diplomacia japonesa, se ha leído que: «We have been trying to realise the agreement … to accelerate talks and seek an early settlement. This is part of this effort«, según reporta una nota del Times of India. En otra nota de Europa Press, se lee que Japón está dispuesta a hacer su «máximo esfuerzo» para lograr un acuerdo con Corea del Sur. Un miembro del equipo negociador coreano citado por la prensa de su país ha dejado entender que las negociaciones están por llegar a feliz término (ver nota de The Telegraph): «In a diplomatic negotiation, there can never be a 100-0 win,” a South Korean government official told the Joonang Daily newspaper. “The goal is keeping the score 51-49, but making each side think it has won 51”. En un artículo publicado en Corea del Sur (ver nota del Korean Joongang Daily), se lee que: «A historical record of a Japanese state leader’s apology is needed,” said a Foreign Ministry official. “If Japan agrees to this, we can negotiate on the format and specific wordings”.
Breves antecedentes
En julio de 1992, Japón reconoció oficialmente haber procedido a establecer una amplia red conformada por mujeres asiáticas para satisfacer las necesidades sexuales de los miembros de su Ejército durante la II Guerra Mundial: en aquel momento indicó no obstante no contar con elementos que permitieran probar que este reclutamiento fuese forzado, y se refirió a un rango indeterminado de entre 150 y 200.000 mujeres. En esta nota de El País (España) se lee que: «Japón reconoció ayer oficialmente que el Gobierno establecido durante la II Guerra Mundial participó en la organización de una amplia red de prostitución con mujeres asiáticas, pero que no se han encontrado pruebas de que en el reclutamiento se hubiera empleado la fuerza. Koichi Kato, jefe de gabinete del primer ministro Kiichi Miyazawa, declaró que ésta es la conclusión fundamental de las investigaciones hechas por varios departamentos sobre un episodio histórico, que dificulta la normalización en las relaciones con Corea, China y otros países del continente«.
En diciembre del año 2000, un tribunal internacional ficticio compuesto por juristas y expertos de renombre mundial dictaminó en una sentencia de 265 páginas que Japón debía indemnizar a cada una de las víctimas pertenecientes a la red de «mujeres de confort» (ver nota de prensa del New York Times): el tribunal ficticio estuvo conformado por reconocidas juristas como Carmen Argibay, Christine Chinkin, Gabrielle Kirk MacDonald (Presidente) y Willy Mutunga. Para la jueza argentina Carmen Argibay (ver su artículo) se trató de un momento inolvidable en su larga trayectoria como jueza: “Cuando Gabrielle leyó el párrafo en el que declaramos responsable al emperador por el sistema de esclavitud sexual instituido, la reacción de las sobrevivientes y del público en general fue casi como una ovación. Evidentemente, era lo que estaban esperando y los jueces les habíamos dado esa satisfacción. Fue algo impactante. Dos horas y media tomó la lectura de la resolución. Cuando terminamos, todas las sobrevivientes presentes subieron al escenario agitando pañuelos blancos, tomadas de la mano, cantando juntas, Corea del Norte con Corea del Sur, Taiwan con China, Indonesia con Holanda y Timor Oriental, Filipinas con Japón, Malasia con todas las demás. No es posible describir en palabras el alto grado de emoción que se sentía en ese momento”.
En marzo del 2014, la alocución del jefe de la diplomacia surcoreana ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue inusualmente contundente: “Hace 20 años, una coreana víctima de la esclavitud sexual militar japonesa tuvo el coraje de romper el silencio y relatar su propio e indescriptible calvario. Su valiente acción inspiró a muchas otras víctimas a hacer lo mismo, convirtiendo a las hasta entonces desconocidas mujeres de confort en una cuestión viviente de derechos humanos. Hoy me gustaría recordar a este Consejo el valiente testimonio de la señora Ruff-O’Hearn, una señora holandesa-australiana, ex mujer de confort. En 2007 ella compareció ante la Cámara de Representantes de EEUU. Cito sus palabras: «durante cincuenta años las mujeres de confort permanecieron calladas… Yo rompí el silencio y revelé uno de los peores abusos contra los derechos humanos en la II Guerra Mundial, el holocausto olvidado”. Fin de la cita. Ella llegó a la conclusión, cito de nuevo, de que «Japón debe reconciliarse con su historia… ellos deben enseñar correctamente la historia de sus errores cometidos en el pasado». Fin de la cita. En los últimos tiempos los líderes políticos de Japón están ignorando descaradamente este crudo episodio e intentan revisar el contexto de la declaración oficial del portavoz del gabinete en la que el Gobierno de Tokio reconoció la implicación y la coerción por parte de las Fuerzas Armadas Imperiales japonesas y expresó sinceras disculpas y remordimiento. Además, hace solo dos días un funcionario de alto rango del Gobierno japonés responsable de la educación de las próximas generaciones calificó como una historia inventada el episodio de las mujeres de confort. Esto es un insulto más a la honra y la dignidad de las víctimas que han soportado en su aciaga memoria durante toda la vida los dolores físicos y psicológicos” (ver texto completo de su intervención)
Un mes después de este discurso pronunciado en Ginebra, en abril del 2014, se anunció un primer acercamiento entre los mandatarios de ambos Estados para negociar un acuerdo sobre este preciso tema (ver nota del Wall Street Journal). En agosto del 2014, un grupo de «mujeres de confort» se reunieron en Seúl con el Papa Francisco en visita oficial (ver nota de El Economista). Desde entonces, se han celebrado once rondas de negociación entre ambos equipos diplomáticos, según la nota del Korean Joongang Daily. El anuncio reciente sobre nuevas gestiones entre ambos Estados se da unos días después que la Corte de Constitucionalidad de Corea del Sur rechazara examinar, el pasado 23 de diciembre, la constitucionalidad del acuerdo suscrito entre Japón y Corea del Sur en el año 1965 sobre reclamos entre ciudadanos de ambos Estados (ver nota del Japan Times). Coincidente (o no tan coincidente…), el 15 de diciembre un juez federal norteamericano desestimó acciones presentadas bajo la figura de “class actions” contra las empresas japonesas Hitachi, Mitsubishi, Nissan, Toyota, entre otras, por su presunta colaboración con las autoridades niponas en este tema (ver nota de Law360).
En el 2011, el juez constitucional surcoreano había indicado en una sentencia histórica para las víctimas y sus familiares que: «the South Korean government’s failure to seek a solution with Japan on compensating the former comfort women «constitutes infringement on the basic human rights of the victims and a violation of the Constitution» (ver nota de prensa).
Sobre la decisión del juez constitucional surcoreano del pasado 23 de diciembre del 2015, se dejó entrever cierta reserva por parte de Japón: durante una conferencia de prensa en la que participó el jefe de su diplomacia, celebrada el 22 de diciembre (ver texto ) se lee lo siguiente: «Fukai, TBS: Tomorrow the constitutional court of the ROK will issue its verdict in a trial challenging the constitutionality of the Japan-ROK Claims Settlement Agreement. Could you once again explain the Government of Japan’s position, and what your views are on the impact this will have on the Japan-ROK relationship in the future? Mr. Fumio Kishida, Minister for Foreign Affairs: Firstly, I am aware of the matter that you raise, and since it involves a ruling by the court, I intend to keep a close eye on the judgment. In any event, issues of property and claim rights between Japan and the ROK have been settled completely and finally by the Claims Settlement and Economic Co-operation Agreement between Japan and the ROK. That is the Government of Japan’s position«.
Como se recordará, el acuerdo sobre las relaciones entre Corea del Sur y Japón suscrito en 1965 cumplió 50 años, siendo objeto de varios actos protocolarios, reseñados con precisión por parte de Corea del Sur en un reciente comunicado de prensa de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Este acuerdo de 1965 (ver texto ) no incluye ninguna disposición sobre el tema de las víctimas o de las reparaciones de guerra. En cuanto al acuerdo bilateral más específico sobre bienes, reclamaciones y cooperación económica, firmado en junio de 1965 (ver texto ) que fue objeto de una acción ante el juez constitucional coreano, no incluye ninguna mención a las víctimas de la guerra. Su artículo II considera todo reclamo pendiente resuelto con las compensaciones de Japón, y se lee como sigue: “Article II. 1) The High Contracting Parties confirm that the problems concerning property, rights, and interests of the two High Contracting Parties and their peoples (including juridical persons) and the claims between the High Contracting Parties and between their peoples, including those stipulated in Article IV(a) of the Peace Treaty with Japan signed at the city of San Francisco on September 8, 1951, have been settled completely and finally”.
Breves datos sobre las “mujeres de confort” o “mujeres de solaz”
Corea del Sur no es el único Estado concernido por esta red de mujeres asiáticas forzadas por el Ejército japonés a servir como esclavas sexuales, y en realidad, son varios Estados los afectados por esta práctica. En una investigación del año 2007 (ver tésis titulada: Comfort Women: Human Rights of Women from Then to Present» se precisa cuáles son las características de esta peculiar práctica del Ejército imperial, en términos que nos ha parecido oportuno reproducir textualmente: «From 1931 to 1945, comfort stations were established in many places where the Japanese army combated or occupied, including China, Taiwan, Borneo, the Philippines, the pacific islands, Singapore, Malaya, Burma, Indonesia as well as Japan. Due to the concealment of the relevant documents by the Japanese government and a long lapse of time after World War II, it is impossible to estimate the exact number of the comfort women. In accordance with “the Japanese military plan devised in July 1941, 20,000 comfort women were required for every 700,000 Japanese soldiers, or 1 woman for every 35 soldiers.” As approximately 3.5 million soldiers were mainly sent to the pacific islands, the estimated number of the comfort women becomes 100,000. Nearly 80% of these women were the Korean women, and others were taken from China, Taiwan, Malaysia, Burma, the Philippines and the Dutch East Indies. Most of the comfort women were also young. According to interviews of surviving women, many of the women were teenagers, even including an 11-year-old child. Regrettably, it seemed that the younger women were preferred«.
En un informe de 1998 de una Relatora Especial de Naciones Unidas titulado «La violación sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas análogas a la esclavitud en tiempo de conflicto armado» (Documento E/CN.4/Sub.2/1998/13 de junio de 1998), se precisa una cifra de 200.000 mujeres (Apéndice 1, p. 44) al señalarse que: » «1. Entre 1932 y el final de la segunda guerra mundial, el Gobierno del Japón y el ejército imperial del Japón forzaron a más de 200.000 mujeres a someterse a la esclavitud sexual en centros de violación en buena parte de Asia. A estos centros de violación se ha solido aludir con el eufemismo inaceptable de «centros de solaz». La mayoría de esas «mujeres de solaz» procedían de Corea, pero también las hubo de China, Indonesia, Filipinas y otros países de Asia dominados por el Japón. A lo largo del último decenio, cada vez más mujeres supervivientes de esas atrocidades se han manifestado en público, tratando de obtener la reparación de esos delitos. El presente apéndice se ha redactado a partir exclusivamente de los hechos comprobados en el examen realizado por el propio Gobierno del Japón de la participación de oficiales del ejército japonés en el establecimiento, la supervisión y el mantenimiento de centros de violación durante la segunda guerra mundial. Sobre la base de lo admitido por el Gobierno del Japón, en el apéndice se trata de evaluar la responsabilidad jurídica de dicho Gobierno por la esclavitud y violación de las mujeres en los «centros de solaz» durante la segunda guerra mundial. Aunque las responsabilidades pueden ser de muy diversa índole, en el presente informe se trata específicamente de la responsabilidad por los crímenes internacionales más notorios de esclavitud, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra«. Remitimos al lector a esta exposición de fotografías puesta en línea por El País (España) en agosto del 2014 que describe el sufrimiento de estas mujeres, muchas de ellas nonagenarias, sobre las que se sabe muy poco, recogiendo parcelas de sus vivencias cotidianas en China, en Corea del Sur, en Filipinas, con la intención por mantener viva la memoria de las víctimas de este drama. En el precitado artículo de El País de julio de 1992, se indicaba que Corea del Sur había logrado identificar a 390 sobrevivientes: es posible que esta cifra se haya ido reduciendo desde entonces, debido a la edad avanzada de muchas de ellas.
La posición de Japón a la luz del derecho internacional
El precitado informe de Naciones Unidas de 1998, en las conclusiones del apéndice 1, indica (página 64) que: «En el presente informe se llega a la conclusión de que el Gobierno del Japón sigue siendo responsable por graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, que en conjunto constituyen crímenes de lesa humanidad. Los argumentos de descargo del Gobierno del Japón, incluidos los argumentos contra el fundamento jurídico, la norma del derecho humanitario que prohíbe la esclavitud y la violación, siguen siendo tan poco convincentes hoy en día como lo fueron cuando se invocaron por primera vez ante el tribunal de los crímenes de guerra de Nüremberg, hace más de 50 años. Tampoco es convincente el argumento del Gobierno japonés de que el Japón ya ha liquidado todas las reclamaciones por la segunda guerra mundial mediante los tratados de paz y acuerdos de reparaciones posteriores a la guerra«.
El monto exacto del fondo de indemnización actualmente objeto de negociaciones entre Japón y Corea del Sur queda aún por determinarse, así como las modalidades de atención a las sobrevivientes y a sus familiares (ver nota del South China Morning Post). Se trata de un álgido tema que ha afectado gravemente (y desde largos años) las relaciones entre Japón y Corea del Sur, debido a la negativa de Japón de asumir plenamente sus responsabilidades. En septiembre del 2013, nuevos documentos liberados provenientes de los archivos de Tokyo señalaron que 35 mujeres holandesas encarceladas en Indonesia fueron enviadas a formar parte de esta red implementada por el Ejército Imperial (ver nota de prensa de The Hankyoreh).
Pese al tiempo transcurrido, el ejercicio al que se están librando los equipos negociadores de Corea del Sur y de Japón en estos últimos días del año 2015 bien podría culminar en un valioso precedente para muchas víctimas de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en el pasado, y que se mantienen impunes. Desde el punto de vista de la doctrina de los derechos humanos, reviste especial interés saber cuál será la recepción entre dos Estados de Asia de conceptos tales como “derecho a la verdad”, “reconocimiento público”, “garantía de no repetición”, “verdad histórica”, “violación continua”, “monto indemnizatorio por proyecto de vida”, “satisfacción”, y demás figuras jurídicas desarrolladas por órganos en materia de derechos humanos al conocer de casos sobre violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el pasado, en particular por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el 2014, la diplomacia de Japón sorprendió a algunos, al solicitar que un informe de una relatora de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de 1996 fuera objeto de una revisión por parte de su autora (ver nota del New York Times). Rechazada esta inusual petición japonesa, Corea del Sur manifestó que: «However hard the Japanese government tries to distort the true nature of the comfort women issue and play down or hide the past wrongdoings, it will never be able to whitewash history» (ver nota publicada en The Diplomat). Este tipo de solicitudes, además de ser usualmente desestimadas, constituyen una clara evidencia del temor de un Estado ante cuestionamientos hechos por expertos internacionales en materia de derechos humanos. Los recientes informes de Naciones Unidas sobre la base de Guantánamo o sobre la últimas ofensivas israelíes en la franja de Gaza del 2009 y del 2014 han dado pié para solicitudes similares, que buscan desacreditar parte de su contenido (cuando no obtienen desacreditar a los mismos autores).
Varias ONG han hecho ver, desde el punto de vista jurídico, la inconsistencia de la posición de Japón en años recientes con relación a las obligaciones internacionales contenidas en un sin número de tratados de derechos humanos ratificados por Japón (ver nota titulada «Japan The “Comfort Women” Issue» del 2009).
Una niña espera sentada ante la Embajada de japón en Seul a que se reconozcan sus derechos como víctima de esclavitud sexual, acompañada por por personas que se solidarizan con esta causa.
Un reconocimiento público anhelado por las víctimas y sus familiares
Desde el 14 de diciembre del 2011, una estatua de bronce de una niña coreana, con su vestido tradicional, colocada frente a la Embajada de Japón en Seúl espera pacientemente sentada en una banca (ver nota con foto de la misma publicada en EuroWon). Su mirada es fija e impasible. Es a menudo acompañada por niñas de su edad, mujeres adultas y mujeres de avanzada edad que la vienen a consolar en su soledad. Los recurrentes intentos de Japón para desplazar esta estatua de bronce, cuya mirada interpela cada mañana a los funcionarios de su Embajada, no han tenido éxito hasta la fecha.
En el 2012, una exposición fotográfica en Tokyo fue sorpresivamente suspendida por la empresa patrocinadora Nikon: en días recientes, el fotógrafo surcoreano obtuvo una sentencia a su favor en los tribunales de Japón, condenando al fabricante Nikon (ver nota de Japan Today). Estas y muchas otras vejaciones son las que han tenido que enfrentar las víctimas, sus familiares y las organizaciones que las apoyan desde muchos años. En una entrevista a una de las sobrevivientes, Lee Hok-sun, de 88 años de edad, publicada en La Tercera de Chile (ver nota ), se lee que: «Los soldados insisten en que las mujeres lo hicieron voluntariamente para ganar dinero. Si fuera por ello no pediríamos que Japón pida perdón”, explica. Pero Lee aclara el foco de su lucha. “No pienso que todo el pueblo japonés es culpable, sólo el gobierno”, señala«. En otra entrevista de Radio France Internationale (RFI) en el 2013 a otra sobreviviente, de 87 años de edad, Kim Bok-dong pone el acento en la importancia que reviste para ella (y para todas las víctimas) el hecho que Japón ofrezca sus disculpas públicas y proceda a indemnizar a las víctimas: «C’est très simple : il faut que le gouvernement japonais présente ses excuses officielles, mais aussi accorde des indemnisations juridiques. Les Japonais doivent reconnaître leurs crimes historiques. Je ne ressens aucune haine envers les Japonais, je veux juste cette reconnaissance de la vérité historique«.
