La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado un informe sobre “Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas”, que aborda la situación de los pueblos que no fueron colonizados y que no tienen relaciones permanentes con las sociedades nacionales prevalecientes en la actualidad.
Muchos de estos pueblos han desaparecido, y los pocos que sobreviven se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya que no pueden abogar por sus propios derechos. Adicionalmente, hay una demanda alta y creciente en forma permanente de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, tales como maderas, hidrocarburos, combustibles fósiles, minerales y recursos hídricos.
Esta demanda genera incursiones de personas no indígenas en sus territorios, que ponen en riesgo su existencia: «Si no logramos asegurar su protección contra estas incursiones, enfrentamos el riesgo de ser testigos de la desaparición completa de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas», señala la CIDH.
En el continente americano se sabe de la presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. También hay indicios de su presencia en Guyana y Surinam, en las zonas fronterizas con Brasil.
Los Estados de la región han reconocido, en diferentes términos y con diferentes niveles de protección, más de 9 millones de hectáreas a favor de pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial. A pesar de estas protecciones jurídicas, en la práctica las prohibiciones de acceso a estas áreas no siempre son respetadas, ni se emprenden acciones para hacerlas cumplir. Esto permite contactos directos e indirectos que derivan en violaciones al derecho a la vida e integridad de estos pueblos, lo cual a su vez genera el riesgo de que desaparezcan por completo. Una de las razones para proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario es la diversidad cultural, ya que la pérdida de su cultura es una pérdida para toda la humanidad.
Una de las premisas fundamentales del informe es el respeto al no contacto y a su elección de permanecer en aislamiento. El principio de no contacto es la manifestación del derecho de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario a la libre determinación. Las distintas amenazas que atentan contra los derechos de los pueblos en asilamiento y contacto inicial tienen como causa común el contacto, ya sea directo o indirecto, con personas ajenas a sus pueblos.
Las agresiones físicas directas, las incursiones a sus territorios para extraer recursos naturales, las epidemias, la escasez de alimentos, y la pérdida de su cultura, todas presuponen un contacto. Si se elimina el contacto no deseado, se eliminan la mayoría de las amenazas y se garantiza el respeto a los derechos de estos pueblos. Por lo tanto, en opinión de la Comisión, es fundamental que todo esfuerzo por afianzar este respeto se rija fundamentalmente por el principio de no contacto, y de que el contacto se debe dar solamente si es propiciado por los pueblos en aislamiento.
Las presiones derivadas de la extracción de recursos naturales, en su mayoría destinados a satisfacer la demanda de las sociedades no indígenas, representan una de las mayores amenazas al pleno goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Esto es porque la mayoría de los ingresos a sus territorios se dan en el contexto de extracción de recursos naturales. La extracción de maderas, minerales, hidrocarburos y otros recursos naturales constituyen una grave amenaza a la supervivencia misma de estos pueblos, que dependen de los recursos naturales presentes en sus tierras y territorios para su bienestar económico, espiritual, cultural y físico.
Adicionalmente a las incursiones directas en sus territorios, las actividades que se desarrollan en las cercanías también pueden afectar la integridad territorial de estos pueblos. Por ejemplo, las actividades en áreas próximas que contaminan ríos y otros cauces hídricos pueden afectar seriamente su hábitat, mientras que las actividades de exploración y prospección sísmica en áreas cercanas pueden ahuyentar la fauna de la zona, de la que dependen estos pueblos para su alimentación y sustento.
El informe da cuenta de mapas de bloques petrolíferos de agencias estatales que muestran que algunos bloques de exploración y explotación petrolera se sobreponen o colindan con zonas intangibles o áreas protegidas a favor de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. También existen incursiones con fines de minería por parte de actores privados sin autorización del Estado, y en otros casos se registran actividades ganaderas y de agricultura industrial dentro de sus territorios. Otra fuente de presión directa es la construcción de carreteras, proyectos hidroeléctricos y otras obras de infraestructura.
Adicionalmente, existen contactos deliberados, como el caso del ingreso de misiones religiosas que han buscado evangelizarlos (por ejemplo, New Tribes Mission y Summer Linguistic Institute), proyectos científicos de diverso tipo. El informe también señala que existen proyectos de explotación turística, en ocasiones autodenominados “de aventura” o “turismo ecológico”, que están generando contacto deliberado con pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial, promocionándolos como un “atractivo turístico”. Asimismo, actividades relacionadas con el narcotráfico constituyen otra amenaza creciente.
Esta amplia gama de actividades que deriva en contactos directos o indirectos con los pueblos indígenas aumenta las posibilidades de transmisión de enfermedades para las cuales estos pueblos no tienen defensas inmunológicas, con lo cual se convierte en una de las amenazas más graves para su supervivencia física.
La CIDH es consciente que muchos de los obstáculos al pleno goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial obedecen a patrones estructurales históricos, por lo que no es tarea sencilla para los Estados implementar cambios de fondo que los reviertan. La Comisión considera que precisamente por el carácter estructural de los desafíos, es necesario emprender acciones inmediatas que contribuyan a la protección de los derechos de estos pueblos.
En este sentido, el informe contiene recomendaciones dirigidas a los Estados con presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial. Estas recomendaciones giran en torno al reconocimiento de su existencia y su derecho a la autodeterminación, incluyendo su derecho a decidir permanecer en aislamiento voluntario y/o contacto inicial; la protección de sus tierras, territorios y recursos naturales, que es una condición fundamental para evitar su desaparición; y la necesidad de que el Estado asegure el respeto y garantía del principio de no contacto por parte de cualquier persona o grupo; entre otras.
La Comisión expresa su disposición para colaborar con los Estados, organizaciones indígenas y otros actores de la sociedad civil en la implementación de las recomendaciones de este informe para que éstas sean efectivas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Enlaces:
Informe sobre Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas
