Amnistía Internacional ha hecho públicas unas primeras observaciones al finalizar una visita aVenezuela en las que señala que «la negación casi obsesiva de las autoridades venezolanas de que la emergencia económica implica una crisis humanitaria en el país, la falta de autocrítica y el empeño por no solicitar ayuda internacional están poniendo las vidas y derechos de millones de personas en alto riesgo».
La delegación de Amnistía Internacional habló con autoridades públicas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, abogados y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos en Caracas, Guarenas y en el estado de Táchira en la frontera con Colombia. Muchas personas hablaron de la falta crónica de productos alimenticios esenciales y medicamentos mientras el país enfrenta una de las peores crisis económicas en décadas.
«Las políticas obstinadas están afectando seriamente millones de vidas. La combinación letal del severo desabastecimiento de comida y medicinas, combinado con los altísimos niveles de criminalidad, persistentes violaciones de derechos humanos y políticas que se enfocan en asegurar que las personas no se quejen en vez de responder a sus pedidos desesperados de ayuda, es la receta perfecta para una catástrofe épica», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
«Se ha acabado el tiempo para la política mezquina. El Gobierno del presidente Maduro, la oposición, empresarios, gremios y la comunidad internacional deben participar de manera urgente de un diálogo para identificar e implementar mecanismos innovadores, eficaces y no discriminatorios para llevar ayuda vital a las millones de personas que la necesitan. Todos los actores políticos deben dejar sus propios intereses en la puerta de entrada y pensar en las personas que deben ayudar».
«Si aquellos en el poder no dan un giro completo en la forma en la que están abordando esta dramática crisis, la que ya es una situación extremadamente seria se va a convertir en una pesadilla inimaginable», señala Erika Guevara-Rosas.
Desabastecimiento de alimentos
La escasez de alimentos y otros productos básicos ha aumentado en todo el país en los últimos meses.
En un intento por mitigar la alta tasa de inflación, el gobierno mantiene un sistema de precios “regulados” para un número de productos básicos incluyendo harina, arroz, pasta, aceite y papel higiénico, entre otros. Estos productos son vendidos a precios considerablemente más bajos en negocios privados y supermercados estatales. A la gente se le permite comprar una vez por semana, de acuerdo a su número de identificación nacional.
Sin embargo, decenas de personas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que los productos a precios regulados muchas veces no están disponibles, forzándolos a buscarlos en el mercado negro, a precios prohibitivos.
El sueldo local promedio es de aproximadamente entre 30 y 60 dólares por mes (dependiendo en la tasa de cambio que se utilice). Un kilo de harina se vende en el mercado no regulado en aproximadamente 2 dólares, un litro de leche casi 2 y un kilo de pasta unos 3,50. El azúcar y los productos de higiene son muy difíciles de conseguir.
Cientos de personas son forzadas a hacer filas frente a los supermercados desde la madrugada para asegurar que pueden acceder a los productos, aunque nunca saben qué estará disponible.
Esperanza, una abuela de 59 años de la ciudad de Guarenas, a 30 minutos de Caracas, dijo a Amnistía Internacional que había estado haciendo fila por cinco horas y que todavía no había logrado comprar nada: «Hace un día y medio que no como nada. Si no puedo comprar algo hoy, voy a ir a la cama sin cenar, otra vez. Voy a tener que hacer que mis nietos duerman temprano así no me piden comida».
Varias personas le dijeron a Amnistía Internacional que habían disminuido drásticamente la cantidad de comida que consumen y que su principal fuente de nutrición eran las arepas (tortillas de harina de maíz).
Doctores en hospitales públicos en Guarenas y San Cristóbal comentaron a Amnistía Internacional que han visto un aumento en casos de desnutrición, pérdida de peso y estrés agudo causado por la falta de alimentos.
Una maestra de jardín de infantes dijo que hay niños que son enviados a la escuela sin nada más que un mango, lo que está afectando seriamente su capacidad de aprender.
El hambre y la desesperación también están poniendo a muchas personas en peligro en un país conocido por sus altos índices de violencia policial. Jenny Ortiz, una madre soltera de 42 años, fue asesinada por perdigones el 5 de junio cuando un policía le disparó a corta distancia durante un operativo policial para controlar a un grupo de personas concentradas cerca de galpones de depósito de productos alimenticios en San Cristóbal, Táchira. La hija de Jenny le dijo a Amnistía Internacional que cuando su mamá escuchó los disparos desde su casa cerca del lugar de los hechos, corrió para buscar a su hijo de 16 años, quien se encontraba fuera.
«No hay ninguna excusa para que la gente pase hambre en Venezuela. Si la falta de alimentos es causada por incompetencia de funcionarios o por individuos inescrupulosos, es tiempo de cambiar las recetas que no están funcionando», dijo Erika Guevara-Rosas.
Desabastecimiento de medicamentos
La crisis económica, la deuda externa y las altas tasas de inflación significan que Venezuela no puede importar medicamentos, la materia prima para fabricarlos ni insumos hospitalarios básicos sin apoyo de las escasas divisas del Estado. Un número de profesionales de la salud que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que la falta de medicamentos está teniendo un efecto devastador sobre su habilidad de tratar a pacientes y salvar vidas.
Doctoras en un hospital de Guarenas dijeron que usualmente les falta solución fisiológica, antibióticos y medicamentos para tratar a pacientes con epilepsia. Drogas para tratar enfermedades potencialmente letales como el cáncer y el VIH son casi imposibles de conseguir.
Según Datanalisis, una encuestadora venezolana, el desabastecimiento de alimentos y medicinas puede llegar hasta el 80 %.
Javier es un profesor universitario de 33 años. Su papá, de 73 años de edad, fue dado de alta de una clínica privada en la ciudad de San Cristóbal el 23 de mayo de 2016. Javier le mostró a Amnistía Internacional una carta en la que el doctor a cargo de su padre decía que tenía un tipo de cáncer avanzado y que la clínica no tenía la medicina que necesitaba, porque no estaba disponible en Venezuela. El padre fue dado de alta debido a la escasez de medicamentos y murió unos pocos días después.
Javier sufre de una condición cardíaca que también requiere de medicinas que no están disponibles en Venezuela: «Me quedan 18 pastillas. Cuando se acaben, no sé qué voy a hacer. En Venezuela cuestan poco más de 5 dólares por mes pero ya no están disponibles. En este momento, si te enfermas en Venezuela, te mueres», dijo, mientras le caían lágrimas por el rostro. «No sé si voy a llegar al mes que viene vivo».
Mal uso del sistema de justicia
Venezuela es hogar de algunas de las ciudades más violentas del mundo – el promedio de homicidios es de 58 por 100.000 habitantes de acuerdo a cifras oficiales. Grupos locales, incluyendo el Observatorio Venezolano de Violencia, dicen que el número es mucho más alto, 91 por 100.000. La proliferación de armas ilícitas solo hace que el problema sea peor.
En este contexto, el sistema judicial de Venezuela ha sido culpado por ser incapaz de abordar el tema del crimen y enfocar sus recursos en criminalizar a aquellos que se atreven a levantar la voz contra las políticas del gobierno.
El sistema judicial ha sido muy cuestionado por su falta de independencia e imparcialidad – los jueces, por ejemplo no tienen puestos permanentes y pueden ser removidos en cualquier momento por las autoridades, lo que socava la función fundamental que debe desempeñar.
Las protestas anti gubernamentales a lo largo del país en 2014 terminaron en enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden público, dejando un saldo de 43 personas muertas, cientos de heridos y decenas de personas encarceladas. Hasta el momento solo se han abierto dos investigaciones penales.
Los abogados que representan a muchos de los activistas encarcelados dijeron que a dos años de sus arrestos, muchos continúan sufriendo tras las rejas, encarcelados junto a criminales violentos y sin haber sido sentenciados. En algunos casos, los abogados de los activistas y sus familiares han sido hostigados e intimidados en un intento por detener su trabajo.
Rosmit Mantilla, un diputado, activista LGBTI y preso de conciencia de Amnistía Internacional, fue detenido en 2014. Fue acusado de incitación pública e intimidación, obstrucción de una carretera pública, incendio provocado, provocación de daños y conspiración para cometer un crimen en el contexto de las protestas que tuvieron lugar entre febrero y julio de 2014. Su juicio se basó exclusivamente en una declaración de un individuo no identificado que dijo que Rosmit Mantilla había recibido fondos para financiar las protestas, pero no hay ninguna evidencia de esto y sus derechos a un juicio justo y proceso debido han sido violados.
Los abogados de quienes fueron encarcelados por motivos políticos también se quejaron de las demoras excesivas en los procesos contra sus clientes y de las barreras que les previenen de representar a sus clientes de manera efectiva, incluyendo las barreras al acceso de los expedientes, visitas a las prisiones y el acceso a toda la evidencia que se presenta en los juicios.
«Venezuela es hogar de un sistema de justicia cuya independencia e imparcialidad está altamente cuestionada. Las autoridades deben asegurar que el sistema de justicia no es utilizado para hostigar defensores de derechos humanos, y deben liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia», dijo Erika Guevara-Rosas.
La abogada Raquel Sánchez, que representa a un número de manifestantes encarcelados, ha sido objeto de una campaña de intimidación y ataques para que detenga su trabajo.
Más recientemente, la noche del 6 de junio, mientras viajaba en el coche con el abogado Oscar Alfredo Ríos Santos, tres hombres encapuchados los atacaron brutalmente. Los hombres golpearon el parabrisas del auto donde viajaban y golpearon a Raquel en la cabeza, lastimándola.
Venezuela no tiene un sistema institucionalizado para proteger efectivamente a defensores de derechos humanos, incluyendo periodistas, abogados y jueces que reciben amenazas o cuya vida corre peligro por el trabajo que desarrollan.
«El Gobierno del presidente Maduro y la Asamblea Nacional deben entablar un diálogo inmediatamente para buscar formas efectivas de abordar las necesidades urgentes de todas las personas en Venezuela, incluyendo acordar un sistema para solicitar cooperación internacional. El diálogo debe tener como base la plena protección y respeto de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación», dijo Erika Guevara-Rosas.
«Las autoridades también deben urgentemente reconocer y respetar la legítima labor de quienes defienden los derechos humanos, abogados y periodistas y promover los mecanismos para protegerlos de forma efectiva y asegurar que pueden desempeñar su labor en un ambiente seguro y propicio».
