En la lista de los cincuenta mil teléfonos seleccionados por los clientes de la empresa israelí NSO Group para ser espiados, quince mil pertenecen a México «un país donde está amenazada la libertad de expresión de los periodistas y otros miembros de la sociedad civil», según el último informe de Amnistía Internacional (AI), con fecha 27 de julio de 2021.
No es solo una cifra alarmante, es también una realidad cruel, desde hace años es rara la semana en que no tengamos que hacernos eco del asesinato de algún compañero en aquel país. Según cifras oficiales, en noviembre de 2020 habían asesinado a diecinueve periodistas desde el comienzo del año.
Recordemos que el Proyecto Pegasus es el fruto del trabajo de un consorcio de periodistas de diecisiete medios internacionales. pilotado por el grupo Forbidden Stories y el Laboratorio Tecnológico de AI, que han tenido acceso a una lista de cincuenta mil números telefónicos, potenciales víctimas del programa espía Pegasus, que una vez analizados se ha confirmado que efectivamente han estado infiltrados por el programa.
Oficialmente, según los responsables de NSO Groip, el programa Pegasus solo se utiliza en la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo.
Según los resultados de la investigación, el estado de México es cliente de NSO Group desde 2011, «lo que le convierte en el primer país que firmó un acuerdo comercial con la sociedad israelí para la utilización del programa Pegasus».
En su informe, AI destaca que México ha invertido cientos de millones de dólares en la adquisición de los equipos de vigilancia «mientras que la mitad de la población del país vive por debajo del umbral de la pobreza».
Las autoridades mexicanas habrían utilizado el programa puntero de vigilancia Pegasus entre 2014 y 2017, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, «de forma abusiva para vigilar a miembros de la sociedad civil: periodistas, militantes, familiares de desaparecidos, defensores de los derechos humanos, abogados y personalidades políticas».
En los últimos años, al menos veinticinco periodistas mexicanos han sido objeto de espionaje por Pegasus. Como caso emblemático, el informe de AI destaca el de Cecilio Pineda Brito, asesinado en marzo de 2017 después de que la policía le acusara de pertenecer a un cartel de la droga local. Según las investigaciones, pocas semanas antes del asesinato su número de teléfono entró a formar parte de los registrados en el programa espía Pegasus, como «potencial objetivo a vigilar».
Otro de los casos destacados es el de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzimapa, de edades comprendidas entre dieciocho y veintiún años, desaparecidos el 26 de diciembre de 2014 tras ser detenidos por la policía. Más de seis años después del drama, las familias siguen luchando para conocer la verdad de lo sucedido y para que se haga justicia.
Las revelaciones del consorcio de periodistas del proyecto Pegasus demuestran que las autoridades mexicanas incluyeron los números de familiares de los desaparecidos en la lista de personas potencialmente vigiladas por Pegasus. Y entre ellos, el de Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos; se llamaba Benjamín y tenía diecinueve años. También figuraban los números de los abogados que se encargan de este caso.
Ante la evidencia del uso abusivo que muchos estados han hecho del programa espía Pegasus, el informe de AI pide que NSO Group, la empresa israelí que lo fabrica y bloquee el acceso a sus clientes y establezca una moratoria en la venta de equipos de vigilancia «hasta que se cree un marco reglamentario adecuado en materia de derechos humanos».
