El sábado 25 de agosto de 2018, en el primer aniversario del éxodo masivo de cerca de 700 000 rohinyás a Bangladesh –que es hoy el mayor campo de refugiados del mundo-, huyendo de la persecución en Birmania, miles de refugiados de esta comunidad musulmana se manifestaron pidiendo justicia.
Una niña Rohinyá muestra la tarjeta de identidad con nacionalidad birmana expedida por las autoridades de Bangladesh (he ocultado sus datos) y que se ven obligados a tener todos los Rohinyás residentes en sus campos de refugiados. Si bien esta tarjeta le da derecho al reconocimiento de su estatuto de refugiada, no le permite salir del campo ni dirigirse hacia ningún otro punto del país, en donde se encuentra transitoriamente hasta que algún día pueda ser reconocida su nacionalidad. Aunque ella nació en el estado Birmano de Rajine, el gobierno Birmano rechaza reconocer su ciudadanía, lo que le otorga la singular condición de ser una apátrida.
Los exiliados rohinyás, cuyo drama ha sido calificado por Naciones Unidas de “limpieza étnica”, se amontonan en inmensos campamentos en la región de Cox’s Bazar, en el sudeste del país
“Pedimos justicia a la ONU”, se leía en las pancartas enarboladas en el campo de refugiados de Kutupalong, presididas por una banderola gigante: “Nunca más. Jornada de conmemoración del genocidio de los rohinyás”. En la frente de muchos manifestantes, bandas con la leyenda: «Salvad a los rohinyás».
El 25 de agosto de 2017, unos ataques de rebeldes rohinyás a varios puestos fronterizos desencadenaron una oleada de represión del ejército birmano contra esa minoría musulmana, que ha tenido como consecuencia el éxodo masivo de la comunidad.
Posteriormente, las autoridades de Birmania manifestaron estar dispuestas a dejarles volver al país y, en enero de 2018, firmaron un acuerdo con Bangladesh que, ocho meses más tarde, todavía no se ha llevado a cabo. Según la información del diario francés Le Monde, hasta la fecha solamente han sido repatriados 200 rohinyás.