Pese a los esfuerzos del gobierno dominicano por enfrentar la situación de adolescentes embarazadas y violadas, en ocasiones hasta por familiares cercanos, la realidad se escapa de las manos y toma linderos inimaginables, escribe Mercedes Alonso (SEMlac) desde Santo Domingo.
Los casos se multiplican y la Fiscalía de esta capital recibe unas 15 denuncias cada mes de jóvenes en edades que oscilan entre los 11 y los 16 años. En la mayoría de los actos los padres no solo conocen, sino que reciben remuneración de los victimarios.
Una menor de 13 años, cuya vida peligra por presentar un embarazo de seis meses, nada menos que de trillizos, es atendida en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, ubicado en Santo Domingo, Distrito Nacional.
Según trascendió a los medios de prensa, la muchachita fue abusada por un hombre de 60 años «que le hacía regalos para convencerla y llevaba comida a sus padres, de quienes se considera amigo y les ayuda con múltiples ´favores´». La familia vive en extrema pobreza, en Los Corozos de San José de Ocoa, al suroeste del país.
La dirección del centro de salud decidió dejarla ingresada, pues presenta un alto nivel de desnutrición; en tanto que el sexagenario se halla prófugo, después que el Ministerio Público ordenara su arresto.
Parte de un fenómeno…
El pasado 23 de septiembre, la ginecóloga forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, María Jacqueline Fabián, aseguró a la prensa que detrás de cada hecho conocido se esconden otros 10, «como parte de un fenómeno que debe ser enfrentado con políticas públicas e intervenciones integrales».
Añadió que «el problema no es solo de justicia, hay que trabajar en el sistema educativo, con las familias, toda la sociedad, las juntas de vecinos y el sector salud».
Otra realidad que ha conmovido la opinión pública es el caso de la condena de Agustín Comas Inoa, el 19 de septiembre, hallado culpable de violar sexualmente a su hija de siete años bajo duras amenazas.
El expediente acusatorio revela que Comas había sido sorprendido por la madre, en momentos en que obligaba a la niña a practicarle sexo oral en su vivienda, del sector Villa Consuelo, en esta capital.
Tras exámenes médicos, la forense certificó que la pequeña presentaba hallazgo en la región anal compatible con la ocurrencia de penetración.
Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo condenaron a 20 años de cárcel, por pena tipificada en la ley 136-03, sobre los Derechos del Menor.
Entre otras denuncias está la del padre de una menor de 12 años, violada por un soldado raso de la Policía Nacional, de 22 años de edad, quien negó el hecho alegando que «la infante sabía lo que hacía». El progenitor pidió al Ministerio Público tomar cartas en el asunto y declaró que el autor del hecho, apellidado Zorrilla Vásquez, intimidaba a su hija, «con su arma de reglamento».
Aplicar el peso de la ley
La Procuraduría General de la República integró a unos 92 dirigentes comunitarios al Sistema de Mediación y Conciliación de Conflictos, a fin de fusionar a la familia, hospitales y escuelas en acciones que observen y denuncien estas violaciones.
«Nos está preocupando la gran cantidad de niñas embarazadas por adultos, lo que constituye una violación, pues esas infantes no tienen ningún tipo de discernimiento. Vamos a trabajar duro para que no haya conciliación», aseguró el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y sentenció que el Ministerio Público aplicará todo el peso de la ley.
Jeremuy Freehill, funcionaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), declaró el 9 de agosto, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, que unas 27.000 jóvenes entre los 15 y 19 años están en estado de gestación o ya experimentaron el proceso. Llamó a invertir para prevenir desafortunados embarazos.
El 19 por ciento de las muertes maternas relacionadas al embarazo, parto y posparto en República Dominicana ocurren entre las adolescentes, lo que representa 18 por ciento de las causas de deserción escolar, según datos de la UNFPA, publicados en el portal digital Noticias Sin, el 10 de agosto de 2013.
