«Desde hace un par de años es que se ve esta violencia de manera acelerada» menciona José, quien pidió no dar su apellido por miedo a las represalias que puede enfrentar en Monte Sinaí, un populoso barrio de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, informa Carolina Loza (IPS).
José, un venezolano de 45 años, llegó buscando mejores días en Ecuador en 2019. «Se podía vivir, justo, pero se podía vivir» recuerda.
Para José, Ecuador brindaba una oportunidad de tranquilidad y contar con una vida que le permitía cubrir sus gastos y sacar a sus tres hijos adelante, algo que ya no podía hacer en su natal Venezuela. Empezó su vida en uno de los asentamientos de este sector del oeste de Guayaquil, que también es el principal puerto del país y uno de sus dos polos económicos, junto con Quito, la capital.
José se pausa antes de contar a IPS: «En los últimos dos años, la violencia aceleró, es imposible vivir».
La violencia a la que se refiere José ha convertido a este país sudamericano en uno de los más violentos de América Latina y del mundo. Y las observaciones angustiadas de José coinciden con el análisis de diferentes organizaciones y especialistas.
La posición geográfica del Ecuador, entre dos productores de cocaína, Colombia y Perú, lo convirtieron en un espacio estratégico para la distribución de droga a través del océano Pacífico.
La demanda del narcotráfico, la paulatina devastación económica y la agudizada debilidad política exacerbada en 2023 con la disolución de la asamblea nacional y la convocatoria a unas elecciones anticipadas, abonaron el fortalecimiento de bandas criminales, que empezaron a asentarse en Ecuador como parte de la cadena del tráfico de la cocaína y otras drogas.
La creciente corrupción institucional permitió a estas bandas infiltrarse en la policía y el sistema carcelario, facilitando que los líderes criminales presos convirtieran a las instalaciones carcelarias, pensadas para la rehabilitación social, en sus centros de operaciones y expansión.
En la lucha de estas bandas por ganar control, en el 2021, se registró la primera masacre dentro de un centro penitenciario a gran escala en Ecuador, algo que se volvió rutinario, a medida que la violencia se incrementaba.
Desde hace años en Ecuador, ya existía una coordinación de las organizaciones criminales contra el Estado, según Renato Rivera-Rhon, analista de crimen organizado y seguridad. «Las cárceles son un entorno de oportunidad para el crimen organizado en el Ecuador», aseguró en una entrevista con InSightCrime, una organización especializada en las actividades delictivas.
Rivera-Rhon menciona que las redes dentro de las prisiones facilitan el dialogo, y los lideres de bandas cuentan con abogados dentro de la red, lo cual indicaba la existencia de una red de acuerdos mínimos entre bandas del crimen organizado.
José recuerda como pasó de ser vendedor ambulante afuera de las escuelas en Guayaquil con una jornada sin mayores contratiempos, a ser víctima de extorsiones, llamadas localmente vacunas.
Monte Sinaí fue una de las primeras zonas donde los moradores y dueños de comercios se convirtieron en víctimas de vacunas en Guayaquil, al tener una presencia de bandas criminales, aunque nadie de los moradores consultados por IPS quiere señalar al grupo que mantiene control de esta zona y nunca hacen referencia del mismo por el nombre de la banda criminal.
La modalidad de la extorsión varía dependiendo del negocio y es un cobro que puede ser semanal, mensual o en el caso de José, diario. «Uno de ellos (miembro de banda criminal) merodeaba cuando yo me ubicaba a vender afuera de las escuelas y fijándose, en cuanto vendí, me cobraba, un tercio de lo que ganaba ese día», recuerda José.
«No se puede vivir así. No lo dejan hacer nada, no se puede sobrevivir», se lamenta.
Uno de los tres hijos de José también fue víctima de extorsiones cuando instaló una venta de comida rápida, sobre todo hamburguesas.
Amigos de José le contaban que cuando se montaban en los autobuses del transporte público, se subían personas a pedir una «colaboración», que en realidad era otra manera de extorsión, por un dólar, un monto que debían tener en cuenta sobre el costo del pasaje, de 0,35 dólares.
«Uno prefiere no subirse, porque no cuenta con la plata para pagar un dólar en cada viaje», dice una amiga de José que prefirió no ser identificada.
Monte Sinaí es un asentamiento en acelerado crecimiento, una ciudad dentro de otra ciudad la califican algunos demógrafos, donde un gran número de personas viven de la economía informal.
De hecho, Ecuador, un país con unos diecisiete millones de habitantes, tiene más de 50 por ciento de su población económicamente activa trabajando de manera informal.
El crecimiento de las bandas se afianzó en Ecuador de manera paulatina, en zonas pobres como Monte Sinaí, y su presencia y control se volvió explosivo durante los últimos dos años. Amenazas de bomba, detonaciones esporádicas, panfletos donde las bandas amenazan a personas o grupos como poblaciones migrantes y el incremento en robos fueron manifestaciones del control violento ejercido por esas agrupaciones.
Se trata de fenómenos delictivos que se extendieron por todo el país, en una escalada que ha llegado al caos en algunos momentos, como sucedió el 9 de enero.
Ese día se produjo la toma de un canal de televisión por parte una banda criminal en Guayaquil, amenazas de bomba en varias ciudades del país y tiroteos cerca de entidades judiciales, lo que llevaron al gobierno a declarar un estado de conflicto armado interno ese mismo día.
Esa figura del estado de excepción que permite la acción conjunta de los militares y la policía en las calles y las cárceles, bajo la premisa de que el Estado está en conflicto con grupos armados delictivos.
Rivera-Rhon destaca que el 9 de enero se pusieron en evidencia las alianzas de bandas criminales con el alcance y coordinación del caos en el país y el miedo provocado a la población.
Acota cómo «desde la lógica de la capital, existe un monopolio de la fuerza, pero no sucede lo mismo en zonas rurales, donde hay abandono total del Estado».
El especialista en criminalidad menciona como en localidades de la frontera con Colombia, ya existía un orden social impuesto por grupos armados que «generó un contagio a otras zonas del país» y se pregunta si el Estado tiene el control de ejercicio de la fuerza en otras zonas del país y barrios en ciudades como Guayaquil.
Para Carlos Carrión, secretario de la Fundación Desaparecidos en Ecuador, el abandono del Estado se ha dado desde hace décadas. Residente de Jaramijó, un puerto pesquero aledaño a la ciudad portuaria de Manta, por años ha liderado las peticiones para repatriación de pescadores presos en Estados Unidos por transporte de droga.
Carrión menciona la falta de respuesta a nivel estatal y el crecimiento del control de redes de narcotráfico que reclutaban pescadores, sin ningún control de las fuerzas armadas. «A nadie le parece importar desde hace años, y mire donde llegamos» comentó Carrión a IPS por teléfono desde Jaramijó, a unos 190 kilómetros al norte de Guayaquil.
Para el ecuatoriano Lorenzo, de 46 años, la violencia del 9 de enero no fue algo nuevo. Ya en 2023 tuvo que desplazarse de Guayaquil al puerto de Posorja, después de que fue víctima de robos y su pequeño negocio no logró sobrevivir.
«Afuera de la tienda había cuatro tipos en moto, de lejos, me sacó una pistola ni como irse, pues yo tenía una mochila, donde mi teléfono cargaba. Mi reloj y plata que siempre cargo, unos veinte o cuarenta dólares. Todo se lo llevaron», dice Lorenzo, quien con esfuerzo había establecido una pequeña tienda de alimentos y otros productos en Monte Sinaí.
Narra a IPS que «me dijeron: sácatela (vete) de aquí. Se fueron rápidamente, después de dar dos vueltas en la misma calle». Fue el último episodio de violencia y extorsiones que aguantó en Guayaquil y el que le decidió a cerrar su negocio y buscar trabajo en Posorja, un pequeño puerto pesquero a 113 kilómetros de distancia.
«Yo vivía aquí, ya mejor. Yo tenía mi mensualidad (ingresos de la tienda), pero tuve que ir dejando la casa en Monte Sinaí, para irme a alquilar a Posorja», cuenta durante una de las últimas visitas dominicales al barrio para visitar a amigos y revisar la casa ahora vacía.
Uno de sus hijos lo acompaña en su retorno a Monte Sinaí el domingo que IPS lo entrevista, Carlos, de veintiún años, mientras sus otros dos hijos mayores también se han ido a vivir fuera del barrio.
El mayor miedo de Lorenzo antes de abandonar Monte Sinaí era que algo les pasase a sus hijos. Incluso consideró emigrar en 2022, cruzando el Tapón del Darién, después de escuchar gente que logró traspasar esa peligrosa jungla panameña y llegar a Estados Unidos.
Tanto José como Lorenzo vivían temerosos por el impacto que podía tener en sus familias la violencia y el recrudecimiento de la inseguridad.
Para José, la violencia durante el 2023 en el sector «aumentó en 70 por ciento» y hasta el momento, según sus antiguos vecinos, a Monte Sinaí siguen sin llegan las Fuerzas Armadas a pesar de declararse el estado de Conflicto Interno y ser una zona notoria por la violencia que sufren los residentes.
José mantiene contacto con sus antiguos vecinos, una comunidad que lo recibió y con la que siempre estará agradecido.
«Yo quiero al Ecuador, me recibió bien, pero era invivible la situación», dice desde Quito, la capital, donde ahora se dedica a la venta ambulante de dulces en los semáforos. A finales de enero, José decidió migrar a Quito y ver la posibilidad de establecerse en esta ciudad, que siente más segura.
Con buena parte de las escuelas de Monte Sinaí con los ciclos de clases presenciales cerrados por la violencia, José no tuvo alternativa al quedarse sin fuente de ingresos y sujeto de continuas amenazas, cuenta a IPS durante un nuevo encuentro en Quito, que lo separa 430 kilómetros de su antigua vida.
Su hijo mayor vendió los insumos de su emprendimiento de comida rápida y regresó a Venezuela, mientras sus dos hijos adolescentes siguen en Guayaquil, esperando que su padre termine de establecerse.
Lorenzo ya no regresa más a Monte Sinaí, cuenta días más tarde de su encuentro con IPS por teléfono desde Pasorga, porque tanto él como su hijo Carlos recibieron nuevas amenazas. Esta buscando alternativas para establecerse en la provincia de Manabí, también costera y afectada por la violencia, aunque en menor nivel que la de Guayas, de la que es capital Guayaquil.
José encuentra algo de consuelo en estar en Quito y poder salir a la calle con un poco más de tranquilidad y cita a un amigo que se quedó en Guayaquil para afirmar: «Es que allá, faltaba que nos cobren por respirar».
