El Consejo de la Unión Europea ha prohibido la comercialización de productos de la pesca provenientes de Belice, Camboya y Guinea por no cooperar en la lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR).
La decisión supone que los Estados Miembros deben prohibir las importaciones de pescado de Belice, Camboya y Guinea y asegurar que los buques pesqueros comunitarios no operen en aguas de estos países.
Cuatro organizaciones medioambientales –Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF– han aplaudido la decisión adoptada hoy por los ministros de pesca de los Veintiocho y el liderazgo mostrado por la comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca, Maria Damanaki, pero piden mayor transparencia en el modo en que la UE evalúa los esfuerzos de terceros países para combatir la pesca ilegal.
Asimismo, animan a la UE a acabar con el vacío legal que permite a países no comunitarios pescar en aguas de los países excluidos y exportar sus capturas a la UE, y a que trabaje con los Estados Miembros en redoblar los esfuerzos para que el pescado capturado ilegalmente no llegue al plato del consumidor europeo.
Los tres países objeto de la prohibición se encontraban inicialmente entre ocho identificados por la Comisión Europea en noviembre de 2012 por monitorizar inadecuadamente sus flotas pesqueras, descuidar la imposición de sanciones a operadores ilegales y no promulgar leyes pesqueras estrictas. En 2013, la Comisión anunció que Fiyi, Panamá, Sri Lanka, Togo y Vanuatu habían mejorado, pero Belice, Camboya y Guinea no. La decisión de hoy del Consejo ratifica la recomendación de la Comisión de añadir formalmente a la lista negra o mostrar “tarjeta roja” a estos países e impide que comercialicen pescado en la UE.
La pesca INDNR agota los stocks pesqueros, daña los ecosistemas marinos, ejerce competencia desleal sobre los pescadores legales y pone en peligro el sustento de algunas de las sociedades más vulnerables del mundo. Se estima que cuesta entre 7.000 y 17.000 millones de euros al año y representa entre 11 y 26 millones de toneladas de capturas[1]. El Reglamento INDNR de la UE pretende excluir del mercado el pescado ilegal al exigir “certificados de captura” en las importaciones a la UE y prohibir la entrada de pescado de países y buques involucrados en pesca ilegal.
La Comisión Europea expidió una segunda tanda de “tarjetas amarillas” en noviembre de 2013, advirtiendo a Curasao, Ghana y Corea del Sur de que podrían enfrentarse a las mismas medidas comerciales si no cooperaban en la lucha contra la pesca INDNR. Está ampliamente documentada la presencia de buques surcoreanos pescando ilegalmente en África Occidental, afectando significativamente a las localidades pesqueras y el medio marino. EJF, Oceana, Pew y WWF instan a la UE a continuar mostrando la misma determinación con otros países que incumplen repetidamente las normas.
Steve Trent, director ejecutivo de Environmental Justice Foundation, ha declarado que “cerrar el mercado de pescado más valioso del mundo a los países que no cooperan en la lucha contra la pesca ilegal es un paso crucial, y aplaudimos a la UE por esta decisión. Si bien no es perfecto, el Reglamento INDNR de la UE es claramente la legislación más avanzada del mundo en este campo y ya hay señales de que las localidades costeras de África Occidental están viendo los beneficios de la acción de la UE contra los buques y Estados de abanderamiento infractores”.
María José Cornax, responsable de pesca de Oceana en Europa, señala que “los esfuerzos de la UE para hacer frente a la pesca INDNR a escala mundial se han materializado hoy en esta medida sin precedentes. Esperamos que los países pesqueros de todo el mundo vean la iniciativa adoptada por la UE y sigan el camino abierto hoy hacia la eliminación definitiva de la pesca INDNR”.
Tony Long, director del proyecto ‘Ending Illegal Fishing’ de The Pew Charitable Trusts, declaró al conocer el acuerdo que “al adoptar esta lista roja de países infractores, el Consejo ha marcado un hito en la lucha contra la pesca ilegal. Esto demuestra que la Unión Europea se toma en serio hacer frente a los países que no detienen la pesca ilegal o que siguen comercializando pescado capturado ilegalmente”.
Y Eszter Hidas, EU Policy Lead del proyecto ‘Transparent Seas’ de WWF dijo que “WWF apoya los esfuerzos de la UE para imponer sanciones donde sea necesario y asegurar así que ni los ecosistemas marinos ni el sustento de las personas resultan dañados por prácticas pesqueras ilegales e irresponsables. Debe haber consecuencias cuando se persiste en la inacción a pesar de los repetidos avisos. Ahora esperamos que Belice, Camboya y Guinea emprendan acciones inmediatas para aplicar reglamentos pesqueros efectivos”.
NOTAS
La última decisión de los ministros de pesca europeos se adoptó en función de las prerrogativas del Reglamento del Consejo 1005/2008 (el “Reglamento INDNR de la UE”), que entró en vigor en 2010. El reglamento permite que la UE enseñe primero la “tarjeta amarilla” a los países terceros no cooperantes a modo de advertencia y finalmente venga la “tarjeta roja” y la imposición de una serie de restricciones comerciales si no se demuestra cooperación y compromiso de aplicar medidas clave para combatir la pesca INDNR, como son el fortalecimiento de la monitorización de sus buques y de los sistemas punitivos.
Belice, Camboya, Fiyi, Guinea, Panamá, Sri Lanka, Togo y Vanuatu fueron advertidos oficialmente de su posible declaración como países terceros no cooperantes mediante la Decisión de la Comisión publicada el 15 de noviembre de 2012. Los criterios empleados por la Comisión Europea para declarar países no cooperantes están fijados por el Artículo 31 del Reglamento INDNR de la UE. La Comisión Europea emprendió conversaciones con los países afectados y les dio tiempo para remediar la situación. Se juzgó que Fiyi, Panamá, Sri Lanka, Togo y Vanuatu habían adoptado medidas suficientes para resolver sus fallos, mientras que la Decisión de la Comisión publicada el 26 de noviembre de 2013 identificó a Belice, Camboya y Guinea como países terceros no cooperantes. La votación del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE del 24 de marzo confirma esta decisión.
