Tras años de presión, sobre todo por parte de la sociedad civil, y en especial de los sindicatos y asociaciones de periodistas, la Comisión Europea ha publicado una propuesta de directiva para proteger a los denunciantes o alertadores de asuntos de corrupción.
Hablamos de denunciantes que –especialmente- nos indican los manejos de quienes se enriquecen mediante negocios ilícitos y delitos financieros. Y no hay que olvidar que hay una correlación evidente entre el aumento de los índices de pobreza, por un lado, y el enriquecimiento ilícito y la corrupción por otro.
Hervé Falciani en una rueda de prensa en BarcelonaAsí que hay que estimar ese primer paso hacia la aprobación de una directiva comunitaria que ampare a los “lanceurs d’alerte” (como se dice en francés) o “whistleblowers” (en inglés). Hasta ahora, muchos de esos denunciantes de la corrupción sufren represalias legales e intimidación de varias clases en estados que consideramos democráticos. Así lo dice un comunicado reciente de la Federación Europea de Periodistas. La fragilidad legal de gente como Hervé Falciani, refugiado en España y a quien detuvieron de nuevo recientemente, es un buen ejemplo.
“La propuesta de directiva enfatiza el importante papel de los denunciantes como fuente de los periodistas y del periodismo de investigación. Permite al sector cumplir su papel de vigilancia (o de perro guardián, si se quiere). También confirma la necesidad de proteger suficientemente a los denunciantes para sostener la libertad de expresión y el derecho público a la libertad de los medios y al acceso a la información. Resulta crucial permitir a los ciudadanos formarse una opinión de esos asuntos de actualidad. También les permite participar en el debate político y ejercer mejor sus derechos democráticos”, dice el la Federación Europea de Periodistas.
El papel de los denunciantes y de los filtradores de prácticas de corrupción económica y política, resulta sustancial para que los periodistas puedan ofrecer información de peso a la ciudadanía. Es un deber ciudadano oponerse al establecimiento de bloqueos legales que –bajo el pretexto de que hay defender la discreción de los negocios- impulsan la espiral que favorece a los corruptos.
Los centros de poder financiero y empresarial que sostienen que hay que prohibir determinadas realidades expuestas por el periodismo de investigación no pueden prevalecer, ni ampararse en ninguna ley. El daño social es demasiado grande. También es un peligro inmediato para la libertad de prensa.
Según la organización Xnet, miembro de la coalición europea Whistleblower-EU, la noticia “es particularmente relevante para España donde, tal y como hemos denunciado en varias ocasiones se está tramitando una ley trampa, la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, apoyada ingenuamente por algunas organizaciones de alertadores, absolutamente por debajo de los estándares internacionales e incluso peligrosa para los alertadores/denunciantes”. El arresto reciente de Falciani y su liberación consecutiva ilustran hasta qué punto no hay una disposición firme que proteja a quienes señalan los esquemas de la gran corrupción financiera.
Según señala la Federación de Sindicatos de Periodistas, “la proyectada Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que está tramitando (en España) es considerada por muchas organizaciones una ‘ley trampa’ que está por debajo de los estándares internaciones e incluso puede ser contraproducente”.
Según el primer vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, la UE aspira a establecer unas ciertas garantías mínimas para que los denunciantes no sufran castigos laborales, ni tampoco procedimientos penales, por indicar o por convertirse en testigos de delitos y prácticas antisociales de unos pocos.
La Federación Europea de Periodistas, la Unión Europea de Radiodifusión y los editores agrupados en News Media Europe suscriben el mismo comunicado con la siguiente conclusión: “Creemos que algunos delitos y actos inmorales son tan graves que la opinión pública tiene derecho a saber de ellos, con independencia de los mecanismos por los que se informe de los mismos”.
Días antes, una resolución del Parlamento Europeo (del 19 de abril) había pedido también medidas para proteger a los denunciantes y a los periodistas que investigan esos órganos y prácticas de la corrupción internacional. Dicha resolución fue aprobada semanas después de que dos periodistas de la Unión Europea, el eslovaco Ján Kuciak, y la maltesa Daphne CaruanaGalizia, fueran brutalmente asesinados por ejercer su oficio.
Con frecuencia, y sin llegar a ese nivel, la intimidación se presenta también en forma de querellas legales que quieren atemorizar a los denunciantes, silenciar las fuentes periodísticas y que los periodistas mismos se autocensuren. En tiempos en los que la concentración mediática acecha en todos los países, el peligro es la uniformización del discurso y el silencio ante las prácticas antisociales de sectores económicos y políticos poderosos. Los denunciantes y el periodismo de investigación se convierten así -con frecuencia- en su único freno.
Por eso está bien poder leer que la Comisión Europa considera que “los ciudadanos que revelen actividades ilegales no deben ser castigados por su actuación”.
Intentar penalizar a los denunciantes de la podredumbre es –desde luego- contrario al interés general e inaceptable en cualquier sociedad democrática digna de ese nombre.
