Decenas de miles de familias españolas que invirtieron en energía solar fotovoltaica temen por su futuro ante la reforma energética aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, informa Inés Benítez (IPS) desde Málaga.
«Esto no va a ser sostenible. No sé cómo vamos a sacar dinero», dice a Tierramérica el español Miguel Carra, quien invirtió el equivalente de 670.000 dólares en una planta fotovoltaica de 70 kilovatios que funciona desde 2008 en la ciudad de Almería, en el sureste español.
Como él, muchos apostaron por esta fuente renovable en 2007, animados por el marco regulatorio que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) consagró en el Real Decreto 661.
Pero, en medio de la crisis económica que entrañó una gran caída del consumo, las autoridades volvieron sobre sus pasos y modificaron las normas varias veces. Desde 2011, el sector ha sufrido recortes retributivos de 30 por ciento, según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Carra pidió un préstamo para devolver en 12 años y aún le quedan siete para amortizar el gasto que hizo en sus placas solares.
Rafael Barrera, director de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), estima pérdidas de entre 20 y 42 por ciento desde 2007 y se queja de que «las reglas del juego» hayan cambiado «cinco veces en tres años», creando una inseguridad jurídica que ahuyenta a los inversores. «¿Cómo calcular la rentabilidad de algo sin saber el giro que va a tomar mañana?».
El Consejo de Ministros aprobó el 12 de julio un paquete de reformas para acabar con el «déficit de tarifa» –el desajuste entre ingresos y gastos— del sistema eléctrico, que acumula una deuda de casi 34.800 millones de dólares, según afirma el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
El Real Decreto Ley 9-2013, «por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico», cambia el modelo de retribución de las energías renovables: de recibir una prima a la producción pasan a tener garantizada una «rentabilidad razonable» de 7,5 por ciento a lo largo de toda la vida útil de las centrales, porcentaje aplicado sobre una base de inversión «estándar» que el gobierno no ha difundido todavía.
«Se puede hablar de un proceso de expropiación encubierta», sostuvo un comunicado firmado por Anpier, UNEF, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y Protermosolar.
La «prometida ‘rentabilidad razonable’ del 7,5 por ciento es muy inferior al aplicar impuestos y dependerá de los estándares que discrecionalmente establezca el gobierno», agregó la declaración.
Carra señala que los dueños de las 700 instalaciones fotovoltaicas de Almería «nos sentimos totalmente engañados». Es que, «frente a los 80 megavatios que producen entre todas, está la potencia instalada de 630 megavatios de los grandes lobbies eléctricos», dice.
Barrera apunta que, «en vez de fomentar las energías limpias, se subsidian las tecnologías de las grandes empresas energéticas que emiten dióxido a la atmósfera», dice en referencia a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fensa, Hidrocantábrico y E.ON, las compañías que conforman el oligopolio de la energía en España.
Esta reforma «es un atropello a las 55.000 familias españolas que invirtieron en energía solar fotovoltaica atendiendo a una llamada del gobierno en 2007», añade. Y recuerda: «Desde el propio ministerio» se recomendaba entonces a los inversores «que financiaran el 80 por ciento de sus costes».
Muchos propietarios deben renegociar deudas, aportar fondos propios o entregar su instalación a los bancos.
«Yo no me imaginaba un futuro así… A los 65 años estoy a punto de perderlo todo y (de) tener que empezar de nuevo», lamenta el jubilado Ángel Miralda, quien invirtió todos sus ahorros en energía fotovoltaica, en un video de la campaña impulsada por Anpier.
Las fuentes renovables constituyen 30 por ciento de la matriz eléctrica, y la solar fotovoltaica llega a 2,5 por ciento.
Ochenta por ciento de las instalaciones fotovoltaicas españolas están en zonas rurales. El productor medio de Anpier, con unos 4.500 socios, tiene generadoras de unos 70 kilovatios, según Barrera.
«España ha sido el laboratorio del mundo en fotovoltaica», una inversión «ética, limpia y democrática», apunta el director de Anpier. Pero ahora «se deja tirados» a los productores de forma «injusta y retroactiva».
La alteración retroactiva de las «normas para inversiones que ya se han producido» es también duramente criticada por organizaciones ecologistas como Greenpeace, Amigos de la Tierra y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Para estas entidades, la reforma tiene un fin ulterior: «frenar en seco el desarrollo de las energías renovables en favor de las sucias (gas, carbón y uranio)».
Barrera apunta que si el objetivo es solo resolver el déficit de tarifa, «no se está pensando en un modelo energético de futuro».
El presidente de la APPA, José Miguel Villarig, dijo en una entrevista por radio que «la dependencia energética es el gran problema de España» y reprochó al gobierno haber elaborado las medidas a espaldas del sector.
Las asociaciones de renovables argumentan que la reforma contradice la directiva europea 2009/28/CE de abril de 2009, que fomenta la energía limpia y propone mejorar la eficiencia energética en un 20 por ciento para 2020.
Por eso, Anpier se propone «ir hasta el final» y llevar la reforma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Madrid también quiere imponer el «peaje de respaldo» por el excedente de energía que produzcan generadores de electricidad para consumo propio. Esto es como poner «un impuesto al sol», penaliza el autoconsumo y por lo tanto disuade de producir energía en casa a través de fuentes limpias, indica Barrera.
En una carta dirigida al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el partido político EQUO insta a descartar ese peaje, contemplado en el borrador de Real Decreto de Autoconsumo Eléctrico.
La reforma energética también tiene repercusiones en el empleo del sector renovable.
«El gobierno ha blindado el mercado del autoconsumo donde existe un gran nicho», dice a Tierramérica el sindicalista Juan Carlos Martín, representante de los trabajadores de Isofotón, empresa malagueña de placas fotovoltaicas.
La firma, en concurso de acreedores, despidió «sin indemnización» a 354 trabajadores, casi la mitad de su plantilla.
Según Martín, las fábricas de placas solares «van al colapso» si el gobierno no impulsa el autoconsumo en lugar de «ponerle todas las barreras posibles en favor de los oligopolios de las petroleras y el gas».
