Tras la invasión, miles de ciudadanos de la Federación Rusa huyeron a los países vecinos. La prolongación de la guerra y el reforzamiento de las órdenes de movilización militar están obligando a otras vías de escape.
Entre ellas, algunas verdaderamente singulares, como el cambio de sexo.
Desde el principio de la actual fase del conflicto (febrero de 2023), las demandas legales de cambio de identidad de género se han duplicado.
El ministerio ruso de Interior ha informado que esas peticiones legales se acercan al millar desde que empezara la invasión, mientras que en 2020 sólo hubo 432.
Aumentan los jóvenes rusos que entran en contacto con diversas clínicas privadas especializadas, donde pagan entre 380 y 760 dólares para obtener un certificado de cambio de sexo.
Esa transición de identidad sexual debe ser posteriormente convalidada por un comité médico que extiende una certificación oficial de cambio de género que –en principio– debe durar al menos un año.
Según varios medios anglófonos, el Kremlin ha recibido diversas peticiones políticas de medios institucionales o cercanos al poder para restringir dicha posibilidad de cambio de género.
La Duma (parlamento ruso) debate con urgencia una proposición de ley que introduce cambios legales: a partir de ahora, el cambio de género en los documentos personales no sería posible sin una intervención quirúrgica previa.
Las mayores dificultades legales que habría para cambiar de género de hoy en adelante serían también coherentes con elementos decisivos del discurso oficial del presidente Vladimir Putin: su defensa de los llamados valores familiares rusos y su perspectiva estrictamente patriótica.
Según el diario conservador británico The Telegraph, el ministro Konstantin Chuichenko confirmó el 24 de abril que la intención oficial es confirmar jurídicamente los valores tradicionales de Rusia.
El ministerio de Justicia ruso ya anunció preparativos para aceptar los cambios de género en los pasaportes.
«Quienes no tuvieron tiempo para huir se han lanzado a algunas clínicas para recibir ayuda para escapar. No estamos ante una laguna legislativa», ha dicho la diputada Nina Ostanina, «sino ante un vacío educativo generacional».
En 1993, Boris Yeltsin firmó una ley que despenalizaba las relaciones homosexuales; pero los obstáculos y retrocesos en el avance de los derechos a la libertad sexual se han ido sucediendo en los últimos años.
También azuzada desde las instituciones y el poder gubernamental, la homofobia está muy extendida social e históricamente.
La criminalización de los homosexuales aumenta de nuevo, entre otros fenómenos por la influencia política creciente de la Iglesia Ortodoxa, amparada por el Kremlin. En diciembre de 2022, el presidente Vladimir Putin firmó una nueva ley prohibiendo todo lo que las autoridades identifican como propaganda LGTBI.
