La centroizquierdista Luisa González y el empresario conservador Daniel Noboa disputarán el 15 de octubre 2023 la presidencia de Ecuador, según los resultados de una primera ronda electoral en la que, además, la población decidió mediante referendo prohibir la minería en dos zonas de rica biodiversidad, informa la IPS desde Quito.
González, abogada de 45 años, dos hijos, exparlamentaria, abanderada del movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa –autoexiliado en Bélgica- y en cuyo gobierno (2007-2017) ejerció varios cargos, obtuvo 3,1 millones de votos (33,3 por ciento).
Acompañada del candidato a la vicepresidencia Andrés Araúz, quien fue el abanderado presidencial de la formación en los comicios de 2021, González se regocijó por su elevada votación y dijo que «se ha reflejado el voto del país que quiere paz, pero también medicinas y empleo».
Noboa, empresario de 35 años, hijo del magnate camaronero Álvaro Noboa –quien buscó la presidencia, sin éxito, en cinco ocasiones- sorprendió al llegar segundo, con 2,2 millones de votos (24 por ciento) de su Acción Democrática Nacional (ADN), pues las encuestas previas le asignaban un modesto cuarto o quinto lugar.
«No será la primera vez que un nuevo proyecto le da la vuelta al ´establishment´ político», dijo Noboa al iniciar la campaña para octubre y recibir el inmediato respaldo de Jan Topic, otro empresario, quien hizo campaña de mano dura contra el crimen y llegó cuarto al recoger 1,3 millones de votos (14 por ciento).
En el tercer puesto se ubicó Christian Zurita, sustituto de Fernando Villavicencio, quien basó su campaña en denuncias contra la corrupción y fue asesinado por un sicario el 9 de agosto. La formación recibió 1,5 millones de votos (16 por ciento).
El asesinato de Villavicencio pareció marcar el cenit de las actividad criminal que mantiene a buena parte de la ciudadanía en un clima de miedo e inseguridad, y varios candidatos acudieron a los centros de votación protegidos con cascos, chalecos antibalas y fuertes escoltas.
El actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, mediante el mecanismo constitucional de «muerte cruzada» disolvió el parlamento, que le era muy adverso, y convocó a elecciones anticipadas para completar su período –sin presentarse como candidato-, por lo que el nuevo mandatario gobernará solo dieciocho meses.
En la jornada de este 20 de agosto también se eligió un nuevo parlamento (unicameral), con 39 por ciento de votos para Revolución Ciudadana, un destacado segundo puesto (20 por ciento) para el Movimiento Construye, logrado con el llamado «voto pésame» para Zurita, y un tercer lugar (14 por ciento) para el ADN de Noboa.
La elección encauza nuevamente la confrontación entre las corrientes que se inclinan a la izquierda y a la derecha del espectro político, así como las propuestas para abordar la crisis social marcada por el auge de la criminalidad y una pobreza de más de veinte por ciento en las ciudades y el doble en zonas rurales.
El año pasado hubo 4600 muertes violentas en este país de dieciocho millones de habitantes (apenas 890 muertes en 2019) y en lo que va de 2023 se han registrado ya 3600. Desde 2020 las matanzas en cárceles han causado más de 400 muertes y en el país actúan organizaciones internacionales de delincuencia organizada y tráfico de drogas.
Referendo verde
Pero la jornada del 20 de agosto trajo, junto con la elección democrática de una nueva dirección política, el pronunciamiento de la población sobre la disyuntiva de desarrollar la minería y los hidrocarburos para así aumentar los ingresos fiscales y de algunos sectores económicos, o sacrificarlos para dar un espaldarazo a la naturaleza.
La primera consulta, solicitada por ecologistas y demorada durante una década hasta que la Corte Constitucional la autorizó este año, preguntó a la población si vedaba la explotación petrolera en los campos ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) que hacen parte del Bloque 43, en el parque nacional Yasuní, del noreste amazónico.
A la pregunta de si está de acuerdo en que el gobierno mantenga indefinidamente esos recursos petroleros en el subsuelo, 59 por ciento de los ecuatorianos dijeron que Sí y 41 por ciento respondieron que No.
El parque nacional Yasuní es una de las regiones con más biodiversidad del mundo, un millón de hectáreas que albergan más de dos mil especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces.
La zona está habitada por los pueblos indígenas tagaeri y los taromenane, que viven autoaislados, y desde 1989 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la declaró reserva mundial de biosfera.
De acuerdo con el fallo de la Corte, y a solicitud del movimiento ambientalista Yasunidos, las instalaciones dentro del Bloque 43-ITT deben ser desmanteladas en el plazo de un año. Actualmente producen a diario unos 55.000 barriles (de 159 litros) de crudo, once por ciento de las 480 000 unidades que produce Ecuador.
Con un producto interno bruto de 105.000 millones de dólares anuales, Ecuador tienen en el petróleo su principal rubro de exportación y fuente de ingresos, seguido de las explotaciones camaroneras y cultivos como el banano.
Otra consulta, pero solo para los electores del área metropolitana de la capital, se refirió a si autorizaban la explotación minera en el Chocó Andino, un área protegida de 250.000 hectáreas en la provincia de Pichincha, al noroeste de Quito.
Al igual que Yasuní, la reserva destaca por su gran biodiversidad, con presencia de 270 especies de mamíferos, 210 de reptiles, 130 de anfibios y 227 variedades de orquídeas, y ya había recibido una docena de concesiones mineras para la explotación de cobre, oro y plata.
Se consultó a la ciudadanía si estaba de acuerdo con prohibir la minería en la zona, en cuatro preguntas para las escalas de la explotación (artesanal, pequeña, mediana o gran minería) y la respuestas fueron todas alrededor de 68,5 por ciento en favor de la veda y 31,5 por ciento en contra, un claro mandato en favor de la conservación.
