Douglas Cuc Cruz, de 32 años, ingresó a la sala judicial sonriente, igual que cuando contaba chistes a cambio de unas monedas en los autobuses del municipio guatemalteco de San Miguel Petapa. Pero esta vez no llevaba maquillaje ni su nariz de payaso, y caminaba con las manos esposadas detrás de la espalda, escribe Louisa Reynolds (IPS) desde Guatemala.
Había pasado un año y medio desde su última visita a la casa de su exesposa, Evelin Pacheco García, con el pretexto de que le llevaba algo para la hija de ambos, de 10 años. Los vecinos relataron que la noche del 25 de julio de 2012 escucharon gritos y luego un silencio total. A la mañana siguiente, hallaron el cadáver de la joven madre al pie de las escaleras.
Cuc Cruz fue llevado luego a la escena del crimen y trató de hacerles creer a los investigadores que su exesposa se había caído, pero el cuerpo mostraba señales de estrangulamiento y contusiones.
Con base en la evidencia forense, el historial de violencia que había marcado la relación y los testimonios de los vecinos y otros testigos, el Ministerio Público lo acusa del delito de femicidio en un juicio que lleva adelante un novedoso tribunal especializado en violencia contra la mujer.
Este hombre, que de día se dedicaba a hacer reír a los pasajeros, de noche se transformaba en un tirano que golpeaba habitualmente a Pacheco García, de 26 años, quien trabajaba a tiempo completo para mantener el hogar.
Aunque finalmente la joven se separó, su esposo continuó con las agresiones y las amenazas de muerte. Pacheco García había denunciado este acoso ante las autoridades, y en tres ocasiones solicitó medidas de protección, que le fueron concedidas. Pero, como narró al tribunal su madre entre sollozos y aferrada a una fotografía, nada de eso alcanzó para impedir la tragedia.
Pacheco García fue una de las 708 mujeres que murieron de manera violenta en Guatemala en 2012, según estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que registra para el primer semestre de este año 403 nuevas muertes, 66 más que en el mismo período del anterior.
El Sistema de Integración Centroamericana y el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica ubican a Guatemala como el país con mayor cantidad de asesinatos de mujeres en la región.
Justicia con enfoque de género
La primera audiencia del juicio contra Cuc Cruz se llevó a cabo el 15 de este mes en el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer del departamento de Guatemala, donde se asienta la capital del país.
Este tribunal conformado por tres juezas es producto del avance logrado en la materia por Guatemala, que en 2010 se convirtió en el primer país en todo el mundo en crear órganos jurisdiccionales especializados en femicidios y otras formas de violencia contra la mujer.
La Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, que impuso la creación de los tribunales, fue aprobada en 2008 como respuesta a la ola de asesinatos.
Entre otras cosas, establece medidas preventivas, figuras penales y mecanismos de penalización que buscan garantizarles a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia física, psicológica, sexual, moral o patrimonial.
Estos tribunales especializados existen hasta ahora en los departamentos de Guatemala, donde también hay salas de distintas instancias, Chiquimula, Quetzaltenango, Huehuetenango y Alta Verapaz, que sumados concentran la mayoría de las muertes violentas de mujeres en el país.
Según estadísticas proporcionadas a IPS por el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, en los tribunales ordinarios solo 7,5 por ciento de los casos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer resultan en una sentencia condenatoria, mientras que en las cortes especializadas la cifra supera ya 30 por ciento.
La clave del éxito ha sido el abordaje de la violencia desde una perspectiva de género, analizando cada caso en un contexto de inequidad, discriminación y misoginia, dijo a IPS la jueza Ana María Rodríguez, presidenta del tribunal que juzga a Cuc Cruz.
En el caso de Pacheco García, por ejemplo, el Ministerio Público y la Fundación Sobrevivientes, la cual actúa como querellante en representación de la familia de la joven, están tratando de demostrar cómo las acciones de su exesposo habrían denotado un fuerte machismo, ya que consideraba a la víctima un objeto de su propiedad.
Con la excepción de dos jueces en Quetzaltenango, los casos que entran a estos tribunales especializados son atendidos por magistradas, quienes fueron capacitadas en temas de género y justicia por la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial.
Además, estos tribunales cuentan con una psicóloga, una trabajadora social y guarderías donde permanecen los niños mientras las madres declaran, para que la dificultad de encontrar quién cuide a sus hijos no inhiba su participación en el proceso.
Angélica Valenzuela, directora del Centro de Investigación, Capacitación y Ayuda para la Mujer, indicó a IPS que los tribunales especializados han tenido un impacto positivo, pero advirtió que aún no operan en todo el país y que los casos que llegan a estos han debido pasar por el filtro de los juzgados de primera instancia, los cuales se encargan de calificar el delito y no tienen contacto directo con las víctimas.
Tener fiscales que sustenten bien los casos es tan importante en la persecución de un delito como contar con tribunales especializados en temas de género, sostuvo la jueza Miriam Méndez de Blanco, integrante del Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer del departamento de Guatemala.
Para esta magistrada, una de las falencias es que «la prueba testimonial sigue siendo la prueba reina», lo cual denota debilidades en el uso de otros tipos de evidencia, como la forense.
Como recalcó a IPS la directora de la Fundación Sobrevivientes, Norma Cruz, «la meta es cero muertes y cero impunidad», y todavía queda mucho por hacer para que se convierta en una realidad.
Enlaces:
