El 2 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la No Violencia, designado por Naciones Unidas como tal en referencia al natalicio de Mahatma Gandhi, un hombre con un aporte histórico sumamente significativo a la cultura de paz.
Pero México no puede celebrarlo, porque enfrenta una crisis de derechos humanos manifiesta en la inestimable cifra de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, homicidios; en la persistencia de la tortura y otros tratos inhumanos y crueles; en las detenciones arbitrarias, el abuso a migrantes, y en la situación que viven los defensores, y los periodistas.
Desde que el pasado mes de julio se supo de la ejecución de 22 personas a manos del ejército, se han sucedido una serie de acontecimientos que dejan patente el hartazgo de los ciudadanos. Al final, tras las primeras negativas oficiales en relación con la autoría, al ejecutivo (el propio gonernador, Euriel Avila, declaró que los actos fueron “legítima defensa” de los militares) no le ha quedado más remedio que detener a algunos de los participantes en lo que ya está reconocido como una ejecución extrajudicial. No hace ni una semana que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) confirmó la detención de un oficial y siete soldados.
Constatar que el “supuesto” acto cometido por quienes deberían defender a los mexicanos era, una vez más, una realidad, volvió a indignar a los ciudadanos, quienes hiceron salir humo de las redes sociales denunciando su hartazgo y reclamando justicia. Para Ricardo Monreal ex gobernador de Zacatecas, lo de Tlataya evidencia “la existencia de escuadrones de la muerte oficiales prohijados por el Estado y por las autoridades”.
Los ecos de la violencia en la llamada tierra caliente (Micoacán y Tamaulipas) seguía dejando un reguero de ejecuciones, supuestamente, entre grupos de narcos, y como consecuencia de los enfrentamientos con las fuerzas del orden, pero quedaron perplejos cuado se supo de la muerte del diputado del PRI, partido en el poder, Gabriel Gómez Michel. Fue asesinado la madrugada del 23 de septiembre y su cuerpo fue hallado calcinado en un vehículo en el poblado Apulco, en el sur del Estado de Zacatecas: ¿empezaban a “caer” políticos? Porque este caso no era aislado. En menos de dos años de la administración del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, han sido asesinados también el secretario estatal de Turismo, José de Jesús Gallegos Álvarez, una semana después de la toma de posesión del mandatario (1° de marzo de 2013) y el alcalde de Ayutla, el panista Manuel Gómez Torres (en agosto de 2014).
Así el ambiente, la intervención de la policía en el conflicto de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Estado de Guerrero, el pasado 26 de septiembre, ha desatado las protestas masivas no ya sólo de los estudiantes de otros centros, sino de varias universidades y de organismos de derechos humanos. En esta ocaión, perdieron la vida seis personas, entre ellas un menor de edad y tres estudiantes, 20 personas resultaron heridas (un joven se encuentra con muerte cerebral) y más de 40 personas se encuentran desaparecidas. Hasta el momento se encuentran en condición de desaparecido 43 estudiantes, de entre 17 a 25 años, incluyendo aquellos que fueron detenidos por la policía municipal y que no fueron puestos a disposición de una autoridad competente.
Si bien se han consignado a 22 elementos de la policía municipal por su probable responsabilidad en los homicidios, para la organización TDT (Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 74 organizaciones de 22 Estados) “es apremiante la localización de los estudiantes desaparecidos”. Porque se temen nuevos casos de tortura y “desapariciones”.
Nuevo León
En el Estado de Nuevo León, la violencia social lacera gravemente las vidas de miles, millones de víctimas en el país, según denuncia Cadhac (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos). Esto queda patente en las desapariciones de personas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, femicidios, trata de personas, tortura en detenciones y al interior de los centros penitenciarios, así como en la violencia familiar que este año ha llegado a números sin precedentes, donde, además de las mujeres, las niñas y niños resultan gravemente afectados, siendo un sector en suma indefensión.
Al día de hoy, esta asociación tiene registradas más de 1.200 personas desaparecidas desde 2009 y 223 víctimas de tortura (desde 2012), delitos perpetrados tanto por las autoridades como pofr la delincuencia organizada.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, hasta agosto de este año había 9.695 denuncias en el Estado.
Los presos, en huelga de hambre
La población reclusa también está “hasta la madre”, como dicen los mexicanos. Impulsados por un sentimiento de rebeldía y un declarado rechazo y verdadero repudio a todos los mecanismos de control, entre ellos el sistema penitenciario, los presos anarquistas y “libertarios”, como se autodenominan, quienes se consideran “secuestrados por el Estado mexicano” han decidido ejercer una de las pocas herramientas de lucha de las que dicen que disponer desde su encierro: la huelga de hambre. Se ha producido el miércoles pasado, a diez meses del secuestro de Fernando Bárcenas y a nueve del de Amelie, Carlos y Fallon, todos ellos del mismo grupo.
Dicen que el Estado busca formar ciudadanos dóciles y serviles para mantener su establecido “orden social” y poder así sustentar la estructura de producción capitalista “que solo benéfica a la clase dominante”. Las prisiones tienen un papel primordial en la configuración de estos buenos ciudadanos, aseguran. Por ello, rechazan la supuesta función reintegradora que la prisión puede traer a sus vidas, pues no solo no la consideran útil, sino que es ampliamente perjudicial.
Declaran la huelga de hambre indefinida, “sin petición o demanda alguna”. Y aclaran que no buscan mejoras en la cárcel o en sus condiciones, simplemente “se trata de desconocer su función en nuestras vidas”, actuando de manera coordinada y solidaria.
Hay muchos otros presos políticos que claman justicia, como Mireles (José Manuel Mireles Valverde), líder de las autodefensas de Michoacán, detenido por no plegarse a las “necesidades” de pacificación gubernamental. O Nestora Salgado, coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, en el Estado de Guerrero, quien lleva más de un año encarcelada. Fue detenida por miembros de la marina y la policía estatal, y la mantienen en aislamiento en una cárcel de máxima seguridad. Su delito: denunciar los abusos de los gerifaltes de la zona. Cinco días antes, Nestora había ordenado la detención del síndico del pueblo, Armando Patrón Jiménez, sospechoso de dos asesinatos y robo de ganado.
Quien sí ha visto atendidas su reclamaciones es Enedina Rosas, líder campesina y sus compañeros. Junto con Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, fue detenida en abril por oponerse a la construcción de un gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM), al pie del volcán Popocatépetl, y al proyecto carretero Arco Poniente, en Puebla. Esta mujer, ya sexagenaria, ha estado internada en un hospital las últimas dos semanas porque padece una obstrucción pulmonar crónica, y acaba de ser trasladada a su casa, donde seguirá en calidad de detenida.
En cuanto a Juan Carlos Flores, podría salir en libertad entre el martes y miércoles de la próxima semana, según lo acordado entre las organizaciones sociales y el gobierno del Estado. Abraham Cordero, quien durante los últimos 20 años ha mantenido una lucha social desde la región de la Sierra Nevada, a favor de los sectores más marginados, ha conseguido la libertad mediante fianza.
Según el Comité Cerezo, solo en el periodo comprendido entre 2002 y 2008 fueron encarcelados 1.373 activistas sociales por motivos políticos en el país, siendo Oaxaca, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Chiapas, las entidades en cuyos penales se concentraron más de mil detenidos. El estado de Veracruz aparece en el lugar número 11.
Bravo por la valentia de esta periodista al sacar a la luz este trabajo con toda su cruel realidad, de un pobre México explotado y donde el pueblo trata de cambiar su triste futuro. Gracias Conchita