Tras producirse el secuestro del periodista de Notisur Gregorio Jiménez de la Cruz, Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) reitera la exigencia de los familiares, de medios y periodistas de Veracruz y de todo el país, para que las instituciones de seguridad del gobierno federal y del Estado pongan todos los recursos a su alcance para encontrarlo con vida.
La empresa Olmeca Multimedios, editora de Notisur, comunicó el miércoles 5 de febrero que ese mismo día se lo habían llevado con rumbo desconocido. Ante la noticia, aumentó la preocupación por el ejercicio de la prensa y los periodistas de Veracruz, porque allí se concentran los mayores indicadores contra el periodismo de todo el país.
De 2009 a 2013 se han registrado 132 agravios, que representan más del 10% del total (1.240) de las reportadas por la organización Artículo 19. Los asesinatos denunciados en ese periodo por distintas fuentes a nivel nacional fueron 68, de los cuales 14 (el 20%) ocurrieron en Veracruz. Y de las 18 desapariciones de periodistas registradas del 2000 a la fecha, cuatro sucedieron allí (22%). No queremos una quinta desaparición, aseguran en CDP.
El secuestro y los datos también son indicadores de que las instituciones de Veracruz, particularmente el Gobierno del Estado, han sido rebasadas y tienen que reaccionar para atajar de una vez por todas al medio ambiente de hostilidad contra el ejercicio del periodismo.
Como consecuencia, Casa de Derechos de Periodistas ha solicitado al gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, y al Congreso del Veracruz, que demuestren que tienen la suficiente voluntad política para hacer todo lo necesario a fin de que el periodista secuestrado aparezca con vida y se castigue penalmente a los responsables.
A la vez, les insta a promover una ley específica de protección de derechos para el ejercicio, o en su caso adicionar la ley 586, a fin de que convierta en Mecanismo de Protección Integral a la actual Comisión Estatal. Se trata de que tenga más facultades para promover garantías y seguridad frente a amenazas, y para tutelar los derechos de los periodistas en contra de quienes los vulneren, sean patrones, servidores públicos o quien sea.
Por último, pide promover una adición al Código Penal del Estado para declarar como delincuentes a quienes obstruyan, impidan o atenten contra periodistas y medios, y contra la libertad de expresión de comunicadores y otros trabajadores de medios informativos. En su opinión, se debería instaurar una fiscalía especial para atención de los delitos contra la libertad de expresión “que realmente funcione”.
