Un pueblo indígena amazónico no contactado, cuya existencia acaba de ser confirmada, corre ya el riesgo inminente de ser aniquilado, mientras las autoridades brasileñas hacen la vista gorda.
La presencia de este pueblo fue verificada recientemente por una expedición oficial. Sin embargo, su territorio no se está protegiendo, y está cerca de una zona a lo largo del río Purús, en la región occidental de la Amazonia, donde muchos colonos no indígenas viven, recogen alimentos del bosque, pescan y cazan.
Otros grupos no contactados en el colindante estado Amazonas ya han sido masacrados en los últimos años al parecer por madereros que operaban ilegalmente en su selva, así como por narcotraficantes.
Además del peligro de un ataque violento, cualquier encuentro con foráneos expondría a este pueblo indígena a enfermedades como la malaria o la Covid-19 frente a las que no tienen inmunidad. Ambas están extendidas en la región.
Un equipo de trabajadores del Departamento de Asuntos Indígenas del Gobierno brasileño, Funai, visitó la zona entre agosto y octubre de 2021 y encontraron pruebas concluyentes de la presencia de este pueblo indígena no contactado: refugios de caza, cestos hechos a mano, cazuelas y arcos. También escucharon a algunos de sus miembros hablando en las proximidades.
Se sabe muy poco de ellos, más allá de que son un pueblo cazador-recolector y podrían sumar varias decenas de personas.
El silencio de la central de Funai
El equipo de protección de Funai en la región envió un informe a su sede en Brasilia en el que solicitaba que se tomaran acciones inmediatas, como la emisión de una Ordenanza de Protección Territorial (OPT) para proteger la región habitada por este pueblo, la creación de una base para que el equipo pueda vigilar y proteger la selva, la implementación de un “cordón sanitario” para evitar la propagación de enfermedades y la presencia continuada de un equipo para recabar más información con el fin de reconocer a este pueblo y su territorio. Sin embargo, la oficina central no respondió a su petición y ha ignorado dos peticiones urgentes posteriores para que se adopten medidas de protección.
Fiona Watson, directora de Investigación y Campañas de Survival, ha declarado que la organización «está profundamente preocupada por el incumplimiento criminal de Funai de su obligación legal de proteger a este pueblo tan vulnerable, y la selva de la que depende». Además, asegura que esta es la última de una serie de acciones recientes que demuestran «hasta qué punto la dirección de Funai está sometida a la agenda genocida del presidente Bolsonaro», y que la historia reciente de Brasil hace patente que, a menos que las autoridades actúen inmediatamente, todo un pueblo indígena no contactado será condenado a muerte, y otra parte vital de la diversidad humana desaparecerá para siempre.
Por su parte, la Federación de Organizaciones y Comunidades Indígenas del Medio Purús (Focimp) ha emitido un comunicado en el que declaran que sienten una enorme preocupación y enfado por la situación de sus hermanos no contactados del río Memoriá, afirmando que el riesgo de su genocidio es cierto, como consecuencia de la demora en la actuación de Funai Brasilia.
Igualmente, se muestran indignados, porque les parece que es inaceptable que Funai no haya hecho nada en cinco meses, poniendo en riesgo a los no contactados. Dicen saber el peligro que corren los no contactados por las enfermedades y los invasores, y por cualquier contacto con foráneos, que podría llevar a su aniquilación.
