En Sierra Leona, miles de niñas embarazadas, excluidas de las escuelas regulares y de las pruebas académicas que tendrán lugar próximamente, corren el riesgo de quedarse atrás mientras el país se recupera de la crisis del ébola, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy, 6 de noviembre de 2015.
El documento, titulado Shamed and blamed: Pregnant girls’ rights at risk in Sierra Leone, revela que la prohibición, confirmada por el gobierno en abril de este año y aplicada en ocasiones mediante exámenes físicos vejatorios, no sólo estigmatiza a unas 10.000 niñas, sino que amenaza con destruir sus oportunidades de vida para el futuro. Puesto que hay pruebas académicas previstas para el 23 de noviembre, Amnistía Internacional pide a las autoridades que levanten la prohibición de inmediato.
“Excluir a las niñas embarazadas de las escuelas regulares y prohibirles presentarse a pruebas académicas cruciales es discriminatorio y tendrá consecuencias desastrosas. La educación es un derecho, y no algo que los gobiernos puedan quitar arbitrariamente como castigo”, declaró Sabrina Mahtani, investigadora de Amnistía Internacional sobre África Occidental.
El 2 de abril, el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología emitió una declaración por la que se prohibía a las niñas embarazadas asistir a “instalaciones escolares”. La justificación esgrimida para la adopción de esta política –a saber, proteger a las “niñas inocentes” de malas influencias– sólo sirve para reforzar el estigma mediante un discurso que atribuye culpa y deshonra a las niñas embarazadas.
Amnistía Internacional ha documentado que en algunas escuelas esta prohibición se aplica dispensando un trato humillante y degradante a las niñas. Se ha sometido a niñas a registros y exámenes físicos degradantes. En algunos casos, el profesorado ha palpado los pechos y el estómago de las niñas para “comprobar” si estaban embarazadas. En otros, la escuela les ha exigido que hagan pruebas de embarazo.
Amnistía Internacional ha entrevistado a 52 niñas, algunas de las cuales afirmaron temer que las acusasen de estar embarazadas, mientras que otras describían la humillación que sintieron al ser sometidas a exámenes físicos.
Una chica de 18 años contó a Amnistía Internacional que el profesorado hacía comprobaciones en todas las alumnas antes de dejarlas presentarse a una prueba académica:
“Nos palpaban los pechos y el estómago para ver si estábamos embarazadas. A algunas chicas las obligaron a hacer análisis de orina. Una de las profesoras llevaba guantes mientras nos examinaba. Sentí mucha vergüenza cuando me tocó a mí. Muchas chicas se fueron porque tenían miedo de que las profesoras descubriesen que estaban embarazadas. Se quedaron sin hacer las pruebas académicas unas 12 chicas embarazadas”.
Aunque la forma en que se “comprueba” si las niñas están embarazadas no es parte de la política del gobierno, la práctica es ampliamente conocida. Amnistía Internacional pide al gobierno que emita directrices urgentes para prohibir que se dispense a las niñas este trato humillante y degradante.
A finales de octubre de 2015 se pusieron en marcha clases alternativas temporales para alumnas embarazadas, financiadas hasta julio de 2016 por países donantes, principalmente Irlanda y Reino Unido.
El gobierno afirma que más de 3000 alumnas embarazadas se han acogido a este mecanismo, pero las clases se imparten en centros diferentes o en horarios distintos a los de sus compañeras y a las niñas embarazadas se les sigue prohibiendo presentarse a las pruebas académicas. Expertos locales también han criticado esta medida por la ausencia de elección y por el efecto estigmatizador que tiene la exclusión permanente de la enseñanza regular.
Amnistía Internacional insta a que la asistencia al sistema alternativo, que ha de tener la misma calidad y contenidos, sea opcional para las niñas que no deseen seguir en el sistema de enseñanza regular.
Algunas de las niñas entrevistadas por Amnistía Internacional afirmaron que están a favor del sistema alternativo, pero otras querían ir a la escuela con sus compañeras. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno y a los donantes que conviertan el sistema alternativo en una opción voluntaria para aquellas niñas que no deseen continuar en la enseñanza regular.
El año pasado, al propagarse la crisis del ébola, las escuelas de Sierra Leona estuvieron cerradas entre junio de 2014 y abril de 2015, en el marco de las medidas de urgencia destinadas a reducir los índices de contagio. Durante ese periodo aumentaron los embarazos de adolescentes. Muchos de esos embarazos fueron el resultado de que se vulneraran ciertos derechos, por ejemplo, de que no se protegiera a las niñas de la violencia sexual. Debido a las cuarentenas y la saturación del sistema de salud, las niñas no pudieron acceder a servicios de apoyo o asesoramiento sobre salud sexual y reproductivo para protegerse de embarazos precoces o no deseados. La educación sexual en las escuelas es limitada y se eliminó del plan de estudios tras la guerra, hace más de 10 años.
En 2004, acabada la guerra civil, la Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó al gobierno que pusiese fin a la práctica de excluir a las niñas embarazadas de la educación. La Comisión calificó esta práctica de “discriminatoria y arcaica”.
“En Sierra Leona, las niñas embarazadas cargan con la culpa y la deshonra. Se les niega la oportunidad de avanzar y de lograr que el embarazo precoz no sea el hecho que marque sus vidas para siempre”, dijo Sabrina Mahtani.
“En un momento en que Sierra Leona se recupera de la crisis del ébola, las niñas embarazadas con las que hablamos expresaron su deseo de ayudar a construir el país. Muchas querían ser enfermeras, médicas o abogadas, profesiones muy necesarias en Sierra Leona. A menos que se revierta su exclusión de la enseñanza regular y que se levante la prohibición que les impide presentarse a las pruebas académicas, el sueño de estas niñas no se hará realidad.”
