Más de doscientas personas fueron abatidas en ejecuciones extrajudiciales por fuerzas policiales de Venezuela en lo que va de 2021, y la persecución contra «enemigos internos» alcanzó a activistas humanitarios, señala un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La abogada portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, indica que, además, han recibido informes de que funcionarios públicos siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuentas por ejecuciones ilegales.
En la actualización oral que presentó ante el Consejo en Ginebra, Valiñas recordó un informe previo, de septiembre de 2020, en el que se señalaban 110 casos de detenciones arbitrarias de disidentes políticos y militares, a quienes se les violaron derechos humanos, y dijo que desde entonces se han agregado 36 casos más.
Deploró que hace unos días, el presidente (Nicolás) Maduro se dirigió al Consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central, pero mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión.
El Estado dijo en su respuesta pública a nuestro informe emitido en septiembre que investiga más de seiscientos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades estatales. Hemos solicitado que nos proporcione más información sobre estas investigaciones, dijo Valiñas.
Entretanto, continúa la represión contra quienes son percibidos como «enemigos internos», un concepto que cada vez parece ser más amplio y se está extendiendo a la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de garantías fundamentales, según Valiñas.
Entre las ejecuciones extrajudiciales figura el caso de La Vega, populosa barriada del suroeste de Caracas en la que una operación con centenares de agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, el 6 de enero 2021, resultó en la muerte de hasta veintitrés individuos, según medios locales.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido reiteradamente la disolución de las FAES.
Otro tema es el de los disidentes u opositores presos o enjuiciados bajo régimen de libertad vigilada, como los exparlamentarios Gilberto Sojo y Juan Requesens, y el periodista Roland Carreño.
Valiñas manifestó su preocupación por los detenidos en los centros de inteligencia militar y civil, y agregó que continuará investigando las denuncias de tortura y tratos y penas crueles, así como las nuevas acusaciones de actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas.
Los retrasos en los procesos a los opositores presos causan daños graves y en algunos casos irreparables, y Valiñas citó el caso del indígena Salvador Franco, de la etnia pemón, del sureste del país, fallecido en enero tras más de un año en prisión preventiva, y quien no recibió atención médica adecuada durante ese cautiverio.
La jurista mostró preocupación por la creciente persecución a activistas humanitarios y organizaciones no gubernamentales, mientras el gobierno endurece los requisitos para el registro, financiación y funcionamiento de esas oenegés, dijo.
El hostigamiento se tradujo en noviembre en la detención, en Caracas, de Roberto Patiño, director de Alimenta la Solidaridad, una red de comedores para ancianos, y en enero en la de cinco activistas de Azul Positivo, una ONG que trabaja con pacientes de VIH/sida en Maracaibo, principal ciudad del occidente.
Añadió que desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 más de veinte personas fueron detenidas por «compartir información o criticar la respuesta del gobierno» sobre el tema.
Finalmente, recordó que el gobierno sigue sin permitir la entrada en el país a la Misión (formada por ella, el chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils), y afirmó que negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de quienes están en riesgo.
